A Bernardo Castellanos de Moya le impusieron como medida de coerción una garantía económica de 5 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica una vez por mes.
El acusado 14 del caso de sobornos estaba fuera del país cuando comenzaron los apresamientos por el caso, y fue en la noche del miércoles cuando arribó a República Dominicana.
La decisión fue tomada por el juez Francisco Ortega, de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, quien ha conocida las medidas de coerción en esta fase.
Por el caso guardan prisión solo Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, luego de que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia variara la medida de coerción a la mayoría de los imputados.
El Ministerio Público pidió que se le impusieran 18 meses de prisión preventiva, una postura contraria a la barra de defensa de Castellanos, que entiende a su cliente como inocente y que no se le debió ni siquiera apresar.
Los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, y el exfuncionario Roberto Rodríguez, fueron los únicos acusados por el caso de los sobornos de Odebrecht que no apelaron las medidas de coerción que les impuso el juez Francisco Ortega, de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia.
La primera decisión
El juez Francisco Ortega Polanco dictó prisión preventiva y arresto domiciliario en contra de diez de los implicados en los sobornos de Odeberecht, mientras que impuso garantía económica e impedimento de salida a tres legisladores vinculados al escándalo.
Al empresario Ángel Rondón se le envió a la cárcel de La Victoria (finalmente la cumple en Najayo), así como nueve meses de prisión para el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, que igual debían cumplirla en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.
El tribunal también impuso seis meses de prisión en contra del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy González.
De igual forma, el juez dictó tres meses de prisión preventiva en contra del exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo De Oleo Ramírez, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
El juez además dictó prisión domiciliaria por nueve meses en contra de exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, y el exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral sexto.
La segunda decisión
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dispusieron la libertad de seis de los 10 implicados en el caso Odebrecht que interpusieron recursos de apelación.
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dispusieron anoche la libertad de seis de los 10 implicados en el caso Odebrecht que interpusieron recursos de apelación, variando así las medidas de coerción.
El tribunal ordenó la libertad de Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y César Sánchez, y le impuso el pago de garantía economía, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante el Ministerio Público, como medida de coerción.
Asimismo, el tribunal integrado por Miriam Germán Brito, Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Hiroíto Reyes y Esther Agelan Casasnovas, revocó la prisión preventiva que pesaba en contra del abogado Conrado Pittaluga por la de arresto domiciliario, por un periodo de nueve meses.
Igualmente el tribunal, dispuso el mantenimiento en prisión del empresario Ángel Rondón y de Víctor Díaz
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ResponderBorrarLa importancia de guardias entrenados para cuidar prisiones radica en garantizar la seguridad, el orden y el respeto de los derechos humanos. Su capacitación profesional contribuye a mantener un entorno controlado y humano.