Más de medio siglo después de declarar una "guerra a las drogas" que sigue sin ganar, Estados Unidos comenzó a usar el poder de fuego descomunal de su ejército contra presuntos narcos en el Hemisferio Occidental.
El presidente Donald Trump anunció este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque letal en el Caribe contra un barco que, sostuvo, llevaba drogas en aguas internacionales.
El ataque dejó a tres hombres muertos, afirmó Trump y los calificó como "narcoterroristas".
De acuerdo con declaraciones previas del presidente, esta sería la cuarta embarcación atacada por EE.UU. en el Caribe por supuestamente transportar drogas.
El primero de los ataques ocurrió el 2 de septiembre. En esa ocasión, murieron 11 personas en una lancha procedente de Venezuela, según información dada por Trump.
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El gobierno de EE.UU. ha publicado videos en redes sociales de tres ataques que muestran lanchas de motor que explotan en llamas, pero no ha mostrado pruebas de que esos barcos cargaban drogas y criminales.
Algunos críticos aseguran que los militares de EE.UU. están matando así de forma sumaria e ilegal a sospechosos de pertenecer a carteles de drogas latinoamericanos designados como grupos "terroristas" extranjeros por Trump.
Otros sospechan que, al enviar varios buques y aviones de guerra al Caribe para lo que define como una operación antinarcóticos, Trump busca presionar al gobierno de Venezuela, que sostiene que el objetivo de Washington es provocar un incidente e intentar un "cambio de régimen" en el país.
Entre tantas dudas, algo parece cierto: cuando muchos planteaban revisar la vieja estrategia de combate a las drogas por considerarla fallida, Trump ha decidido llevarla a su expresión más literal.
Y esto, según analistas, plantea nuevos riesgos para el continente.
"En América Latina sin dudas representa una escalada considerable" de la guerra contra las drogas, porque los militares de EE.UU. "hacen una aplicación directa e inmediatamente letal de la fuerza", señala John Walsh, un experto de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), un centro de investigación sobre derechos humanos.
"Se trata de un cambio radical y marcado", dice Walsh a BBC Mundo.
"No funciona"
El concepto de una guerra de EE.UU. contra las drogas surgió en junio de 1971, cuando el entonces presidente Richard Nixon declaró que el abuso de sustancias ilícitas era "el enemigo público número uno".
"Para combatir y derrotar a este enemigo, es necesario lanzar una nueva ofensiva sin cuartel", sostuvo Nixon, y pidió apoyo del Congreso para impulsar el esfuerzo "a escala mundial".
Sin embargo, tal objetivo se ha mostrado esquivo.
Sólo el año pasado murieron cerca de 80.000 personas por sobredosis en EE.UU., de acuerdo a estimaciones oficiales.
Más de la mitad de esas muertes fueron por fentanilo, un opioide sintético mucho más potente que la heroína (una de las drogas que Nixon buscaba combatir) y que, a diferencia de esta, puede producirse en un pequeño laboratorio, sin necesidad de cultivos.
Mientras, en América Latina surgieron en las últimas décadas carteles o grupos narcos que obtienen enormes ganancias por enviar drogas ilícitas a EE.UU. y otros países.
Estas organizaciones criminales ganaron poder de fuego y de corrupción hasta volverse amenazas para algunos Estados, que llamaron a sus militares a combatirlas.
Esa política generó a su vez espirales de violencia y abusos de derechos humanos en países como México o Colombia, señalan los especialistas, sin los resultados esperados.
"Hay numerosas pruebas en el mundo de que el uso de la fuerza militar para controlar el tráfico ilícito de drogas no funciona", dice Walsh.
Angélica Durán-Martínez, una experta de la Universidad de Massachusetts Lowell, observa que "las redes del narcotráfico son cada vez más complejas, fragmentadas y extensas".
"Así que incluso si una operación militar debilita a un grupo o a un narcotraficante, su efecto es en el mejor de los casos limitado, y en el peor contraproducente porque puede generar conflictos violentos y dispersar mercados", dice Durán-Martínez a BBC Mundo.
