Ángel Rondón detalla “debilidad” en acusación por caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. En su escrito de defensa ante las imputaciones de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos, Ángel Rondón Rijo hace varias críticas a la investigación, acusación y argumentos del procurador general de la República por los US$92 millones que admitió haber pagado en soborno Odebrecht para ser favorecida con obras del Estado.
Además de afirmar que el Ministerio Público ha formulado una acusación carente de imputación precisa de cargos, para reforzar sus argumentos, Rondón Rijo cita entre sus testigos a Juan Temístocles Montás, exministro de Industria y Comercio, a Rafael Suero Miliano en su calidad de vicepresidente de Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Rafael Calderón Martínez, José Lois Malkún, Vicente Bengoa Albizu, Daniel Toribio, exministros de Hacienda, Guido Gómez Mazara, Ricardo Ayanes Pérez Núñez, César Ramón Pina Toribio, Abel Rodríguez Del Orbe, exconsultores jurídicos del Poder Ejecutivo, Marino Collante Gómez, presidente y participante en las Reuniones de la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados.
“En ese sentido la acusación solo recoge hechos neutrales, que por sí solos no constituyen ilícitos, a partir de los cuales se construye una historia delictiva fantasiosa, especulativa, cargada de falsedades y sin fundamento probatorio. ¿A cuáles legisladores sobornó, cuándo los sobornó, en qué consistió el soborno y a cambio de qué favor en particular?”, afirma el abogado José Miguel Minier en el escrito de defensa.
Resalta que el único elemento fáctico que ha evidenciado el órgano acusador es que Ángel Rondón recibió, de parte de la Constructora Norberto Odebrecht, diversas transferencias de valores, sin embargo, como se ha establecido, tal recepción de fondos por parte del imputado, por sí sola, no constituye una evidencia, ni siquiera indiciaria del tipo penal de soborno.
Miguel Minier explica en el documento depositado en la Suprema Corte de Justicia que tampoco se configura el delito de asociación de malhechores porque no se ha logrado describir ningún hecho específico, concreto, que permita dejar establecido que el imputado haya desarrollado algún concierto para la comisión de ilícitos penales con otros de los coimputados ni específicamente con el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
La defensa del enlace comercial de la empresa brasileña en República Dominicana, pide al juez de instrucción declarar inadmisible la acusación de soborno porque según dice, Odebrecht asumió la responsabilidad.
Describe que la multinacional, en el acuerdo firmado con el Ministerio Público dominicano, se responsabiliza como la única autora del delito de soborno, y se compromete a restituir UD$184 millones a favor del Estado dominicano como compensación, por consiguiente, dichos hechos no le pueden ser atribuidos a ninguna otra persona en calidad de coautor.
“Dos sujetos por separado no pueden ser responsables de los mismos hechos a menos que se pueda establecer una concurrencia de coautores o cómplices”, puntualiza.
Afirma que la Procuraduría les ocultó pruebas y las que les entregó lo hizo dos días antes de presentar acusación formal.
Pagos de impuestos DGII y TSS
La acusación presentada por el Ministerio Público no revela un cuadro fáctico adecuado al tipo penal de lavado de activos, pues se trata de un delito especial, cuya configuración requiere como esencial un delito precedente, en ausencia del cual, no es posible su materialización, señala el documento. Afirma que en la práctica empresarial del imputado no se ha establecido ninguna práctica de lavado y que la licitud de sus negocios, como la justificación de su patrimonio, se pone de manifiesto con el informe del consolidado histórico de impuestos presentados por el imputado a la Dirección General de Impuestos Internos en el que se estableces que desde el 2003 hasta 2017 pagó por concepto de anticipos de impuestos sobre la renta, impuesto sobre la renta para las personas morales, retenciones y retribuciones complementarias, impuestos a los activos; ITBIS; retenciones a asalariados, pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por concepto de Seguro familiar de salud, Riesgos Laborales, por más de mil millones de pesos, todos estos en virtud de la Ley 86-01 de Seguridad Social.
“El grupo de empresas del señor Rondón tiene un consolidado histórico de impuestos de RD$959, 763,773 pesos pagados a la Dirección General de Impuestos Internos y RD$193,430,680 pesos a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), con ingresos netos de RD$14,713,778,585”, refiere el escrito.
SANTO DOMINGO. La pista sigue caliente por el caso Odebrecht. No solo por la acusación presentada por el Procurador General de la República contra siete personas, sino por los testigos que los imputados están citando para jurar “decir la verdad y nada más que la verdad” en estrado.
Al depositar ayer sus escritos de defensa, los abogados de Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Andrés Bautista García, dijeron que llamarán como testigos en el caso a embajadores, ministros, legisladores, alcaldes, exconsultores jurídicos del Poder Ejecutivo de las entidades gubernamentales con las que Odebrecht firmó contrato, empresarios, técnicos y contratistas que de una manera u otra tuvieron vínculos con las 16 obras construidas por la empresa.
Mientras esto ocurría, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, notificaba al Ministerio Público y las partes, que Francisco Ortega Polanco, continuará siendo el juez de la Instrucción Especial y, por lo tanto, conocerá la solicitud de auto apertura a juicio hecha contra Rondón Rijo, Díaz Rúa, Bautista García, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez y Jesús (Chú) Vásquez.
