En un Estado social y democrático de derecho nadie puede secuestrar el monopolio de los temas susceptible de generar ruptura, ni la iglesia - pues a pesar de nuestra matriz cristiana, somos un Estado laico -, ni los liberales extremos, algunos de los cuales rayan en la anarquía y, actualmente, tampoco el Congreso Nacional, puesto que para temas como este se creó el referendo.
Las causales para el aborto como mecanismo de excepción han dividido a la sociedad dominicana; el aborto como tal, es un crimen contra la vida igual que lo es su prohibición absoluta; no es una cuestión religiosa, es una cuestión legal que debe reglamentar una situación de la sociedad y, por ello, esta debe ser oída, empero ya no desde los medios de comunicación a través de los cuales cada grupo planteó su criterio, sino mediante una consulta.
Abrir las puertas al aborto sin controles sería un desatino, cristiano y legal, pero enterrar la cabeza y pensar que con ello la tormenta pasará, también: Ninguna ley va a eliminarlo, lo único que haría es aumentar el riesgo de las mujeres humildes porque las acomodadas se van a otro país en donde sea legal como durante años hicieron las españolas.
Es cierto que la mujer debe tener autoridad sobre su cuerpo, empero el feto es otro cuerpo y cabe a la ciencia establecer cuando es viable y cuando no, no a la religión: Tengo una amiga entrañable, casada con tres hijos, que por una placenta creta – no es condición para abortar – que pasó meses al borde de la muerte por una complicación de su condición porque su médico se negó a practicarle un aborto en ocasión de su cuarta hija.
¿Cómo puede ser madre una niña pobre violada por algún pariente? ¿Qué Estado puede condenarla al infierno que le sobreviene, a ella y a la criatura, si no muere antes de nacer por falta de medicamentos, atenciones médicas y comida? Es obvio que el Estado es incapaz y las iglesias, aunque quisieran, no pueden.
No obstante esos casos extremos no deben alejarnos de la mayoría, sólo justifican la necesidad de una regla lógica que conjugue nuestro pensamiento cristiano de la vida con la normativa que el país necesita, porque igual ha sido un crimen no aprobar el Código Penal, por esta discusión eterna.
El Obispo Castro Marte de Higuey y la Primera Dama, Raquel Arbaje, tienen razón, en este tema conviene convocar a la sociedad para que ella decida mediante un referéndum cuya ley, si bien no ha sido promulgada, la Ley de Convocatoria puede autorizar a la Junta Central Electoral a los fines de que reglamente su ejercicio: Eso no es, ni muy rápido, ni tan lento, pues en 60 días puede convocarse.
Hizo bien el Presidente Abinader negándose a intervenir, independientemente de la postura de su partido en ocasión la campaña electoral: En un tema que divide, es mejor preservar al árbitro.
De igual manera hace bien la iglesia cristiana – católica y protestante –, que alejándose de su papel tradicionalmente arbitral, defiende sus postulados doctrinales contrarios al aborto, que no es lo mismo que su postura de control de la natalidad como problema social y económico distinto que, ocasionalmente para algunos puede lucir desfasado.
Igualmente ejercen un derecho constitucional las mujeres y grupos afines que, no defienden el aborto, puesto que no he leído de nadie que lo defienda como tal, sino ciertas causales que lo justifiquen y que deben ser taxativas para que no se constituyan en ventanas al atentado en contra de la vida.
Quizás debemos leer a Aristóteles en Ética a Nicómaco, en donde establece el juicioso concepto del justo medio, conforme al cual, visto que la teología y la moral, no son ciencias exactas, la verdad no está en ninguno de los extremos, sino en el centro o cerca de él, pero en nuestro caso, no es el Congreso Nacional quien debe decidirlo, es mejor consultar al pueblo y, si no me equivoco, esa ha sido una salida sabia del Obispo, aunque es muy probable que las causales ganen.
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