Todo parece indicar que, a menos que ocurra “un milagro”, la Corte Suprema en las próximas semanas anulará la decisión conocida como “Roe v. Wade”, que desde 1973 otorgó el derecho constitucional a que mujeres embarazadas en Estados Unidos tengan la libertad de abortar sin ser penalizadas y con el apoyo necesario.
Y previendo el peor de los escenarios, aunque Nueva York ya cuenta con leyes fuertes que protegen el derecho a que las mujeres interrumpan sus embarazos hasta la semana 24, activistas y líderes políticos no quieren dormirse en los laureles.
Por ello están empujando nuevas medidas en la Legislatura, para garantizar que esa opción siga vigente y protegida en todo el estado, como la creación de un programa que brinde acceso al aborto a las neoyorquinas de bajos ingresos, al igual que a mujeres que se estima viajarán a Nueva York desde otros estados que prohíben el aborto, para practicarse los procedimientos.
Así lo anunció la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, tras abogar por la legislación presentada la semana pasada por la senadora estatal Cordell Cleare y la asambleísta Jessica González-Rojas, que financiara un fondo con $50 millones para otorgarlos a proveedores de servicios de aborto en todo el estado para cubrir gastos no solo en las intervenciones médicas, sino en servicios de cuidado de sus hijos, si los tienen, transporte, y el apoyo que requieran.
“Sabemos lo que sucede cuando las mujeres no pueden controlar sus propios cuerpos y tomar sus propias decisiones y no volveremos a esos tiempos oscuros. Nueva York debe liderar la lucha para mantener el aborto seguro y accesible para todas las que lo buscan”, aseguró la Fiscal neoyorquina, tras referirse al Programa de Libertad y Equidad Reproductiva, que sería supervisado por el Departamento de Salud.
“Esta ley garantizará que los neoyorquinos de bajos ingresos y las personas de los estados que prohíben el aborto tengan acceso a la atención que necesitan y merecen. No importa lo que suceda en las próximas semanas, Nueva York siempre luchará para proteger nuestro derecho a tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos y ampliar el acceso a esta atención crítica que salva vidas”, agregó la Fiscal.
James mencionó que si el Tribunal Supremo pone fin al derecho constitucional al aborto a nivel federal, que el próximo año cumplirá 50 años, Nueva York mostrará de nuevo su espíritu de “ayuda y compasión”, apoyando a las mujeres que no puedan abortar en sus estados, anticipando que habrá una estampida de casos.
De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2019, revelaron que el 9%, es decir, 7,000 de los procedimientos de aborto realizados en Nueva York, fueron entre mujeres de fuera del estado. Y se estima que si se anula la protección “Roe v. Wade”, esa cifra pudiera crecer a más de 32,000 abortos anuales, tan solo entre residentes vecinos de Ohio y Pensilvania que se desplacen a la Gran Manzana y otras municipalidades del estado.
“Queremos estar preparados… Cada persona en esta nación debería tener la libertad de tener control sobre su propio cuerpo”, agregó la Fiscal James en conferencia de prensa, advirtiendo que prohibir los abortos no significa que las mujeres que deseen interrumpir sus embarazos ya no lo harán. “Las prohibiciones no detendrán los abortos. Las prohibiciones solo detendrán los abortos seguros”.
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