La Unidad de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República avaló la documentación médica sobre los problemas de salud de Luis Álvarez Renta y recomendó que, por razones humanitarias, el poder judicial autorice la petición del procurador, Francisco Domínguez Brito, para que el empresario reciba un permiso de 60 días para viajar a los Estados Unidos y someterse a tratamiento especializado en el centro John Hopkins Medical, en Baltimore.
Mientras tanto, el abogado Carlos Salcedo, representante de la Administración Monetaria y Financiera, del Banco Central, reaccionó ante el pedido de permiso de Álvarez Renta, calificándolo de “improcedente y sin fundamento”.
El doctor Eric Raful Pérez, del consejo de abogados de Álvarez Renta, informó de una comunicación de la procuradora fiscal Danissa Cruz Taveras, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, en la que invoca razones constitucionales y el mandato de la Ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario.
Dice que esa ley, en su articulo 82, establece que cuando la naturaleza de la enfermedad o de la intervención quirúrgica que deba practicarse lo aconsejen, podrá el médico autorizar la salida del recluso para su internamiento en un hospital, y que en los casos necesarios se adoptarían medidas para asegurar que el enfermo permanezca fuera del recinto carcelario sólo por el tiempo necesario para su tratamiento de salud.
Advertencia de Salcedo
Salcedo recordó que el 21 de marzo pasado, el juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal rechazó una solicitud similar, por considerar que no tenía fundamentos.
“Si la Procuraduría General de la República, a través del Nuevo Modelo Penitenciario, le otorga a Álvarez Renta un permiso para viajar a los Estados Unidos, no solo estaría otorgando una medida que no está contemplada en el Código Procesal Penal, sino que, además, implicaría una puesta en libertad pura y simple de un condenado, por una institución sin competencia para ello”, dijo, tras advertir que si al exbanquero se le permite salir del país, “no lo volveremos a ver aquí en muchos años”.
Mientras tanto, el abogado Carlos Salcedo, representante de la Administración Monetaria y Financiera, del Banco Central, reaccionó ante el pedido de permiso de Álvarez Renta, calificándolo de “improcedente y sin fundamento”.
El doctor Eric Raful Pérez, del consejo de abogados de Álvarez Renta, informó de una comunicación de la procuradora fiscal Danissa Cruz Taveras, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, en la que invoca razones constitucionales y el mandato de la Ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario.
Dice que esa ley, en su articulo 82, establece que cuando la naturaleza de la enfermedad o de la intervención quirúrgica que deba practicarse lo aconsejen, podrá el médico autorizar la salida del recluso para su internamiento en un hospital, y que en los casos necesarios se adoptarían medidas para asegurar que el enfermo permanezca fuera del recinto carcelario sólo por el tiempo necesario para su tratamiento de salud.
Advertencia de Salcedo
Salcedo recordó que el 21 de marzo pasado, el juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal rechazó una solicitud similar, por considerar que no tenía fundamentos.
“Si la Procuraduría General de la República, a través del Nuevo Modelo Penitenciario, le otorga a Álvarez Renta un permiso para viajar a los Estados Unidos, no solo estaría otorgando una medida que no está contemplada en el Código Procesal Penal, sino que, además, implicaría una puesta en libertad pura y simple de un condenado, por una institución sin competencia para ello”, dijo, tras advertir que si al exbanquero se le permite salir del país, “no lo volveremos a ver aquí en muchos años”.
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