LOS CONGRESISTAS ESTADOUNIDENSES RECLAMAN QUE NO SE CUMPLA CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, calificó como una intromisión inaceptable y una falta grave de respeto la carta enviada por 19 congresistas de los Estados Unidos, reclamando que no se cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional que define los criterios de la nacionalidad.
Para Martínez constituyen un exceso los calificativos de "arbitraria y discriminatoria " dados por los congresistas extranjeros a una decisión soberana del Estado dominicano, que al igual que los Estados Unidos y otras naciones tiene derecho a fijar su política migratoria y de la nacionalidad.
"Somos un pueblo hospitalario, solidario y una nación abierta; en nuestra conformación se mezclan diversidad de perfiles humanos en un solo y arraigado sentimiento: la dominicanidad. Mas no aceptamos ni permitimos imposiciones foráneas, que cuestionen y vulneren nuestra soberanía", expresó Martínez.
Rechazó la velada amenaza de la carta enviada al presidente Danilo Medina, de que la implementación de la decisión del Tribunal Constitucional tendrá como resultado una crisis humanitaria sin precedentes y una seria amenaza para la estabilidad regional, calificándola de exagerada.
Martínez reiteró que sectores con intereses marcados alojados en ONGs que usufructúan el drama haitiano, gracias a financiamiento internacional, encabezan un movimiento sedicioso que, lejos de discrepar de las disposiciones de una sentencia, pretenden colocar las instituciones del país en una crisis constitucional de peligrosas secuelas sociales y políticas, queriendo herir de este modo la democracia.
El legislador por Santiago enfatizó que la República Dominicana no puede ceder su derecho a establecer una política migratoria y sus criterios sobre la nacionalidad "y no lo haremos".
Deploró que los firmantes de la carta son miembros de un congreso que no ha hecho posible aprobar una reforma migratoria (en la tierra de inmigrantes por excelencia) que garantice los derechos civiles de millones de ciudadanos de todo el orbe que viven en Estados Unidos.
"No hemos maltratado ni lo haremos jamás a ningún ser humano no importa de donde venga, siempre y cuando se acoja a nuestra legislación y respete nuestras costumbres y tradiciones. No somos responsables del colapso de un Estado que no les garantiza a su pueblo ni los más elementales medios para sobrevivir, y que siempre han contado con nuestro país como su tabla de salvación", recalcó.
CREEN SENTENCIA DEL TC TRAERÁ CONSECUENCIAS
“Nosotros no debemos aceptar ningún tipo de injerencia llámese de Estados Unidos, que no firma la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que no firma en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero que quisiera imponer su política en el resto de los países de la región”, sostuvo Martínez.
Sin embargo, otro legislador asegura que el fallo del tribunal traerá consecuencias negativas para el país. El padre Mario Serrano, director de la Pastoral Social de la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica, justificó ayer su negativa a participar en la comisión de veeduría creada por la Junta Central Electoral para atender una solicitud del Consejo Nacional de Migración, en respuesta a la sentencia.
El sacerdote argumentó que la propuesta de regularización migratoria que ordena la sentencia parte de premisas, que invalidan su propósito.
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En una declaración dada a conocer ayer por el vocero del Tribunal Constitucional, Rafael Polanco, el presidente de ese organismo, Milton Ray Guevara desmintió que haya colocado en una situación de apatridia a Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, ya que la Constitución haitiana establece el jus sanguinis, por lo que todos los hijos de haitianos nacidos en el extranjero son haitianos de origen.
Explicó que desde el 1929, en todas las Constituciones dominicanas, desde hace casi un siglo, excluyen del derecho a la nacionalidad por el jus solis a los extranjeros en tránsito, quienes luego de haber extralimitado su permanencia son considerados no residentes. "En ese sentido, no hay retroactividad en una sentencia que lo que hace es determinar la ley aplicable en el momento en que surge el derecho reclamado. Por tanto, si la reclamante nació en el país, con posterioridad al año 1966, hija de extranjeros en tránsito, sencillamente nunca ha sido dominicana por jus soli", subrayó.
Ray Guevara exhortó a los poderes públicos responsables de ejecutar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias para que se aplique respetando las prerrogativas del ser humano.
Defendió la facultad soberana del Estado dominicano sobre la nacionalidad, y dijo que las críticas hechas a la sentencia carecen de fundamento jurídico y de asidero legal.
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