Odebrecht ganó licitación de Punta Catalina, cuyas bases advertían no se podía influir en funcionarios

SANTO DOMINGO. Cuando en 2013 Odebrecht ganó en consorcio la licitación pública internacional para construir la Central Termoeléctrica Punta Catalina, estaba dentro del rango de años en los que, según un expediente judicial, pagó unos US$92 millones en sobornos a oficiales del Gobierno para asegurar contratos públicos: 2001-2014.

Documentos sobre las bases de la licitación fueron directos en especificar al ofertante que no estaba permitido influir en algún funcionario, en cualquier aspecto, para ser beneficiado con el proyecto.

En las páginas seis y siete de las bases de la Fase de Precalificación de la licitación se indica que quienes deseaban presentar credenciales debían incluir una declaración jurada en la que, entre otros aspectos, dieran constancia de que “dicho participante registrado, y cada una de las personas jurídicas que lo integran, en caso de consorcio, no han incurrido ni incurrirán (...) en prácticas corruptas o fraudulentas, incluyendo pero no limitado a (i) el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto a cualquier aspecto de la licitación”.

Agrega que esto incluye “el establecimiento de precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos, y prácticas corruptas o fraudulentas”.

En las bases de la licitación, en el acápite 5.16.1 de los Antecedentes y normas aplicables a toda licitación, de fecha 13 de mayo de 2013, se citaron las causas para descalificar a los participantes.

Se destaca que el Comité de Licitación daría por terminada la participación de cualquier ofertante si este, “cualquier persona jurídica que lo componga, su representante autorizado, accionistas, miembros, administradores, gerentes o cualquier otro empleado, representante, agente o asesor, haya presentado, ofrecido, dado o convenido dar, directa o indirectamente, a cualquier persona que participe o haya participado en la preparación de las bases de licitación (...) una gratificación de cualquier tipo, una oferta de empleo o cualquier otro objeto de utilidad o de valor a título de incentivo en relación con un acto o una decisión del Comité de Licitación, de las empresas distribuidoras, de la Corporación o cualquier otra dependencia del Estado dominicano con motivo de o en relación con la licitación”.

La licitación, realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la ganó el consorcio conformado por la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., de Brasil; Tecnimont, S.P.A., de Italia; e Ingeniería Estrella, SRL, de la República Dominicana. Estas construyen dos plantas a carbón con capacidad neta de 337.39 megavatios cada una, en Punta Catalina, Baní, que forman parte de un plan estatal de modificación de la matriz de generación y disminución del costo de la energía.

Ganador cuestionado

Odebrecht es investigada en el país y en el extranjero tras su admisión de culpabilidad del delito de soborno en varias naciones, por el que compensará a Estados Unidos, Brasil y Suiza con una multa de US$2,600 millones, conforme informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En la República Dominicana, donde habría pagado US$92 millones, llegó a un acuerdo de resarcimiento por US$184 millones con la Procuraduría, cuyos detalles aún no son públicos.

Cuando el 15 de noviembre de 2013 la firma Stanley Consultants anunció el ganador de la licitación de Punta Catalina, se declaró que Odebrecht fue la única que obtuvo la puntuación requerida para ser seleccionada. Consiguió 48.95 puntos en la evaluación técnica; en segundo lugar Posco Engineering, 35.70 puntos; en tercero China Gezhouba, con 34.35, y en último lugar Seebo III, con 29.95. En 2013, el Consorcio IMPE y China Gezhouba Group Company Limited presentaron un recurso contra la licitación ante el Tribunal Superior Administrativo que fue rechazado luego por la Suprema Corte de Justicia. Alegaron que en el contrato de construcción hubo sobrevaluación del costo. En un documento remitido al Congreso Nacional de fecha 8 de mayo de 2014, el Consorcio indicó que la empresa adjudicada “es la de menor calificación técnica comparada con las demás participantes y con el mayor precio económico de las ofertas”.

El monto contratado fue por US$2,040,747,405.23, con un acuerdo de reducirlo hasta un máximo de US$1,945,000,000, en razón de que las partes acordarían “un programa de ingeniería de valor, en un período de seis meses posterior a la fecha de efectividad del contrato”. Los otros tres licitantes que hicieron oferta económica presentaron cifras inferiores al tope de la Ley de Presupuesto de 2014 que era de US$1,500 millones.

