Propiedades en Estados Unidos, confiscadas. Cuentas bancarias en ese país, congeladas. Visa y entrada al territorio, inhabilitadas. Y toda relación con personas o empresas estadounidenses, prohibidas.
Eso es lo que le pasará desde ahora al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que para el gobierno de Estados Unidos es un "dictador".
Así, el Departamento del Tesoro le impuso sanciones por "usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente elegida (…) e imponer un régimen autoritario al pueblo de Venezuela".
Se refieren a la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa del chavismo para reescribir la Constitución y devolver la paz a Venezuela que la oposición y parte de la comunidad internacional desconocen y consideran la "consolidación de un régimen dictatorial" en el país.
Con esto, Maduro entra en una lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, (OFAC), que es más conocida como la "lista Clinton" en referencia al expresidente Bill Clinton, bajo cuyo mandato en 1995 fue creada.
Por ahí han pasado prominentes narcotraficantes y políticos colombianos, están los presidentes de Siria y Corea del Norte y en el último año se añadieron decenas de funcionarios venezolanos, aliados de Maduro y acusados de narcotráfico, lavado de activos y violación de los derechos humanos.
El gobierno venezolano, sin embargo, considera las sanciones "un ataque más del imperio" y la "derecha internacional" contra el proyecto revolucionario.
"Las sanciones para nosotros representan una victoria del Estado venezolano rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente", dijeron.
Y Maduro reaccionó desafiante este lunes: "Sanciones, tomen las que les dé la gana. El pueblo ha decidido ser libre y yo soy el presidente independiente de una nación libre".
Fuera del sistema financiero
La sanción a Maduro y a decenas de funcionarios chavistas no necesariamente significan que Venezuela se vea afectada económicamente o cambie la situación de crisis económica y política que atraviesa el país.
Y es que, aunque desde Washington se ha dicho que contemplan cualquier opción, por el momento el gobierno de Donald Trump se ha abstenido de sancionar al sector petrolero venezolano, lo que sí sería un sacudón inédito en el país.
En la práctica, no obstante, estar en la "lista Clinton" puede ser un dolor de cabeza para Maduro.
No solo en caso de que tenga propiedades y cuentas bancarias en EE.UU., información que el Departamento del Tesoro no dio a conocer.
También porque estar en esa lista dificulta la vida de cualquier persona en el mundo globalizado, donde el sistema financiero está íntimamente ligado a Estados Unidos.
"Piensa en Visa o Mastercard, por ejemplo", asegura Mariano de Alba, abogado venezolano experto en derecho internacional y analista del portal de ideas Pro Davinci.
"Empresas como esas toman la posición conservadora de impedirle transacciones al sancionado y eso, por mucho que tú no tengas dinero en EE.UU., te termina afectado", dice en conversación con BBC Mundo.
Parcialmente aislado
El Departamento del Tesoro prohíbe a toda persona o empresa estadounidense tener transacciones con un sancionado.
Aunque esto no le impide a Venezuela como Estado tener negocios con compañías de EEUU, "es probable que esas entidades se piensen dos veces firmar un acuerdo con un país cuyo presidente está en la lista", dice De Alba.
Venezuela vende 700.000 barriles de petróleo a EE.UU. al día, lo que corresponde a la mitad de los ingresos de divisas al país.
Si bien eso no está en riesgo de momento, el hecho de que Maduro tenga que estar alejado de las negociaciones con el mundo petrolero estadounidense podría entorpecer las operaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
"Y hay que ver qué hacen países cercanos a EE.UU. con los que Venezuela y Maduro tienen vínculos importantes", asegura De Alba.
Colombia, México y Panamá dijeron que respaldarán las sanciones que imponga EE.UU., lo que podría también afectar la relación política y comercial de Maduro con esas naciones.
Otra de las implicaciones que tiene estar en la "lista Clinton" es que la visa estadounidense queda cancelada.
Aunque Maduro, al ser jefe de Estado, tiene derecho por ley estadounidense a viajar a Nueva York para la Asamblea de las Naciones Unidas cada septiembre.
Qué implica en Venezuela
La pregunta es qué consecuencia tienen las sanciones dentro de Venezuela.
"Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que desprecia la voluntad de los venezolanos", dijo el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven T. Mnuchin.
"Al sancionarlo, EE.UU. deja clara su oposición a las políticas de su régimen y su apoyo a los ciudadanos de Venezuela que buscan que su país retorne a una completa y próspera democracia".