"Los mataremos"
EE.UU. apoyó la militarización de la lucha antinarcóticos en América Latina dando logística, inteligencia, entrenamiento y materiales a otros gobiernos.
Pero hasta este mes Washington evitaba atacar a presuntos narcos en la región con sus propias fuerzas armadas, como lo hizo en las dos décadas pasadas en Afganistán con bombas y al menos US$1.500 millones destinados a erradicar la producción de heroína, sin lograrlo.
Las operaciones marítimas antinarcóticos de EE.UU. en su propio hemisferio interceptaban barcos sospechosos y eran dirigidas por la Guardia Costera con información de inteligencia, a menudo con apoyo de países aliados.
Ahora el gobierno de Trump declara ineficaz esa estrategia al justificar los ataques militares a embarcaciones que a su entender transportan narcóticos ilícitos.
"La interdicción no funciona, porque estos carteles de drogas saben que van a perder el 2% de su carga", afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tras el primer bombardeo a un barco procedente de Venezuela este mes. "Lo que los detendrá es cuando los destruyas, cuando te deshagas de ellos", agregó.
El mismo lunes de esta semana en que el gobierno de EE.UU. anunció otro ataque de ese tipo, sel secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que los "narcoterroristas son enemigos" de su país, porque llevan a sus costas drogas que producen muertes.
"Los perseguiremos, los mataremos y desmantelaremos sus redes en todo nuestro hemisferio, en el momento y lugar que decidamos", agregó en su cuenta de la red social X.
El gobierno de Trump afirma que esta forma de combatir el narcotráfico se ajusta a derecho, pero distintos especialistas advierten lo contrario.
"Aún hay límites legales cruciales sobre cómo el Ejecutivo puede ejercer la fuerza letal. Si el presidente puede ignorar esos límites, las consecuencias son peligrosas y desestabilizadoras tanto a nivel doméstico como exterior", escribió Brian Finucane, un exconsejero legal del Departamento de Estado, en el foro online Just Security.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo el lunes que la lancha atacada ese día estaba en "mar territorial" y negó que Washington tenga "el derecho" de bombardearla aunque llevara cocaína.
"El gobierno de los EE.UU. está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra", dijo Petro.
"Un aviso"
Algunos cuestionan también la eficacia del despliegue naval de EE.UU. en el Caribe, porque distintos informes señalan que la mayoría de la cocaína que llega al país viaja por el océano Pacífico.
Si bien Venezuela es considerada un trampolín internacional para la cocaína proveniente de países andinos y Trump responsabiliza de eso al gobierno de Nicolás Maduro, nada indica que en ese país se produzca fentanilo, como sí ocurre en México según datos de Washington.
Trump dijo el lunes que, tras las acciones militares de EE.UU. en el Caribe, ya "no hay barcos" en la zona. Pero agregó que los carteles usan además rutas terrestres para ingresar drogas a su país y sugirió que estos también pueden estar en la mira.
"Cuando vengan por tierra, los detendremos del mismo modo que detuvimos a los barcos", le dijo a periodistas. "Pero tal vez, al hablar un poco de eso, no sucederá", agregó.
Tras volver a la Casa Blanca en enero, Trump designó a varios carteles mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras", al igual que hizo con el Tren de Aragua, una banda surgida en Venezuela, y con la Mara Salvatrucha o MS-13, una pandilla nacida en Los Ángeles.
Algunos analistas creen que, con los ataques militares a barcos en el Caribe, EE.UU. también intenta presionar al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum para que incremente su ofensiva contra los carteles domésticos.
"No es una estrategia ganadora, francamente, pero infunde miedo en los corazones", evalúa Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico.
"Venezuela", agrega, "es en muchos sentidos un aviso para México, diciendo: 'Tómense esto en serio, porque ustedes pueden ser los siguientes'".
"Quedan advertidos: si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!".
Ese fue el aviso que lanzó el lunes el presidente Donald Trump cuando anunció un segundo ataque en menos de dos semanas contra una embarcación procedente de Venezuela y que presuntamente llevaba a bordo narcóticos con destino a Estados Unidos.
