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Las acciones de actores del sistema judicial sentenciaron a joven Anibel González



¡Ayuda pidió y el sistema le falló! Todo parece indicar que los actores del sistema de justicia de San Pedro de Macorís se confabularon para que Anibel González estuviera en las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

El análisis de los documentos y actuaciones tanto de fiscales como de los jueces ponen en evidencia el interés de que Yasmil Oscar Fernández Estévez, alias Ray, fuera puesto en libertad tras intentar asesinar a González la noche del 2 de diciembre de 2017. Ray la asesinó el pasado fin de semana, tras obtener la libertad condicional gracias a un acuerdo parcial al que llegó con la fiscalía, mismo que fue acogido por el Tribunal Colegiado.

El Ministerio Público de San Pedro de Macorís no actuó con las debidas diligencias pese a que la fiscal que llevaba el caso, Luz Aurora Almonte, saliera del tribunal y abandonara el proceso por oponerse al acuerdo. Almonte notificó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, así como a la coordinadora de la Dirección de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho y al inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, lo relativo al acuerdo. Villa Camacho y Sánchez son responsables de la investigación ordenada por el procurador tras la muerte de la mujer. El escrito notificado a la Dirección General de Persecución, la Secretaría General de Correspondencia y la Dirección de Violencia de Género en fechas 28 de febrero del año 2019 y que la remitente tituló: “Informe sobre acuerdo parcial en caso de Tentativa de homicidio en caso de violencia de género en San Pedro de Macorís”, también estaba dirigido a Fernando Quezada y Rafael Morales Puello, procurador de la corte de Apelación de San Pedro. La sentencia se emitió el 6 de febrero. La Procuraduría informó ayer que en febrero de 2019 el magistrado Fernando Quezada, director de Persecución del Ministerio Público, ordenó al fiscal Pedro Núñez una exhaustiva investigación sobre el caso.

De acuerdo con la sentencia 340-03-2019 del Tribunal Colegiado, los jueces violentaron el procedimiento y realizaron el juicio de culpabilidad y el de la pena de manera conjunta, el 6 de febrero 2019, cuando el Código Procesal Penal establece que se debe hacer por separado.

El artículo Art. 368 establece que en los casos de acuerdos parciales “concluida la audiencia el juez o tribunal declara la absolución o culpabilidad del imputado, admite la prueba ofrecida, y fija el día y la hora para la continuación del debate sobre la pena”.

Al declararse culpable de intento de homicidio y crimen seguido de otro crimen, cuya pena máxima es 30 años de prisión casos para los cuales no se contempla la realización de acuerdos, el tribunal tuvo conocimiento de todos los actos llevados a cabo por la persona a quien beneficiarían con una condena de 5 años suspendidos a los tres años y medio.

Es en la propia acusación del Ministerio Público en donde se detalla que “el acusado presenta un patrón de conducta violento debido a que la tentativa de homicidio no es un hecho único contra la víctima, ya que según testimonio de la misma víctima Anibel González Ureña, de su padre el Sr. Félix González y de su hermano Ismael González, además de la señora Juliana Altagracia García (a) Tatita, esta última quien además de haber estado en el apartamento de la víctima el día de los hechos, había presenciado en diversas ocasiones episodios de violencia en contra de la víctima por parte del acusado, durante los años que estuvieron conviviendo juntos, inclusive después de poner fin a la relación a mediados del año 2017”.

Los juristas Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Harold Modesto, así como jueces consultados por DL, explicaron que el Ministerio Público podía apelar la sentencia a pesar de que el tribunal falló acogiendo lo que ellos pidieron. Para este caso, explicaron que sería necesario invocar la violación de aspectos constitucionales.

De igual manera, destacaron que la víctima podía apelar la decisión, sin embargo, debido a que en estos tipos de casos las mujeres por miedo desisten del proceso penal, consideran que por eso Anibel González no lo hizo.

“Este caso se llevará hasta las últimas consecuencias; si se establece que los fiscales cometieron irregularidades se adoptarán las medidas correspondientes”