Ángel Rondón, enlace comercial de Odebrecht y persona señalada por el Ministerio Público como quien distribuyó los US$92 millones pagados en sobornos a funcionarios públicos por la empresa, está llamado a comparecer a 106 personas, entre los cuales están los miembros de las comisiones de Hacienda y Finanzas del Senado de la República y la Cámara de Diputados, ministros de Hacienda, administradores del Banco de Reservas, consorciados y supervisores de las obras construidas por Odebrecht, así como las personas contra las que la Procuraduría no presentó acusación por los sobornos.
Hasta el momento, hay 186 personas propuestas como testigos a cargo y descargo. El plazo otorgado por la Suprema para depositar los escritos de defensa venció ayer y cuatro imputados no depositaron.
“Ahí estamos llamando como testigos a todo el que ha tenido que ver con los 16 contratos que figuran en la acusación... tienen que venir a explicar si nuestro cliente alguna vez le ofreció alguna dádiva o alguna vez ellos aceptaron sobornos”, expresó José Miguel Minier, abogado de Rondón.
El defensor dijo además, que están solicitando el archivo del expediente por considerar que el procurador Jean Alain Rodríguez, violentó el debido proceso de ley al no notificarles las pruebas en la etapa investigativa.
Miguel Valerio y Carlos Salcedo, abogados del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el exsenador Andrés Bautista, respectivamente, dijeron que desmontarán una por una la acusación del Ministerio Público y mostrarán la inocencia de los imputados.
Al depositar en la Secretaría General de la Suprema Corte, Valerio explicó que presentarán ocho testigos con los cuales demostrarán que todo se hizo conforme a la ley, por lo que pedirá al juez emitir auto de No Ha Lugar.
En tanto que Carlos Salcedo, representante legal de Bautista, dijo que entre los 20 testigos que proponen figuran el actual presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; la expresidenta y actual senadora Cristina Lizardo, el ministro de agricultura, Osmar Benítez, entre otros.
“Le juramos, le prometemos a la opinión pública que cuando llegue la hora del juicio, todos nos vamos a divertir porque nosotros vamos a demostrar papel contra papel, prueba contra prueba, la inocencia del ingeniero Víctor Díaz Rúa”, expresó Valerio al depositar junto a Ramón Emilio Núñez el escrito de más de 1,500 páginas.
“Yo creo que el Ministerio Público con este escrito de defensa de Andrés Bautista García, va recibir una gran lección, una lección de un hombre íntegro, un hombre que ha hecho una vida y ha tenido una trayectoria profesional, política, familiar impoluta, que está hecha sobre la base de una moral incuestionable”, argumentó Salcedo.
Añadió que la estructura de la acusación de la Procuraduría no responde a la más mínima profesionalidad que el país merece, ya que “no hace ninguna relación analítica de los hechos vinculados a pruebas” contra su cliente.
Los imputados que no se acogieron al plazo argumentan que hay irregularidad en la notificación.
La solidez financiera de la Constructora Norberto Odebrecht y la determinación de obtener, al costo necesario, una obra del Estado Dominicano era tal que luego de haber contratado en el año 2002 los servicios del empresario Ángel Rondón Rijo, comenzó a hacerle desembolsos de miles de dólares en intervalos muy cortos de tiempo.
Dichos fondos eran para sobornar a funcionarios públicos por lo que fueron disfrazados en contratos de representación así como en adquisición de bienes o acciones mediante un circuito de lavado integrado por unas 34 empresas en República Dominicana, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, afirma la Procuraduría General de la República y las delaciones de ejecutivos de la multinacional en la solicitud de apertura a juicio hecha contra Rondón y otras seis personas.
Odebrecht certificó, según dice el expediente, que se hicieron transferencias por un monto de 136 millones 507 mil 159 dólares desde sus empresas offshore Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development LTD, Fasttracker Global Trading LTD y Trident Inter Trading LTD, a las empresas de Rondón Rijo, que era su enlace comercial en Dominicana.
Contrato ficticio
Siete meses antes de que fuera firmado el contrato de ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste por el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Víctor Díaz Rúa, Klienfeld Services LTD transfirió a CONAMSA, empresa de Rondón, un total de US$3,750,000, afirma el Ministerio Público.
La multinacional dijo que para eso se firmó un contrato de representación ficticio.
Además de la afirmación de la constructora respecto a lo ficticio del contrato antes mencionado, se añade que antes de esa transferencia, se reportaron 36 pagos de miles de dólares entre 01/04/2003 y 13/02/2004, a las entidades Librec Investment Limited y ARMA S.A, propiedad del también enlace comercial, según consta en un cuadro que Odebrecht cedió a la Procuraduría.
En el expediente se explica que del 2003-2006, el imputado Rondón Rijo manejaba valores a través de Librec Investment, ARMA, Adeline Group Corp, Roymar y CONAMSA y del 2006-2014 eran recibidos por medio de las sociedades Lashan Corp y CONAMSA Internacional.
Se afirma, además, que muchas de las transferencias fueron efectuadas en bancos ubicados en el extranjero, entre los que están el Meinl Bank Antigua, Antigua Overseas Bank, Banco Continental de Panamá y BSI Bank Panamá, por lo que los montos registrados en los movimientos bancarios de las cuentas en bancos de la República Dominicana pueden variar en relación con las deducciones impositivas de los costos de transferencia.
