La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó ayer al Ministerio de Industria y Comercio la entrega “inmediata” de las informaciones solicitadas por el Movimiento Bájame la Gasolina en torno a cómo se están haciendo los cálculos semanales para determinar los precios de los combustibles.
La magistrada Sarah Henríquez Marín acogió un recurso de amparo presentado además por la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Juventud Patria Para Todos, la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO) y el movimiento “Toy Jarto”, a través de los abogados Julio César de la Rosa, Rigoberto Rosario Guerrero, Elizabeth Mateo Pérez, Fredy Ramírez y Yuscil Joaquín Chez Bueno.
Mediante sentencia marcada con el número 97/2011, el tribunal falló en contra del ministro de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo, por denegar informaciones relativas a los números utilizados para hacer el cálculo de las siete variables que componen el Precio de Paridad de Importación, así como los cinco valores impositivos agregados al cálculo.
Saluda decisión
Tras escuchar el veredicto, César de la Rosa saludó la decisión de los jueces al amparar el derecho humano a la información pública que tiene cada dominicano y dominicana, al tiempo de informar que este jueves se presentarán ante el Ministerio de Industria y Comercio a ejecutar la sentencia.
Tras escuchar el veredicto, César de la Rosa saludó la decisión de los jueces al amparar el derecho humano a la información pública que tiene cada dominicano y dominicana, al tiempo de informar que este jueves se presentarán ante el Ministerio de Industria y Comercio a ejecutar la sentencia.
Manifestó que con esas informaciones las organizaciones de la sociedad civil pretenden que sea transparentado el cálculo de los precios de los combustibles en el país y el objetivo final es publicar las informaciones para que cada ciudadano y ciudadana pueda realizar sus propios cálculos.
Los demandantes presentaron la acción de amparo por denegación de información por parte del ministro de Industria y Comercio, en violación a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
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