Yasmil Oscar Fernández Estévez usó 15 celulares durante los 18 meses que permaneció en prisión, en intentos por comunicarse con la abogada Anibel González, asediándola durante ese tiempo desde la cárcel de San Pedro de Macorís, hasta el extremo de hacerle hasta 40 llamadas en un día.
El abogado y tío de González, Miguel Ureña, confirmó que Fernández Estévez logró comunicarse con González, incluso cuando ella estaba realizando estudios en la Embajada de República Dominicana en Washington, Estados Unidos.
Además, aclaró que su sobrina nunca firmó el acuerdo que fue avalado por el Ministerio Público para que su verdugo saliera en libertad antes de lo previsto y finalmente la asesinara delante de sus hijas el pasado 30 de agosto.
Fernández Estévez le realizó cuatro disparos a Gonzánlez y posteriormente se suicidó de un disparo en la sien cuando se trancó en el baño de la vivienda.
Los disparos del feminicida-suicida alcanzaron a la víctima en el brazo y el tórax, quien falleció al día siguiente en el hospital Regional Doctor Antonio Musa.
La abogada residía en el barrio Los Maestros de San Pedro de Macorís, donde en diciembre del 2017, el empresario provocó varias heridas de arma blanca a su expareja siendo sometido a la justicia, procesado y por lo que guardaba prisión, de la que había salido hace poco.
Interrogatorios
Miembros de la Inspectoría del Ministerio Público interrogan a la magistrada Luz Aurora Almonte, Pedro Núñez, fiscal titular, y a Rita Margarita Hernández, fiscal actuante del acuerdo que dejó en libertad a Fernández Estévez.
El interrogatorio da inicio a la investigación que ordenó el procurador general de la República, Jean Rodríguez.
En febrero de 2019, la fiscal Margarita Hernández acordó disminuir la pena de Fernández Estévez sin la autorización de la agraviada.
Manifestación
Cientos de manifestantes se conglomeraron ayer frente a la Procuraduría General de la República para protestar por los feminicidios que han consternado a la sociedad dominicana, a propósito del asesinato de la abogada Anibel González y el primer aniversario de la muerte de Andreea Celea.
Movimientos sociales y políticos condenaron el acuerdo arbitrario y sin el consentimiento de González, al que llegaron el ministerio público y el sistema judicial de dejar en libertad a Fernández Estévez.
Bajo los eslóganes “el machismo mata” y “ni una muerte más” dirigentes políticos y sociales anunciaron que cada semana realizaran este tipo de concentraciones hasta el 24 de noviembre, un día antes del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, para finalmente realizar en esa fecha una gran marcha en contra de “la corrupción e impunidad en el sistema judicial que permiten que ocurran ese tipo de hechos”.
En el caso de Celea, Cezara Voicila, hermana de la víctima, denunció que la defensa del presunto victimario de su hermana, Gabriel Villanueva, busca “incidentar el proceso con triquiñuelas jurídicas” ya que a un año de la muerte de la dama todavía no se ha llegado a juicio de fondo.
La muerte de Andreea
Proceso judicial 

Gabriel Villanueva, expareja de Andreea Celea, está acusado de asesinarla al lanzarla desde un octavo piso de un hotel ubicado en el sector Bella Vista de la capital. Por el hecho aún guarda prisión.

Luego de ser atacada salvajemente, con cuatro disparos a “quemarropa”, Anibel González, de 30 años y madre de tres niñas, pudo caminar unos cuantos pasos,  y salir hasta la escalera de su vivienda, agarrándose el pecho para evitar desangrarse por la hemorragia de una de sus heridas.
Ahí se sentó, y comenzó a pedir auxilios a sus vecinos para que no la dejasen morir.
Dentro de la vivienda, en el baño, yacía en un charco de sangre el cuerpo de su verdugo, su expareja Yasmil Fernández Estévez, de 43 años, quien se disparó en la cabeza después de cometer el hecho, y delante de las tres hijas que procreó el matrimonio, en el transcurso de doce años.
Las nuevas huérfanas de la tragedia, que siempre se repite, y que las llevan a ingresar a  las estadísticas de los feminicidios múltiples, tienen 11, siete y cuatro años de edad.
“Ella fue traída con múltiples heridas, la más grave era la del tórax, que entró y salió, hizo un sangrado moderado, se transfundió y no volvió a sangrar. Se mantuvo estable y consciente, pero a las tres de la mañana hizo una hemorragia masiva y murió”, explicó el doctor Guillermo Hernández, director del hospital local, Antonio Musa, donde fueron llevados los dos.
Eso ocurrió después que los vecinos, que escucharon los disparos y la voz de la mujer cuando le decía: “yo te quiero, mira a tus hijas, yo te quiero, no lo hagas por favor”, socorrieran a la abogada y comerciante, quien ya estaba herida de muerte.
El vecino más próximo a la vivienda, una casa de dos niveles, situada en el barrio Los Maestros y a donde González se había mudado hace 18 años, a tal punto que aún conserva el letrero de “se alquila”, narró que junto a otro vecino la pudieron bajar y colocar en la acera, cerca de un “poste de luz, en lo que llegaba el 911”.
“Una vecina salió con un paño y se le puso en la herida del pecho para detener el sangrado y ella no paraba de repetir: no me dejen morir”, dijo el hombre que no quiso revelar su nombre.
El vecino aprovechó la ocasión para quejarse de lo que define como una gran tardanza del sistema de emergencia, ya que tardó aproximadamente 25 minutos en llegar, “ya que en vez de enviar una ambulancia a recogerla ellos no paraban de hacerle preguntas técnicas”.
Las testigos
Las hijas de este matrimonio, que se dedicaba al negocio de la venta de muebles, y que según los propios familiares comenzaron a tener problemas serios hace dos años, y derivó en que el marido apuñalara siete veces a su mujer, y por lo cual fue a prisión, son las únicas testigos de la tragedia.
“Las niñas gritaban espantadas mientras la impotencia me quemaba por no poder hacer nada ya que estaba desarmado”, narró un vecino.
Es que Yasmil Fernández Estévez fue a la casa con el argumento de buscar a sus hijas.
Eran cerca de las cinco de la tarde del viernes y el  hombre regresó unas dos horas después y al parecer una hija le abrió la puerta, lo que aprovechó para penetrar con un arma de fuego y encontró a su víctima en una de las habitaciones, dijeron.
“Llegó con las niñas en brazos, una de cada lado, y las acompañó hasta la vivienda donde la hija mayor de once años de edad le abrió la puerta”, dijo un testigo.
“Él se enfermó con eso. El sistema y ella creyeron en él, pero le falló a la justicia y a la sociedad”, dijo el abogado Julio Mercedes, quien se definió como amigo de la familia, y quien intervino en algunas ocasiones en busca de la solución del caso.
Preguntas sin repuestas