La duda es cómo las sanciones a Maduro pueden frenar su actuación política. "El gobierno venezolano va a usar esto políticamente para reavivar el discurso antiimperialista y reforzar la idea de que la crisis económica es gestada desde el exterior", explica De Alba.
"Pero hay que ver si ese discurso sigue teniendo eco en la población venezolana y los simpatizantes del chavismo", añade.
Maduro podrá no tener Visa o Mastercard desde este lunes.
Pero no queda claro cómo eso afianza o debilita su poder ni si las sanciones pueden cambiar el rumbo del gobierno, que parece decidido a seguir adelante con una Constituyente que espera reformar el Estado, reestructurar el sistema judicial y profundizar el sistema socialista.
¿Qué pasa ahora? 4 claves para entender el proceso y las funciones de la Constituyente en Venezuela
Venezuela entra este lunes en una nueva fase política: una Asamblea Constituyente con poderes ilimitados, duración desconocida y con la misión de redactar una nueva Constitución y reformar el Estado.
Este domingo se eligieron a las 545 personas que se reunirán para dar inicio a una nueva era en el país tras 18 años de que el entonces recién elegido presidente Hugo Chávez promoviera una nueva Carta Magna.
Aquel texto supuso el final de la Cuarta República y el inicio de la Quinta.
Pero esta vez el gobierno enfrenta una severa crisis económica y un conflicto político que se ha traducido en más de cuatro meses de protestas, casi 120 muertos y un enfrentamiento directo con la oposición.
El gobierno de Nicolás Maduro cree que la Constituyente es la llave para la paz y el diálogo, pero la oposición no la reconoce por fraudulenta y no participó en la elección; el nuevo suprapoder, aseguran, permitirá al gobierno perpetuarse y acabar con las voces críticas.
La nación petrolera entra en un periodo de incertidumbre y BBC Mundo analiza cuatro incógnitas sobre el complejo proceso.
1. ¿Cuándo y dónde se instala?
Según el reglamento, la Asamblea Constituyente se instalará en el plazo de 72 horas tras la elección.
"Se estima que el 2 de agosto, el 3 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente esté instalada", dijo el presidente Nicolás Maduro en días pasados.
"Es en el lapso de 72 horas, pero pueden ser 20 o 48", dijo este domingo Diosdado Cabello, alto cargo del partido gobernante y desde este domingo, miembro de la Asamblea Constituyente.
No es cuestión menor dónde se instala. Será en el Salón Elíptico del palacio legislativo, en el mismo edificio y justo enfrente del hemiciclo donde sesiona la Asamblea Nacional, el Parlamento, de mayoría opositora.
"Va a ser un pleito visual agudo", dice el analista estadounidense David Smilde, experto en Venezuela, sobre el posible enfrentamiento.
En los últimos diez meses simpatizantes del gobierno irrumpieron de manera violenta en dos ocasiones en el palacio en contra de la bancada opositora.
"Será una señal de los dos gobiernos", dijo a BBC Mundo el diputado opositor Richard Blanco sobre la duplicidad de instituciones.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló las decisiones de la Asamblea, a la que considera en desacato. La Constituyente podría disolver el Parlamento, aunque también podría haber una cohabitación.
El Salón Elíptico tiene un gran valor simbólico y artístico. Algunos la llaman la Capilla Sixtina de Venezuela.
Como si fuera una foto panorámica, sobre la cúpula oval de 26 metros de largo se encuentra la representación pictórica de la Batalla de Carabobo, del pintor Martín Tovar y Tovar.
La propia Acta de Independencia se encuentra allí, guardada en un cofre que sólo se abre una vez al año.
2. ¿Cuánto dura?
Es una pregunta de imposible respuesta en este momento. La propia Constituyente será la que lo decida.
El precedente más próximo es la Constituyente de 1999. Entonces, en tres meses y medio los 131 miembros cerraron el proceso de la nueva Constitución, que se aprobó en referendo poco después.
"Creo que en general, por lo que he escuchado, hay la tesis de que dure un año", dijo en una reciente entrevista con BBC Mundo Hermann Escarrá, uno de los ideólogos de este proceso impulsado por el gobierno.
"Son hipótesis. Pero en realidad eso lo decide la Asamblea Constituyente", dijo Escarrá, que recordó que la Constituyente redactará no solo la nueva Carta Magna, sino "leyes constitucionales" de obligado cumplimiento.
3. ¿Qué va a hacer?
La Constituyente tiene poderes ilimitados y está por encima de cualquier otra institución del Estado, incluido el propio presidente.
