Las instituciones que investigan la baja calidad del salami
incurren en una falta frente a diversos acuerdos internacionales de los
que el país forma parte, al negarse a citar los nombres de las marcas.
Así lo aseguran varios expertos en la materia, consultados por elCaribe,
al plantear que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Centroamérica (DR-Cafta) obliga a República Dominicana a seguir
un proceso de transparencia fitosanitaria, cuando haya un caso como el
del salami, actualmente, y a realizar las notificaciones
correspondientes, tomando en cuenta que esto puede constituirse en una
amenaza para la salud de los consumidores dominicanos y fuera del país.
Los expertos aseguran que las autoridades del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), ni de ninguna institución con responsabilidad en el manejo del tema puede escudarse en la confidencialidad que le otorga el artículo 121, de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, para no dar los nombres de los tipos de salamis no aptos para consumo, porque en este caso “se trata de un asunto que pudiera afectar la salud de la gente”. Lo que sí dejan claro los consultados, es que cuando se trata de una empresa que está sometida por un asunto de formulación, por ejemplo, las instituciones deben mantener la confidencialidad, pero cuando se trata de una falta contra el sistema de salubridad del país, es obligatorio citar los nombres de las empresas y de los productos que no deben ser consumidos.
El primer requisito en comercio internacional cuando existe un problema fitosanitario en un país es que éste realice labores de publicidad y de notificación ante la Organización Mundial del Comercio. “Cuando se trata de un problema fitosanitario las instituciones tienen que notificar de qué producto y empresa se trata, por dos razones fundamentales. Primero, si el producto cruza la frontera, como en este caso, porque el salami se exporta a Haití, hay que evitar que eso genere inconvenientes. Lo otro es el consumo, porque hay que prevenir un problema de salud a quien lo utiliza, sostienen los especialistas.
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Los expertos aseguran que las autoridades del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), ni de ninguna institución con responsabilidad en el manejo del tema puede escudarse en la confidencialidad que le otorga el artículo 121, de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, para no dar los nombres de los tipos de salamis no aptos para consumo, porque en este caso “se trata de un asunto que pudiera afectar la salud de la gente”. Lo que sí dejan claro los consultados, es que cuando se trata de una empresa que está sometida por un asunto de formulación, por ejemplo, las instituciones deben mantener la confidencialidad, pero cuando se trata de una falta contra el sistema de salubridad del país, es obligatorio citar los nombres de las empresas y de los productos que no deben ser consumidos.
El primer requisito en comercio internacional cuando existe un problema fitosanitario en un país es que éste realice labores de publicidad y de notificación ante la Organización Mundial del Comercio. “Cuando se trata de un problema fitosanitario las instituciones tienen que notificar de qué producto y empresa se trata, por dos razones fundamentales. Primero, si el producto cruza la frontera, como en este caso, porque el salami se exporta a Haití, hay que evitar que eso genere inconvenientes. Lo otro es el consumo, porque hay que prevenir un problema de salud a quien lo utiliza, sostienen los especialistas.
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