“Esta tarde le estoy informando a la sociedad dominicana que en razón de los ataques infundados e inmerecidos que he recibido como persona y funcionaria pública de este Gobierno, decidí solicitar al presidente de la República una licencia sin disfrute de salario con el propósito de actuar como ciudadana para defender mi honor y mi trayectoria de vida pública y privada que con transparencia siempre he llevado”.
Con estas palabras Kimberly Taveras anunció su decisión de separarse de sus funciones del Ministerio de la Juventud para esclarecer su patrimonio.
Taveras ofreció estas declaraciones en una breve rueda de prensa en la que leyó un documento y respondió de una forma escueta algunas preguntas.
“Para esos fines, reitero mi decisión de ponerme a disposición a ser sometida a una investigación exhaustiva sobre mi declaración jurada de bienes o cualquier otra acusación que se hayan hecho de manera pública contra mi reputación”, dijo.
La ministra señaló que esa decisión era personal y apartada de todo lo relacionado al Gobierno, y que lo hacía con el propósito de presentarse directamente ante las autoridades correspondientes a los fines de que se inicie la investigación de lugar, “conforme lo dispone la normativa penal en sus disposiciones del artículo 265 del Código Procesal Penal Dominicano, que resguarda el derecho a que toda persona señalada de hechos o imputaciones de carácter penal se presente voluntariamente a que sea investigada en procura de salvaguardar su honor”.
“Este viernes 23 estaré compareciendo ante las autoridades del Ministerio Público a los fines de ponerme a disposición de cualquier indagación, acompañando la misma de una copia de la solicitud del trámite de licencia a mis funciones desempeñadas hasta ahora como ministra”, expresó.
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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la actual ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte.
La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y es poseedora del 75 por ciento de sus acciones.
La institución informó que la decisión fue tomada a raíz de la divulgación de una entrevista concedida por la funcionaria al programa “Nuria, investigación periodística”, y que inició una investigación de oficio para establecer los vínculos de las empresas de Taveras.
Esto lo hace amparado en los artículos 71 y 72 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, para identificar si las empresas en las que figura como accionista, han participado en procedimientos de contratación o resultado beneficiadas de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria pública.
El órgano rector reiteró a los servidores públicos que el artículo 14 de la referida Ley prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado y recordó que mediante la circular DGCP-07-2020, emitida el pasado 26 de agosto, otorgó un plazo de 30 días calendarios, a partir de su emisión, para que los funcionarios incluidos en el régimen de prohibiciones requirieran la suspensión de su RPE para dar cumplimiento a la normativa vigente.
"La DGCP continúa en el proceso de identificación de los funcionarios que aún no han solicitado la suspensión de su RPE para proceder de oficio a su inhabilitación, tal y como ordena la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Estamos comprometidos a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar los conflictos de interés en los procesos de contrataciones", subrayó el director de la DGCP, Carlos Pimentel.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
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