Eso hace que sea relevante quién la preside: puede haber una gran diferencia entre si lo hace alguien afín a Maduro, como su esposa, Cilia Flores, o si lo hace alguien que esté dispuesto a imponer su criterio por encima del jefe de Estado, como por ejemplo Diosdado Cabello.
El artículo 349 de la actual Constitución establece que los poderes constituidos "no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente" y que el presidente de la república no podrá objetar la nueva Constitución.
Maduro, que interpretó que no era necesaria una consulta popular previa para ver si los venezolanos deseaban una Constituyente, como sí sucedió en 1999, propuso un referendo para aprobar la nueva Carta Magna.
Pero de nuevo será la Constituyente la que tendrá la decisión en su mano.
Las funciones ya declaradas son la reforma de la justicia para combatir con mayor dureza el "terrorismo", término con el que el gobierno califica a las acciones de parte de la oposición, y la de un sistema económico completamente dependiente del petróleo, una fuente de ingresos que ya no genera las divisas de antaño.
Maduro y otros líderes del oficialismo que estarán en la Constituyente ya han anunciado la posible disolución del Parlamento, controlado por la oposición, y la reforma del Ministerio Público.
"Ya es pasado", dijo el domingo Jorge Rodríguez, peso pesado del partido gobernante, sobre la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Ortega, que se declara chavista, se ha convertido en el mayor azote del gobierno y se espera que su destitución sea una de las primeras medidas.
Además, se prevé que la Constituyente tome decisiones clave para el avance hacia un Estado comunal que ahonde en el socialismo y revise los acuerdos de empresas mixtas públicas y privadas para la explotación de hidrocarburos,.
4. ¿Y qué va a hacer la oposición?
"Calle, calle y más calle", dijo a BBC Mundo este domingo el diputado opositor Richard Blanco.
La oposición ha emprendido un camino para el que no ve retorno. Seguirá peleando en diversos ámbitos para propiciar un cambio de gobierno, al que considera responsable de la severa crisis económica y al que acusa de haberse convertido en una "dictadura".
No reconoce la Constituyente ni participó en la elección del domingo, pero ahora enfrenta un difícil desafío debido al gran número de disímiles fuerzas políticas que componen la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La próxima semana, de 7 al 9 de agosto, se abre el plazo de inscripción para candidatos a las elecciones regionales, previstas para el 10 de diciembre.
¿Habrá una respuesta unitaria? ¿Habrá partidos que busquen luchar desde la nueva institucionalidad de la Constituyente? ¿Seguirán en la desobediencia civil y en el no reconocimiento de los poderes?
"La fragmentación de la oposición puede agudizarse a partir del lunes", dijo a BBC Mundo el consultor político Edgard Gutiérrez.
La oposición, con el apoyo de numerosos países que desconocen la Constituyente, puede ahondar en proclamar sus propias instituciones, como ya ocurrió al nombrar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y establecer las bases de un gobierno de unión nacional.
Se entraría, en ese momento, en un Estado paralelo que profundizaría la división entre las dos Venezuelas.
Estados Unidos sanciona al presidente Nicolás Maduro y lo califica de "dictador" tras la elección de la Constituyente en Venezuela
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de sanciones en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien además calificó de "dictador" tras las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El comunicado del Tesoro asegura que la ANC "aspira a usurpar de forma ilegítima el rol de la Asamblea Nacional electa democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario sobre el pueblo de Venezuela".
Así decretó que todos los bienes que Maduro tenga en territorios bajo jurisdicción estadounidense serán congelados y que quede prohibido a personas e instituciones de ese país realizar transacciones con el presidente venezolano.
La medida fue anunciada un día después de la celebración de las elecciones para la ANC que debe reformar la Constitución venezolana y que no ha sido reconocida por la oposición y una parte importante de la comunidad internacional.
Y Maduro reaccionó desafiante este lunes diciendo que las sanciones expresan "impotencia, desesperación y odio". "Expresan el carácter del magnate que es el emperador de Estados Unidos", dijo en referencia a Trump.
"Sanciones, tomen las que les dé la gana. El pueblo ha decidido ser libre y yo soy el presidente independiente de una nación libre".
La semana pasada, EE.UU. ya había anunciado una nueva ronda de sanciones contra 13 altos funcionarios de Venezuela por su papel en la organización de la elección a la Asamblea Constituyente, la represión de las protestas y el manejo de áreas clave de la economía.
"Dictador"
Las autoridades estadounidenses afirman que la creación de la Constituyente se produce tras años de esfuerzos de parte de Maduro para debilitar la democracia y el estado de derecho.