El mandatario aclaró que el operativo, que dejó tres muertos y sigue a otro similar registrado el 2 de septiembre que se cobró la vida de 11 tripulantes, tuvo lugar en aguas internacionales, "en el área de responsabilidad del Comando Sur".
Y este martes puntualizó que hubo una tercera embarcación atacada.
Durante el último mes, EE.UU. ha desplegado una gran operación militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que las autoridades estadounidenses han presentado como una acción antinarcóticos en contra del Tren de Aragua, designada "organización terrorista" por la administración Trump en febrero, y el Cartel de los Soles, una supuesta entidad dedicada al narcotráfico que, según EE.UU., implica a altos oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela y está encabezada por el presidente Nicolás Maduro.
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El gobierno de Maduro niega las acusaciones y acusa a EE.UU. de usar el tema del narcotráfico como una excusa para impulsar un cambio de régimen en Venezuela.
Entre las preguntas que surgen en torno a estos ataques, está la cuestión de su legalidad.
A continuación te explicamos cómo justifican las autoridades estadounidenses las operaciones y qué dicen los expertos consultados por la BBC teniendo en cuenta el marco legal estadounidense y el derecho internacional.
"Guerra" contra el narcotráfico
Fin de WhatsApp
Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Trump ha fijado como una prioridad la lucha contra el narcotráfico y ha prometido disminuir el flujo de drogas que ingresa a EE.UU.
Ya en su primer día en el cargo en enero, el mandatario declaró la emergencia nacional en la frontera con México, lo que le permite desbloquear fondos federales para seguir construyendo el muro limítrofe y desplegar el ejército con el fin de combatir la inmigración irregular y el narcotráfico.
Desde entonces, ha impuesto aranceles a Canadá y México, acusando a ambos países de no hacer lo suficiente para frenar el contrabando transfronterizo de narcóticos, y a China por su supuesta fabricación de fentanilo.
Asimismo, su gobierno designó una serie de entidades, incluido el Tren de Aragua, como "organizaciones terroristas internacionales", argumentando que constituyen una "amenaza a la seguridad nacional". Y más recientemente firmó una orden para que el ejército estadounidense pudiera atacarlas.
Paralelamente, la administración Trump acusa a Maduro de ser "uno de los mayores narcotraficantes del mundo" y líder del llamado Cartel de los Soles, lo cual ha sido refutado por el gobierno venezolano.
El mes pasado, el gobierno estadounidense duplicó la recompensa por información que pudiera conducir a la captura de Maduro, estableciéndola en US$50 millones, mientras la fiscal general Pam Bondi informó de la incautación de hasta US$700 millones en activos supuestamente vinculados al presidente venezolano.
Con sus declaraciones, Trump enmarca los operativos registrados en las últimas semanas contra embarcaciones procedentes de Venezuela en ese combate contra el trasiego de drogas.
"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo ataque armado contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos (...) en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió este martes en su cuenta de la red Truth Social.
El Comando Sur es una de las once unidades de combate unificadas del Departamento de Defensa de EE.UU., responsable de las operaciones y la cooperación de seguridad en América Central, América del Sur y el Caribe.
Aunque bajo la Constitución de EE.UU. es el Congreso el que tiene potestad para declarar la guerra, el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y tanto mandatarios republicanos como demócratas han ordenado en el pasado operaciones militares en el extranjero sin la luz verde del Poder Legislativo.
Ya sea contra grupos designados terroristas como al-Qaeda o militantes considerados combatientes extranjeros como los hutíes en Yemen, presidentes estadounidenses han usado el interés nacional para justificar "incursiones limitadas" más allá de sus fronteras.
Sea como fuere, utilizar la fuerza militar para atacar barcos tripulados marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico, advierten los expertos.
Y es que la práctica usual de Estados Unidos en casos de narcotráfico es la intercepción de las embarcaciones, la detención de los tripulantes y el decomiso de la carga.