¿Cómo consiguió este hombre un arma de fuego si estaba bajo el régimen de una medida de coerción, que le impedía portarla? Ese es un tema pendiente de las autoridades. ¿Por qué  estaba en libertad, después de estar en prisión por la agresión anterior?
Miguel Ureña, tío de la víctima y como abogado acompañaba a la víctima en el caso anterior, explicó que la misma no “se constituyó en parte civil” tras alegar que “pensaba en sus hijas”.
Narró que el Ministerio Público llegó a un acuerdo con el agresor, del que dijo Gónzalez le explicó que no estaba de acuerdo “porque no era lo que ella había acordado”.
“Realmente ella no se constituyó en actor civil, y eso fue un proceso que fue llevado por el Ministerio Público. El Ministerio público hizo un acuerdo con él de que de los cinco años solo permaneciera en prisión uno y medio y el resto haciendo trabajos comunitarios, firmando y recibiendo asistencia psicológica”, explicó Ureña.
El acuerdo era que él iba a durar un año y cinco  meses preso y después recobraría su libertad  condicionar, con visitas periódicas”, narró.
Consideró que hubo negligencia por parte del Ministerio Público ya que ellos sabían que este era un caso de intento de homicidio y que aunque las partes llegaron a un acuerdo, el Ministerio Público no debió dejarlo en libertad.
Para buscar repuesta a este tema acudimos donde el fiscal titular de esta jurisdicción, Pedro Núñez, pero argumentó que la que llevaba el caso era la unidad de Violencia de Género.
Al hacer contacto con la encargada explicó que esta daría su versión en la ciudad de Santo Domingo, en la Procuraduría General de la Republica, a donde fue llamada.
Sin embargo, Diario Libre publicó que el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís admitió el acuerdo arribado entre Yasmil Oscar Fernández y el Ministerio Público, representado por Margarita Hernández Morales a pesar de que encontró a Fernández culpable de tentativa de homicidio.
Los familiares

El padre de la abogada, Félix González, explicó que su yerno sufría de un trastorno psicológico de bipolaridad por el cual estaba siendo tratado desde que intentó asesinar a la abogada en 2017 de varias heridas con un cuchillo que tomó de la cocina de la casa de la víctima.
Hace dos meses a Fernández se le impuso una orden de alejamiento tras haber quedado en libertad condicional por el intento de homicidio.
Dijo que por tal motivo le aconsejó a su hija durar un tiempo en los Estados Unidos, “hasta que todo pasara”.
Mientras que otro pariente refirió que también intentaron que la mujer acudiera a la ayuda psicológica, pero esta también se negó.
Finalmente el cuerpo sin vida  de la abogada fue llevado a la funeraria La Altagracia en el sector Villa Providencia de este municipio para ser velado y luego darle sepultura este domingo en el cementerio Santa Fe a las 10:00 de la mañana.
Mientras que los restos del agresor-suicida fueron recogidos por sus familiares en la morgue del hospital y trasladados a la provincia de Dajabón, de donde era oriundo.

Muere abogada tras segundo intento de asesinato de su expareja


Falleció la madrugada de este sábado la abogada Anibel González Ureña, quien fue herida de varios disparos por su ex pareja, el empresario Yasmil Oscar Fernández Estévez (Rey), en San Pedro de Macorís.
El deceso de la profesional se produjo en el hospital Regional “Antonio Musa”, según confirmó Guillermo Hernández, director del centro.
Anoche, Estévez se suicidó de un disparo en la cabeza al creer que la dama estaba muerta, hecho registrado en el barrio Los Maestros.
En diciembre de 2017 el empresario de la industria de la mueblería provocó heridas por arma blanca a su ex pareja, por lo que fue llevado ante la justicia y guardó prisión.
Se dijo que el hombre salió hace poco de la cárcel y que tenía una orden de alejamiento de la mujer, por violencia de género.
El doctor Hipólito Medina Morocho, uno de los médicos que dio seguimiento al estado de Anibel González , había informado anoche que la mujer recibió dos disparos en el tórax y otro en uno de los brazos.
El doctor dijo que Anibel González Ureña pudo bajar las escaleras y caminar unos 20 metros con su hijo en brazos hasta los abuelos.

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