Ana Julia Quezada asesinó con alevosía al niño de ocho años Gabriel Cruz, hijo de su expareja sentimental, el 27 de febrero de 2018 en la finca familiar de Rodalquilar, (Níjar, Almería), tras "lanzarlo contra el suelo o pared" de la habitación del cortijo "de forma intencionada, súbita y repentina" y que lo hizo consciente de su "superioridad" por diferencia de edad y por complexión.
Así lo ha determinado el jurado popular que ha deliberado sobre las pruebas presentadas contra ella en el transcurso de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial en la que ha estimado acreditado también que Gabriel, quien "confiaba" en la acusada por ser una persona "íntimamente ligada" a su entorno familiar, "no tuvo posibilidad de defenderse ni de reaccionar", lo que aboca a Quezada a la prisión permanente revisable, tal y como solicita la Fiscalía.
En presencia de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor, y en audiencia pública, las siete mujeres y dos hombres que integran el jurado han considerado probado por unanimidad que, de acuerdo con los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que practicaron la autopsia, "tras el impacto" la acusada "procedió con sus propias manos" a la oclusión de los orificios respiratorios "con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento" por asfixia mecánica por sofocación.
El jurado popular ha descartado que Ana Julia Quezada, tal y como ha mantenido la acusación particular ejercida por los progenitores, aumentase de manera deliberada e inhumana el sufrimiento del niño al darle muerte y rechaza que haya pruebas que respalden que le diera "golpes, dejándolo aturdido" entre 45 y 90 minutos para después "taparle la boca y la nariz hasta llevarle a la muerte".
El jurado popular que desde el pasado 9 de septiembre juzga a Ana Julia Quezada, única acusada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha recibido este miércoles el objeto del veredicto sobre el que tendrá que deliberar para determinar el grado de culpabilidad de la investigada.
La magistrada Alejandra Dodero ha facilitado en la sala de vistas, ante la Fiscalía, acusación particular, defensa y la propia Quezada, las primeras instrucciones a las siete mujeres y dos hombres del jurado sobre cómo deberán de redactar y elaborar el veredicto que servirá de base para la futura sentencia.
Dodero ha insistido en que deben declarar probados o no los diferentes puntos recogidos “en base a las pruebas que han presenciado directamente” y actuar con “total independencia, valorar y decidir lo que cada uno personalmente crea que es correcto” pero actuando con “responsabilidad” y ateniéndose a las conclusiones “racionalmente” obtenidas a lo largo de la vista.
Ha recordado que juraron o prometieron actuar con “imparcialidad, sin odio ni afecto”, dejando “fuera todo tipo de sentimientos”.
Ha apuntado que una vez sean incomunicados, no podrán recibir llamadas, visitas o hablar con medios de comunicación, así como que les serán retirados los teléfonos móviles, que podrán descansar cuando quieran pero sin salir, ya que todos las deliberaciones “son secretas y no se pueden contar a nadie”.
Ha subrayado las circunstancias que diferencian un homicidio de un asesinato, incidiendo en la alevosía, que “elimina las posibilidades de defensa de la víctima”, insistiendo en que se da cuando se produce un “ataque sorpresivo” y por parte de una persona del entorno familiar, como elemento diferenciador de ambos ilícitos.
El objeto del veredicto está dividido en cinco partes, una por cada una de las posibles acusaciones, con el grado de participación, circunstancias modificativas y el hecho delictivo sobre el que deben determinar la culpabilidad o inculpabilidad”.
Prácticamente se descarta que el veredicto pueda estar listo este miércoles, sino que su lectura se hará, previsiblemente, mañana.
Si esto se produce, serán escoltados por la Policía Nacional al hotel en el que pasarán la noche y mañana serán conducidos de nuevo al Palacio de Justicia. Una vez hayan concluido, se dará aviso a las partes personadas y se trasladará a Quezada a la Audiencia Provincial para llevar a cabo la lectura del veredicto ante ella.
En concreto, deberán determinar si la acusada es culpable de un delito de asesinato con alevosía, como sostiene la fiscal Elena María Fernández, que reclama prisión permanente revisable para Quezada por este ilícito, o si como sostiene la acusación particular del abogado Francisco Torres concurre asimismo un ensañamiento, si bien la pena sería la misma en este caso.
También deberán pronunciarse sobre los dos delitos de lesiones psíquicas, uno sobre la madre y otro sobre el padre de Gabriel, que ven Ministerio Público y acusación por su actuación posterior en la búsqueda del menor. Lo mismo que deberán hacer en el caso de los dos delitos contra la integridad moral que únicamente contempla el abogado Torres.
Además se recogen los escenarios expuestos por el letrado de la defensa, Esteban Hernández Thiel, quien califica los hechos como constitutivos de un delito de homicidio imprudente o, subsidiariamente homicidio doloso, solicitando tres y 15 años, respectivamente, de prisión por ellos. EFE
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