El procurador Jean Alain Rodríguez dice que mediante certificaciones de la Superintendencia de Bancos se verifican pagos realizados a las cuentas de Lashan Corp en RD por un monto de US$3,712,215.00 y que entre el 2002-2017, como persona física, Rondón percibió a título personal ingresos por un monto de 983 millones 682 mil 226 pesos con 57 centavos y en dólares otros US$2,690,155.73.
Circuito de lavado de activos
Según Alain Rodríguez, Ángel diseñó un circuito de lavado integrado por 34 empresas; 16 en República Dominicana, 15 en Panamá y tres en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales no solo eran utilizadas para la recepción de fondos y el lavado de activos mediante la diversificación de los productos financieros y transacciones bancarias, sino también para la colocación y el ocultamiento del dinero ilícito por medio de la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Entre los bienes adquiridos por sus empresas figuran unas 58 propiedades en distintas localidades del país además de decenas de motores, vehículos de carga, privados y de uso colectivo, dice.
Señala la acusación que Lashan Corp percibió unos 67,234,623 pesos y en dólares 90,280,166.31; Hacienda Los Ángeles del 2006 al 2017 registró ocho productos financieros por 1,210 millones 436 mil 895 pesos con 07 centavos; Consultores y Contratistas Conamsa del 2009 al 2017 registró 22 productos financieros por la suma de 7,193, mil millones 960, mil 937 y dólares por US$104,532,540.92; Agente de Cambio Los Ángeles del 2004 al 2008 RD$86,886,939.51 y US$6,762,839.74,
De igual modo indica que Construcciones y Pavimientos Adanromar (COPADAN) del 2009 al 2017 percibió 4,080 mil millones 402 mil 662 pesos con 04 centavos y US$450,301.47, Arma del 2008 al 2009 RD$78,861,246.84, Agroindustria Los Ángeles del 2013 al 2017 RD$1,922,470,721.00, United Logistic Group VP de mayo del 2012 a enero del 2017 RD$63,482,000.00 y Koomi Trading de octubre del 2014 a julio del 2017 manejó RD$6,444,102.95.
El procurador detalla que Heaven Ocean Management Corp, Madison Consulting Service Corp y Sky River Trading y Halmar Asociados no presentaban actividades económicas y su único objetivo era adquirir bienes inmuebles en distintas partes.
De acuerdo con la acusación presentada por el órgano investigador, Rondón Rijo utilizaba a familiares y allegados para confiarles el control de cuentas bancarias y la propiedad de empresas. Entre ellos citan a su hermano Rafael Rijo Santana quien tuvo el control, “pantalla”, de Conamsa del 2006 al 2008. De igual modo su hija Angelina Rondón Marte quien durante el 2003 al 2017 recibió activos por RD$254,432,717.55 y US$109,297.03 así como su primo Kelly Marius Rondón quien del 2003 al 2017 recibió RD$53,806,302.76 y RD$8,304,870.60.
Describió además que entre los mecanismos utilizados por el imputado figuran las transferencias de fondos entre sus propias empresas.
Díaz y Rondón
La Procuraduría afirma que Víctor Díaz introdujo al sistema bancario a través de sociedades y de sus allegados, más de 35 mil millones de pesos y que el esquema de lavado de activos provenientes del soborno recibido de la Norberto Odebrecht fue a través de la Constructora Solaris, Radiodifusora Sky Land, Inversiones Monttoba, Albox, Myhonos Administration y Oriental Sidewalk.
Explica que tenía un patrimonio de RD$63,532,898 cuando ingresó en 2004 a INAPA y dos años después declaró poseer RD$153,108,646.88, para un incremento patrimonial de más de 89 millones. De igual modo detalla que a una cuenta bancaria del también imputado, le hicieron depósitos por RD$22,615,462 solo en el año 2016.
Añade que en otra cuenta, registró del 2004 al 2007 débitos por RD$30,278,296.45 y que otra abierta de marzo 2006 a diciembre del 2012, registró crédito por 123 millones, 980 mil 201 peso.
La Procuraduría detalla que el primer depósito para la compra de un inmueble en Casa de Campo a nombre de Sky Land fue hecho en el año 2006 por la compañía Proyectos e Inversiones Jomasami, misma que participó como consorciada en la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste, obra contratada por Díaz Rúa.
El 6 de julio del 2011 Lashan Corp de Ángel Rondón, autoriza realizar transferencia de US$674,456.00 a favor de la empresa Almafrío, socia de Albox que a su vez, es propiedad de Díaz Rúa.
El yerno de Díaz Rúa fue contratista de Odebrecht
Otra estructura de lavado fue también la instaurada a través de su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard, afirma el procurador. Describe que en sus cuentas de ahorro recibió transferencias de dos empresas de Rondón Rijo por un monto de US$182,348.83 entre del 2012 al 2013. Leonardo Guzmán constituyó la empresa Indoequipesa el 25 de octubre del 2011 y el 31 de julio del 2012 firmó un acuerdo de acarreo de material de construcción con la empresa Autopista del Coral, un consorcio dirigido por Odebrecht, por un monto de RD$5,971,579.78. Según Odebrecht al también exministro de Obras públicas, quien dirigía esa obra, se le dieron US$6,629,080 a través de Newport Consulting, dirigida por Conrado Pittaluga, imputado por soborno y lavado de activos. Pittaluga entregó a Guzmán US$400,000 amparado en un supuesto contrato de inversión en Indoequipesa, los cuales luego fueron traspasados con maniobras a la compañía Solaris, fundada por Víctor Díaz, dice la acusación. Por concepto de contratos suscritos con Odebrecht recibió US$8,520,179.61 y RD$79,557,640.45 afirma la acusación.

