Fusil utilizado en el asalto al Banco Popular “es de la policía haitiana”

La policía dominicana reveló también que dos ciudadanos de Haití están involucrados en el robo a la entidad financiera ocurrido el pasado jueves

SANTO DOMINGO. El fusil IWI Galil ACE utilizado el pasado jueves en el asalto al Banco Popular en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, y el que utilizó uno de los involucrados en el robo para herir a cuatro oficiales policiales el sábado “es de la policía haitiana”.
Así lo informó en la mañana de este domingo el vocero de la policía dominicana, coronel Frank Félix Durán, quien reveló también que dos ciudadanos haitianos están implicados en el asalto a la entidad financiera.
Los asaltantes cargaron con más de 5.2 millones de pesos de la sucursal bancaria, mientras que durante el enfrentamiento el sábado uno de los presuntos asaltantes resultó muerto, y cuatro oficiales de la policía fueron heridos de gravedad. Uno de ellos falleció en la madrugada de este domingo.
El vocero de la institución, Frank Félix Durán Mejía, informó que el occiso solo había sido identificado como Francis y “enfrentó a los miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) con el fusil IWI Galil ACE, con cuatro cargadores y una pistola, cuyos datos hasta el momento son “desconocidos”.
El oficial fallecido es el mayor Moisés Montero Amador, mientras que los heridos fueron el coronel Manuel Antonio Cabrera Sarita, los tenientes coroneles Rafael Tapia Rosario y Félix Peralta Castillo, así como el sargento Biojary Antonio Pérez Colón.
Durante la acción de ayer fueron apresados Anyelina de los Santos, de 29 años, y Alfredo Lorenzo Ramón, de 28, a quienes se les ocupó una escopeta calibre 12 que, según la Policía, le fue despojada a uno de los agentes de seguridad del banco durante el asalto.


Incautan 91 armas a compañía de

 seguridad privada vinculada a exdirector 

de la DICAN


SANTO DOMINGO. La Procuraduría General informó sobre allanamientos simultáneos efectuados en la oficina y puestos de servicios de la compañía de seguridad privada Security Protection Center (SECPTER), localizados en el Gran Santo Domingo y Santiago, a la cual le fueron incautadas 91 armas de fuego de diferentes tipos y calibres.
Igualmente, expresó que fueron arrestadas 70 personas para entrevistarlas respecto al caso.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que persigue al gerente general de la compañía, Nelson Rafael Mejía Ovalles, unexoficial dado de baja del Ejército de República Dominicana en 1993, quien se encuentra prófugo. Sostiene que la citada empresa está vinculada al exdirector de la DICAN condenado por narcotráfico Carlos Fernández Valerio.
“Además, porque durante la investigación se ha establecido que dicha empresa está relacionada a una compañía propiedad de una persona condenada por narcotráfico como lo es el excoronel Fernández Valerio (exdirector de la DICAN), sentenciado a 20 años de prisión por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas”.
Explicó que en total fueron ocupados 34 escopetas, 50 pistolas y siete revólveres, una cantidad indeterminada de municiones de diferentes calibres, así como un carro Hyundai, propiedad de la empresa, los cuales se encuentran en poder del Ministerio Público.
La Procuraduría precisó que procedieron a la incautación de las armas y municiones en virtud de que la compañía no contaba con licencia para operar, además de que las armas no tenían ningún tipo de documentación, y las marcas eran ilegibles, retroqueladas o clonadas.
La Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la magistrada Maura Martínez, detalló que la operación fue realizada mediante la orden judicial No. 0058-JUNIO-2018, emitida el pasado 26 de junio de 2018 por la coordinación de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que fuera aplicada en la oficina principal de dicha empresa que funciona en la capital y en todos sus centros de servicios que funcionan en las referidas localidades.
El comunicado destaca que miembros del Ministerio Público, adscritos a la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, junto a fiscales del Distrito Nacional llevaron a cabo la operación, cuya labor de inteligencia fue realizada por el J-2 de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN), miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (DICRIN), la Policía Preventiva y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Destaca que la Procuraduría Especializada en Control y Tráfico de Armas, en una acción conjunta con la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa, ha investigado y sometido a la justicia a 12 empresas de seguridad privada, y en que dos de los casos ya se han obtenido sentencias definitivas.
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