Voz Editorial Noticiario 1070, Hibi Radio, 18-7-2018
Es un hecho que esos gastos millonarios siguieron pagándose hasta el año 2017, a sabiendas que esos supuestos asesores en materia de estrategia política y de compra de tránsfugas, fueron apresados y condenados por actos de corrupción en Brasil.
El gobierno de Medina y del Partido de la Liberación Dominicana buscó mil maneras para desmentir a la legisladora, hasta que tuvo que admitir que los pagos totales a las empresas de Joao Santana ascendieron a 430 millones 506 mil 711 pesos con 17 centavos, correspondiente a los años 2012 - 2015.
Con esa reconfirmación oficialista, resultaría interesante que la diputada Faride Rafùl continúe hurgando alrededor de otros supuestos pagos millonarios en dólares a otros extranjeros, que en el 2016 despachaban desde el Palacio Nacional y que a cambio garantizaron la reelección del gobernante.
Es una gravedad que una legisladora haya destapado esa caja de Pandora, mientras la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa no se percatara de ello y en consecuencia tenga que guardar silencio sobre cómo se manejaron los dineros del erario público a favor de la campaña oficialista del 2012 y 2016.
En verdad que nos han robado hasta el derecho que nos asiste al asombro, cuando se trata de las cosas del Estado Dominicano.
Antonio María Jiménez es locutor y periodista, director del Noticiario 1070 y dirige varios programas en Hibi Radio. Correo: redaccion@antoniomaria.net
El período de los contratos va desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2015, según se desprende de una carta enviada por el Gobierno a la Cámara de Diputados, para responder a la legisladora Faride Raful, quien denunció el pago de 1,400 millones de pesos para Moura y su esposo. La diputada pidió que se abriera una investigación, lo que fue rechazada por el pleno de los diputados.
El Gobierno dominicano informó que los pagos totales a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura ascendieron a RD$430,506,711.17, negando de esta manera la acusación que hiciera el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de contratos por valor de RD$1,400 millones.
“Es clara la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”, señala en una carta José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, que fue leída hoy en la sesión de la Cámara de Diputados.
En la comunicación se señala una renovación del contrato suscrito para el mismo fin en el año 2015, que luego fue cancelada. En la carta se señala que la cancelación se produjo porque a partir de enero de 2016 se iba a entrar de lleno en la campaña electoral, y que el presidente Danilo Medina no quería se vincularan a sus asesores a pagos desde el Gobierno.
Los contratos firmados con Moura se renovaron en diciembre de 2013 hasta el 3 de diciembre de 2014, siempre con el mismo monto, 1,200,000 millones de dólares.
El 19 de noviembre de 2014 se registró otra renovación del contrato por la misma cifra, de 1,200,000 millones de dólares, y fue entre el 3 de diciembre de 2014 hasta el 3 de diciembre de 2015.
La carta del Gobierno llega en respuesta a la diputada Faride Rafúl, quien denunció que le habían pagado hasta RD$1,400 millones a los brasileños, que resultaron condenados en Brasil por casos de corrupción y lavado de activos. Raful denunció que el Gobierno siguió pagando a los brasileños hasta 2017, fecha en la que ya se encontraban presos en su país.
El Gobierno dominicano aseguró cuando se produjeron las contrataciones esas personas no estaban acusadas ni condenadas de delito alguno. Según la comunicación del Administrativo, los contratos con Santana y Moura fueron rescindidos entre enero y marzo de 2016 en atención a que se trataba de asesores de la campaña del presidencia Danilo Medina, que buscaba la reelección. “Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas.
UNA RESPUESTA OFICIAL A LA ACUSACIÓN
UNA COMUNICACIÓN: En una carta firmada por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y Roberto Rodríguez Marchena, el portavoz del Gobierno, leída ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, el Gobierno dice que en la denuncia de legisladores del PRM sobre este caso, “es clara la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”.
UNA COMUNICACIÓN: En una carta firmada por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y Roberto Rodríguez Marchena, el portavoz del Gobierno, leída ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, el Gobierno dice que en la denuncia de legisladores del PRM sobre este caso, “es clara la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”.
SANTO DOMINGO. Dos empresas vinculadas a los brasileños Joao Santana y Mónica Moura, exasesores electorales del presidente Danilo Medina, recibieron pagos millonarios en dólares y pesos entre el 2012 y 2016, por concepto de publicidad y asesoría de comunicación, según confirman los registros de contrato de la Contraloría General de la República entregados a la diputada Faride Raful, a través de la Oficina de Libre Acceso de la Información.
Las certificaciones establecen que la empresa Polis Caribe, SRL., representada por Moura, recibió del Ministerio Administrativo de la Presidencia el pago anual de US$1,200,000 durante los años 2014 al 2016, por concepto de asesoría de comunicación. Dichos contratos se pagaron en mensualidades de US$ 100,000 o su equivalente en peso dominicano, más ITBIS.
Además, la Dirección General de Comunicación (DICOM) contrató en agosto de 2012, por tres meses, a la empresa Polis Caribe, SRL. por RD$18, 815,100, como pago único, para la realización y producción de la campaña “100 días del presidente Danilo Medina”.
Mientras en junio de 2013, dicha empresa fue contratada por RD$48,720,757.97 durante tres meses, a los fines de que realice comerciales para el Gobierno sobre banca solidaria, turismo, campaña sobre violencia contra la mujer, Banco Agrícola, entre otros temas.
“Lo que más nos alarma es saber en qué momento podemos deslindar la figura del presidente con la del candidato. Esto tiene que ser investigado y necesitamos que una comisión del Congreso estudie la legalidad de esos contratos”, señaló la diputada Faride Raful.
Las certificaciones de la Contraloría también contemplan el pago de RD$24,190,944 en julio de 2013 para la realización de la campaña “Un año más de Gobierno”.
Otras de las empresas vinculada a la pareja es Cine&Art2013, SRL., representada por Marcela Masotti. El Ministerio Administrativo de la Presidencia le otorgó dos contratos por RD$480,000,000.
Ambos contratos tienen vigencia de un año, entre el 2014 y 2016, por concepto de “servicios de coordinación de marketing y diseño para la preparación de las campañas en los medios de comunicación de radio, televisión, prensa y demás”. El monto total se dividió en pagos mensuales de RD$40,000,000.
A la misma empresa también le fue otorgado un contrato de un año, por un monto de RD$22,232,144, y otro de RD$35,762,850 como pago único por la realización, producción y colocación de varias campañas publicitarias que fueron utilizadas para la rendición de cuentas de Medina el 27 de febrero de 2015.
El pasado jueves, diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitaron a través de un proyecto de resolución sometido ante la Cámara de Diputados la designación de una comisión especial, para que investigue la legalidad de los contratos hechos a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia a las empresas vinculadas Joao Santana, y su esposa.
Santana y Moura guardan prisión en Brasil por sus vínculos con la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
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