Investigarán posible violación a Ley 42-08 en el mercado de seguros para vehículos en RD

SANTO DOMINGO. La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (ProCompetencia) informó que ordenó una investigación sobre la existencia de prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de la Competencia en el mercado de prestación de servicios a través de “casas de conductores” y “casas cárcel”.
En una comunicación de prensa ProCompetencia dice que la investigación parte de una denuncia hecha por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor (FUNJUDECO), de que al momento del consumidor ser obligado a contratar los servicios de determinada “Casa de Conductores” / “Casa Cárcel”, asume un costo de oportunidad, sin haber tenido la opción de identificar de manera adecuada una selección de consumo que le permita maximizar su nivel de bienestar.
La Resolución DE-002-2017 de ProCompetencia indica que esta práctica puede afectar al consumidor porque vulnera su oportunidad de elección.
“Lo anterior deriva en indicios razonables para presumir que en este mercado pudiesen estar ocurriendo prácticas restrictivas de la competencia, especialmente aquellas previstas en el artículo 6 de la Ley General de Defensa de la Competencia, relativas al abuso de posición dominante, que pudieran generar la presentación de un pliego de cargos por parte de la Dirección Ejecutiva, el cual una vez sometido al órgano decisorio pudiese tener como consecuencia la imposición de una sanción en los términos de la Ley No. 42-08 por parte del Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA, en caso de que se evidencie que existen efectos nocivos para el funcionamiento eficiente del mercado”, sostiene la institución.
La Resolución DE-002-2017 expresa, además, que el denunciante ha depositado un número elevado de cancelaciones unilaterales y pólizas inactivas de determinadas compañías aseguradoras por lo que se presume un nivel de descontento por parte de los consumidores afectados en su capacidad de elección.
La Dirección Ejecutiva tiene un plazo de 12 meses para completar su investigación y presentarla al Consejo Directivo para que emita una decisión, dice ProCompetencia en una comunicación enviada a los medios.
Los agentes económicos emplazados tienen un plazo de 20 días hábiles para hacer el depósito de su escrito de contestación y medios de defensa, concluye la nota de prensa.
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