Dudas legales
Ante ello, los ataques han recibido numerosas críticas y, según expertos consultados por la BBC, pueden haber violado el derecho internacional.
Uno de los marcos legales a los que hacen referencia es la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Aunque EE.UU. no es signatario de dicha convención, los asesores legales del Departamento de Defensa han dicho anteriormente que este debería actuar de manera coherente con sus disposiciones.
Bajo la convención, los países firmantes se comprometen a no interferir con los buques que operan en aguas internacionales.
Existen excepciones a la regla, aunque limitadas. Por ejemplo, la detención e incautación está permitida cuando el barco en cuestión es perseguido desde las aguas de un país hacia alta mar.
Consultado tras el primero de los operativos, Luke Moffett, profesor de la Queens University de Belfast, experto en reparaciones, derechos humanos y derecho internacional humanitario, le dijo a BBC Verify que "se puede utilizar la fuerza para detener una embarcación, pero generalmente deben emplearse medidas no letales".
Cualquier movimiento de este tipo debe ser "razonable y justificado como necesario en defensa propia, cuando hay una amenaza inminente de lesiones graves o pérdida de vida", agregó el especialista, señalando que las acciones de EE.UU. probablemente eran "ilegales bajo el derecho del mar".
En esa misma línea, la profesora Mary Ellen O'Connell, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, le dijo a BBC Verify que el ataque "violó principios fundamentales del derecho internacional".
"El asesinato intencional fuera de las hostilidades de un conflicto armado es ilegal a menos que sea para salvar una vida de inmediato", dijo la experta.
El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas establece la prohibición del uso de la fuerza entre Estados, pero esta prohibición tiene excepciones, que incluyen la legítima defensa.
El gobierno estadounidese puede alegar que la operación fue en defensa de la seguridad nacional al atacar una embarcación presuntamente operada por una organización que considera como terrorista, como es el caso del Tren de Aragua.
"El hecho de que los funcionarios estadounidenses describan a los individuos que murieron en el ataque estadounidense como narcoterroristas no los transforma en objetivos militares legales", le dijo a la BBC el profesor Michael Becker, del Trinity College de Dublín.
"Salvar vidas"
Mientras, el gobierno estadounidenses argumenta que los barcos en cuestión transportaban narcóticos que "pueden matar" a su población.
"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE.UU", escribió Trump en Truth Social.
"Hundir este barco salvó vidas estadounidenses. A los narcotraficantes y a los narcodictadores les digo que al final recibirán el mismo trato", escribió por su parte el senador republicano Bernie Moreno tras el primero de los operativos.
Sea como fuere, las autoridades ya han advertido que no piensan detenerse.
Tras el primer ataque y sin dar mayores detalles, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, le dijo a la cadena Fox News que los operativos de ese tipo continuarían.
"Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros, y no se detendrá solo con este ataque", afirmó Hegseth.
En agosto pasado, Washington anunció el envío de una flotilla hacia el Caribe que incluye un grupo anfibio con buques de asalto liderados por el USS Iwo Jima (LHD-7), junto al USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17).
También fueron enviados los destructores USS Jason Dunham (DDG-109), el USS Gravely (DDG-107), el USS Sampson (DDG-102) y del crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70), así como varios aviones de reconocimiento P-8, y un submarino de ataque.
A lo que se les sumó los 10 cazas F-35 de última generación destinados a Puerto Rico.
El gobierno venezolano afirmó el sábado que la Armada de Estados Unidos había interceptado el día anterior un barco pesquero y detenido a nueve pescadores durante ocho horas antes de liberarlos.
Y ante el anuncio de un segundo ataque contra una embarcación, Maduro afirmó en una conferencia de prensa: "Hoy, puedo anunciar que las comunicaciones [con Estados Unidos] están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje".
"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", zanjó Trump este martes al ser preguntado por la prensa al respecto a las afueras de la Casa Blanca, antes de abandonar Washington con destino a Londres.
*Con información adicional de Matt Murphy, Joshua Cheetham, Olga Robinson y otros miembros del equipo de BBC Verify.
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