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Por evasión, Dolce & Gabbana debe pagar € 343M

Los diseñadores de la prestigiosa marca de ropa son acusados de haber defraudado al fisco italiano al fijar una sede de su compañía en el pequeño país europeo de Luxemburgo
Domenico Dolce y Stefano Gabbana, los diseñadores de la prestigiosa marca de ropa italiana, fueron condenados el sábado a pagar una multa de 343,4 millones de euros más intereses por evadir impuestos.

La comisión tributaria de Milán ratificó la sentencia de primer grado de noviembre de 2011 y a la que los modistos italianos de Dolce & Gabbana habían recurrido, según informaron medios locales.

La justicia consideró que los diseñadores abusaron intencionalmente de los derechos establecidos con el objetivo de procurarse una ventaja fiscal.

La Fiscalía de Milán había pedido en 2010 el enjuiciamiento de los diseñadores, junto a otras cinco personas, por un supuesto delito de evasión fiscal de 1.000 millones de euros (1.366,7 millones de dólares).

Según la investigación, que se llevó a cabo entre 2007 y octubre de 2010, la multinacional Dolce & Gabbana creó en marzo de 2004 una sociedad con sede en el Ducado de Luxemburgo bajo el nombre de "Gado", que figuraba como la propietaria de algunas de las marcas que forman parte del grupo, pero que en realidad se gestionaba desde Italia.

De este modo, según la acusación, las ganancias derivadas de la explotación de la marca tributaban en el extranjero y no en Italia, donde deberían haberse pagado los impuestos.

Ambos estilistas fueron acusados además de haber cedido las marcas que forman parte de su imperio a la sociedad "Gado" por 360 millones de euros (492,1 millones de dólares), un valor muy inferior al real según la acusación, que lo cifra en unos 700 millones de euros (956,9 millones de dólares).

La Fiscalía acusó a cada uno de los modistos de haber evadido 420 millones de euros (574,2 millones de dólares) e imputó a la sociedad otros 200 millones de euros (273,4 millones de dólares.

Los diseñadores de alta costura todavía tienen una posibilidad de evitar el pago apelando ante la Corte Suprema.

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