Agregó que la principal acción es distribuir a distintas oficinas las aplicaciones, sobre lo cual los inmigrantes también recibirían un aviso, además algunos extras sobre los procedimientos, incluidos entrevistas.
“A medida que cambiamos el número de casos entre las oficinas de campo para disminuir los tiempos de procesamiento, podríamos programar que los solicitantes se presenten para una entrevista en una oficina de atención fuera de su jurisdicción normal”, indicó la autoridad en un comunicado.
Incluso los inmigrantes podrían tener avisos sobre Solicitud de Evidencia desde otras sedes de USCIS distintas a la que corresponde a su jurisdicción.
Destacó que estos cambios no afectarán a las citas a donde los solicitantes asisten a sus citas biométricas, es decir, a oficinas cercanas a su residencia.
“Seguiremos dirigiéndolos al centro de soporte de aplicaciones más cercano”, presica. “Los solicitantes deben seguir las instrucciones en cualquier aviso que reciban de USCIS”.
La agencia, ahora dirigida por Ken Cuccinelli, precisa que estos ajustes acelerarán las aplicaciones con base en los formularios N-400 o Solicitud de naturalización y el I-485 o Solicitud de Residencia Permanente o Ajuste de Estado.
La agencia reconoció que desde finales de 2015, ha experimentado un aumento en los tiempos de procesamiento, debido a mayores volúmenes de aplicaciones.
En el año fiscal 2017 las solicitudes aumentaron un 15.6% respecto al ejercicio fiscal 2016, mientras que durante el ejercicio fiscal 2016 aumentaron un 25.5% respecto al ejercicio fiscal 2015.
A mediados de mayo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) alertó que los trámites ante USCIS estaban a un nivel “de crisis”, por lo que proporcionó información sobre qué hacer al respecto.
Los expertos indican que hace cinco años el tiempo promedio de espera de un caso era de cinco meses, a diferencia del año fiscal 2018, cuando se duplicó el periodo.
“Esos meses adicionales de espera detienen las operaciones comerciales, mantienen a las familias separadas y ponen en peligro la vida de las personas”, alertan los abogados. En el año fiscal 2018, agrega, el 94 por ciento de las peticiones y formularios de inmigración tardaron más en procesarse en comparación con el año fiscal 2014. En un análisis reciente, con respecto al 2017, se reporta un retraso del 19% más al pasar de 7.9 meses a 9.4 meses como tiempo promedio de espera, a pesar de que las solicitudes fueron menos, ya que en el primer año se presentaron 8.5 millones, mientras en 2018 fueron 7.5 millones.
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