Voz Editorial Noticiario 1070, Hibi Radio
Por Antonio María Jiménez
En el mes de enero la Junta Central Electoral dispuso que la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, ascendería a 3 mil 13 millones, 903 mil 594 pesos, para que estos garantizaran que 7 millones 487 mil 40 personas ejercieran el derecho al voto.
El contrato con la empresa DIGIWORLD, S.R.L, que suplió los 11 mil kits del voto automatizado, registró un costo de mil 8 millones 118 mil 650 pesos y la auditoría que realizó la empresa Alhambra Systems, S.A., ascendió a 566 mil 37.73 millones de dólares, cerca de 29 millones de pesos.
El organismo electoral destinó 431.7 millones de pesos para la adquisición de insumos, 11.2 millones de pesos para la impresión de materiales educativos, 5.4 millones de pesos para la campaña educativa y 14 millones 767 mil 828 millones con 92 centavos para la impresión de las boletas.
Con esa millonada sacada de las costillas de cada dominicano que paga impuestos, los jueces de la Junta Central Electoral no lograron superar los errores malignos de las elecciones del 2016 y de las primarias del PLD y PRM, el domingo 6 de octubre del pasado año, quizás por mandato externo.
Por esa y otras razones, planteamos destituir el Pleno del organismo electoral, apresarlos y someterlos a la justicia, por ayer impedir que el país se expresara en las urnas y herir profusamente el sistema democrático, que tantas vidas y tanta sangre ha costado a partir de 1844.
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