Para el gobierno de Estados Unidos, la ANC "representa una ruptura del orden democrático y constitucional de Venezuela".
"El gobierno de Maduro siguió adelante con la ANC a pesar de que los venezolanos y gobiernos democráticos de todo el mundo se habían opuesto mayoritariamente a ello por ser un ataque fundamental sobre las libertades del pueblo de Venezuela", señaló en un comunicado el Departamento del Tesoro.
"Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que desprecia la voluntad de los venezolanos. Al sancionarlo, Estados Unidos deja clara su oposición a las políticas de su régimen y su apoyo a los ciudadanos de Venezuela que buscan que su país retorne a una completa y próspera democracia", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Advirtió que cualquiera que participe en la ANC podría ser objeto en el futuro de sanciones de parte de Estados Unidos, por su papel en el debilitamiento de las instituciones y de la democracia en Venezuela.
Según el gobierno de Estados Unidos, durante la presidencia de Maduro, el gobierno de Venezuela ha violado de forma deliberada y repetida los derechos de los ciudadanos a través de la violencia, la represión y la criminalización de las protestas.
"Bajo su dirección, las fuerzas de seguridad han reprimido sistemáticamente y criminalizado a los partidos de oposición a través de detenciones arbitrarias, el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares y el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes", señaló el Departamento del Tesoro en una declaración de prensa.
"Cualquier miembro de la oposición o crítico del régimen corres el riesgo de ser detenido, encarcelado, atacado, torturado o asesinado", agregó.
El gobierno estadounidense también considera que el Ejecutivo de Maduro ha hecho un mal manejo de la economía y ha generado una corrupción sistemática.
Destacan que pese a ser uno de los países del mundo con las mayores reservas de petróleo, millones de venezolanos pasan hambre "porque el gobierno se niega a importar suficiente alimento para la gente, participa de una corrupción desenfrenada en torno a la moneda y el régimen cambiario; y rechaza los ofrecimientos de ayuda humanitaria".
¿Paz o poder?
Venezuela vive una ola de protestas antigubernamentales que se inició en abril luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos polémicas sentencias en las que asumía temporalmente todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (AN), que está en manos de la oposición y a la que el propio TSJ considera en desacato.
Aunque días después el TSJ suprimió varias partes de los fallos, las manifestaciones continuaron en todo el territorio nacional con un saldo hasta la fecha de, al menos, 110 fallecidos.
A comienzos de mayo, Maduro convocó a elegir una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de que se trata de un mecanismo para recuperar la paz en el país.
La oposición rechazó la propuesta por no haber sido consultada con la población en un referendo previo y porque considera que se trata de una argucia del mandatario para aferrarse al poder.
La Constitución venezolana otorga amplios poderes a la ANC, al punto de establecer que "los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente".
El domingo en la noche, tras conocerse los resultados de la elección calificada de fraudulenta por la oposición, Maduro anunció que la ANC "levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla" y se hará con el mando de la Fiscalía "para que haya justicia".
Se trata de dos acciones que afectarían a dos instituciones críticas con el gobierno: el Parlamento, controlado por la oposición; y la Fiscalía, cuya titular, Luisa Ortega Díaz, denunció la ruptura del orden constitucional en el país.
El gobierno, por su parte, atribuye la grave crisis que vive el país -donde escasean bienes básicos y se registra una inflación de tres cifras- a una "guerra económica" fomentada por la oposición y Estados Unidos.
¿Qué implica que grandes e influyentes países desconozcan la Constituyente de Maduro en Venezuela?
Por un lado, la "fiesta constituyente". Por el otro, la cruda violencia en las protestas opositoras. Y mientras tanto, un pronunciamiento casi unánime de parte de miembros de la comunidad internacional: "Desconocemos la Constituyente en Venezuela".
Este 30 de julio, el ansiado día que el gobierno de Nicolás Maduro celebró sus elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, se dio quizá el golpe internacional más duro que haya recibido la revolución bolivariana en sus 18 años en el poder.
El viernes fue Colombia, pero el domingo se añadieron Panamá, Perú, Argentina,Brasil, México, Costa Rica, Suiza, Chile, España y Estados Unidos a la lista de países que no reconocen los resultados de las elecciones para la Constituyente.
A ellos se suma el rechazo de la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y decenas de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos.
Y está la posibilidad, reportada como un hecho en medios estadounidenses, de que el presidente de ese país, Donald Trump, imponga sanciones económicas a Venezuela, que depende de la exportación de petróleo a Estados Unidos.
No es usual que un país rechace el proceso electoral de otro, pero sí existe la figura de desconocer a un gobierno que se considera ilegítimo y estos pronunciamientos del domingo parecen un paso en ese sentido.