La Procuraduría General de la República afirma en el expediente acusatorio del caso Odebrecht que el empresario Ángel Rondón Rijo incurrió en el delito de lavado de activos al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos del soborno y otros delitos.

Según el expediente del Ministerio Público, la sociedad desarrollada por Rondón para soborno y lavado de activos comprende más de 30 empresas en el país y en el extranjero en las que demuestra su participación accionaria y dominio absoluto. Sociedades, que de acuerdo con la investigación, utilizó para introducir los recursos ilícitos al sistema financiero y posteriormente integrarlo en el mercado nacional.

Agrega además, que Rondón Rijo utilizaba esas sociedades para recibir el dinero de los sobornos de parte de las subsidiarias de la constructora Norberto Odebrecht, para luego poner en movimiento este dinero mediante transferencias a otras de sus compañías o por medio de la apertura de certificados financieros de depósitos cuyos plazos en muchos casos no superaban los dos meses, tal como se puede evidenciar por los abiertos por la empresa Consultores y Contratistas Conamsa en el Banco Múltiple de las Américas (Bancamerica).

El expediente detalla que para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional “Ángel Rondón utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales y adquisición de bienes muebles e inmuebles”.

“De igual modo, contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario para tratar de dar apariencia de licitud al dinero ilícito que al granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía contra el Estado dominicano”.

Detalla (la Procuraduría) que entre los años 2002 al 2017, como persona física percibió a título personal ingresos por un monto de 983 millones 682 mil 226.57 pesos y que en divisa extranjera percibió dos millones 690 mil 155.73 dólares.

Dice que para acumular y mover todo ese dinero y darle apariencia de legalidad a los recursos económicos amasados, diseñó (Rondón) un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas una serie de sociedades comerciales. Esas sociedades sirvieron de plataforma al imputado para adquirir cuentas y otros productos bancarios, en los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero que provenían de los ilícitos cometidos.

“Estos recursos fueron estratificados, a través de su inversión en la adquisición de una diversidad de posesiones -bienes: muebles e inmuebles- donde sobresalen los millonarios activos, los proyectos inmobiliarios, así como compra de villas de veraneo, yates”, indica la acusación.

Y prosigue: “En el período comprendido entre los años 2003-2006 el imputado Ángel Rondón manejaba los valores a través de la sociedades Librec Investment Limited, Arma, S.A., Adeline Group Corp, Roymar, S.A. y Conomsa, S.A, dinero que era utilizado por el imputado para el pago de sobornos”.

Detalla el expediente que entre los años 2006-2014 los fondos ilícitos eran recibidos por medio de las sociedades Lashan Corp. Conamsa y Conamsa International LTD. Asimismo, que la empresa Odebrecht hacía los depósitos a través de las empresas offshores creadas para el esquema de soborno por la División de Operaciones Estructuradas, es decir, de las cuentas ocultas de la multinacional.

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