El resultado puede ser que la relación de Venezuela con estos países se rompa, lo que quizá no tenga efectos inmediatos en la política interna del país, pero sí en la economía de una nación que ya sufre una recesión de cuatro años y depende de las importaciones.
Lo que dice el gobierno
El gobierno revolucionario ha llamado las recientes críticas desde el exterior como una nueva injerencia de la "derecha imperialista" en la política local.
Desde el golpe de Estado que sufrió Hugo Chávez en 2002, que el mandatario vio como un ataque auspiciado por Estados Unidos, la revolución ha visto cada reprimenda internacional como un intento de "invadir Venezuela" y hacerse de sus reservas de crudo, estimadas como las más grandes del mundo.
El gobierno, además, mantiene cierto apoyo de importantes potencias como China y Rusia y de decenas de países caribeños, así como de Nicaragua y Bolivia.
Este domingo, el chavismo dijo no estar preocupado por los pronunciamientos en contra.
"Venezuela preside el grupo de Países No Alineados, son dos tercios del mundo", dijo Jorge Rodríguez, influyente dirigente chavista, quien relativizó la importancia de los pronunciamientos.
Y puso el ejemplo del mandatario colombiano Juan Manuel Santos, que en las últimas semanas ha aseverado su posición contra Maduro: "Hoy votó más gente que la que eligió a Santos en Colombia", aseguró.
Diosdado Cabello, otro peso pesado del chavismo, dijo que "lo que pasa es que la comunidad internacional está preocupada de que en sus países se levanten procesos revolucionarios como este".
"En realidad (los que rechazan la Constituyente) son los gobiernos, no los pueblos. En Chile, en Ecuador, en Europa recibí mensajes de apoyo", informó.
"Los gobiernos se ensañan con Venezuela porque acá hay un proyecto distinto", concluyó, resaltando los programas sociales chavistas que según él no hay en otros países.
Los argumentos para desconocer
Con un promedio de un muerto al día en cuatro meses de protestas opositoras, el rechazo hacia el gobierno de Maduro ha ido aumentando en los últimos meses.
Muchos, en coincidencia con la oposición venezolana, creen que la Constituyente puede "consolidar la dictadura" e "ilegalizar la disidencia", profundizando la crisis económica que inició hace cuatro años.
Perú rompió relaciones en abril y este domingo dijo que "esta elección viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo".
Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, aseguró el domingo que las elecciones son "fraudulentas" y "otro paso hacia la dictadura".
Brasil, por su parte, opinó que la Constituyente es un "camino seguro para el agravamiento de la crisis" y una medida "que expone abiertamente la intención de Maduro de perpetuarse en el poder".
Y así, uno a uno, se han ido acumulando los comunicados de países vecinos o importantes socios comerciales que rechazan la Constituyente.
Lo que puede venir
La pregunta es qué implica realmente que un país esté aislado en el mundo globalizado de hoy en día.
Lo primero que habrá que ver, en especial si se producen las sanciones económicas al sector petrolero venezolano, es cómo reacciona el gobierno en su búsqueda de mayor apoyo y acuerdos comerciales con países como India, China y Rusia.
En este escenario muchos ponen el ejemplo de Cuba, que tras el embargo de Estados Unidos impuesto en 1960 vio cómo su economía, sobre todo después de la caída de su mayor auspiciante, la Unión Soviética, se fue al piso y millones de personas cayeron en la pobreza y sufrieron años de escasez.
Pero el aislamiento de Cuba no significó que el gobierno fuera menos popular internamente ni que la estabilidad política se fracturara. Al menos no del todo.
Y, de todas formas, hoy el mundo está más globalizado y los países se ven más afectados por lo que ocurre en el escenario internacional.
En eso, pocos países son como Venezuela, que si bien tiene un gobierno autodeclarado antiimperialista, es profundamente dependiente de lo que ocurre en otras naciones.
El 70% de lo que consumen los venezolanos viene del exterior, el Estado tiene importante activos en el extranjero y el 95% de sus ingresos son de la venta petrolera.
Todos esos vínculos comerciales se ponen en riesgo cuando se rompen las relaciones de Venezuela con otros países.
Más rechazo de la comunidad internacional puede que no acabe con la crisis política y social del país. Incluso puede profundizarla.
Pero también puede conseguir que Maduro se sienta contra las cuerdas y acceda a lo que le piden la oposición y la comunidad internacional.
El mundo, en todo caso, tiene los ojos en Venezuela.
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