El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, informó que hasta diciembre de 2016 la inversión en el proyecto alcanzó US$1,316.4 millones.

Una comisión designada por el Poder Ejecutivo estudia la licitación de Punta Catalina, a raíz de las investigaciones sobre Odebrecht. Los comisionados anunciaron que esperan rendir un informe este mes.

Datos sobre el ganador

48.95
Puntos obtenidos por el contratista ganador de la licitación para la construcción de Punta Catalina.
92 MM
Monto en dólares que Odebrecht pagó como sobornos a oficiales del Gobierno entre 2001-2014, según un expediente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ofertas más económicas y defensa de no sobrevaluación

Una empresa coreana firmó el mes pasado un acuerdo de entendimiento con el gobierno de una provincia de Vietnam para la construcción de una planta térmica de carbón de 1,200 megavatios a un costo de US$1,850 millones, montos inferiores a los US$2,040 millones que el Gobierno dominicano contrató para la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con capacidad neta de 674.78 megavatios.
Según reportan medios asiáticos, Korea Western Power Co. (Kowepo) firmó el 17 de enero un memorando de entendimiento con el gobierno de la provincia Quang Tri para el proyecto energético, cuya finalización está prevista para 2024.
En un artículo publicado ayer en el periódico El Caribe por el economista Andrés Dauhajre, quien participó en una evaluación económica de la central termoeléctrica, este afirma que “la supuesta sobrevaluación de Punta Catalina es la mentira mejor mercadeada en los últimos años en la República Dominicana”.
“El precio ofertado por el Consorcio ganador de la licitación de Punta Catalina (US$2,526/kW-bruto) y el finalmente contratado (US$2,402/kW-bruto), no están sobrevaluados -aseguró-. Todo lo contrario, ambos precios están subvaluados si los comparamos con los precios estimados por entidades del Gobierno y empresas de prestigio de los EE. UU. y con los precios finalmente pagados por gobiernos y empresas de la región en plantas subcríticas de carbón”.

El propio Rubén Bichara informó en 2014 que la empresa había trabajado en el proyecto con antelación

SANTO DOMINGO. “Ellos iniciaron un proyecto y montaron una planta a gas de 600 megas, buscaron financiamiento, equipos, lugares, todo... Cuando tienen todo montado no encuentran el gas, entonces hacen este estudio que costó diez millones de pesos, buscando gas en el mundo. Explican por qué no había gas en el mundo para el proyecto en ese momento y le presentan esto al presidente, el presidente le autoriza entonces que volteen el proyecto y lo hagan a carbón”. La cita es una transcripción que reprodujo el periódico 7dias.com.do el 19 de agosto de 2014, a la firma del periodista Panky Corcino, sobre unas declaraciones emitidas ese mismo día por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicano de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, durante un almuerzo para hablar a la prensa del proceso de licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina.

El texto de la transcripción sigue: “Cuando sale la licitación a cada participante le dio seis meses, ellos (Odebrecht y sus socios) tenían tres años trabajando en eso. Tenía financiamiento para cada tramo del proyecto con una salida de emergencia en adición”. El medio le atribuye a Bichara decir que con esa ventaja, “raro era” que perdieran el concurso.

El consorcio integrado por la Constructora Norberto Odebrecht, Ingeniería Estrella y Tecnimont, que ganó la licitación y ejecuta el proyecto de las plantas de Punta Catalina, habría tenido otras ventajas, sin mencionar los sobornos que admitió pagar a funcionarios en el país para allanar el camino en la ruta por conseguir contratos.

Dos de las empresas que participaron en la licitación, China Gezhouba Group Company Limited y el Consorcio IMPE, se quejaron en varias ocasiones y ante los tribunales, de que el Estado habría acogido a la empresa con la mayor propuesta económica, y con un monto que violaba el tope establecido por el Congreso Nacional.

De hecho, la Ley de Presupuesto General del Estado de 2014 estableció como monto máximo de contratación para la Construcción Planta de Generación Termoeléctrica en US$1,500 millones a ser concertados con la banca internacional.

El monto ofertado por Odebrecht y sus socios fue de US$2,040 millones; en tanto que los otros tres licitantes que hicieron oferta económica presentaron cifras inferiores al tope de la Ley de Presupuesto.

“Se entiende que todos los participantes debían tener precios menor al establecido” reiteró el Consorcio IMPE, para enfatizar sus alegatos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

En noviembre de 2013, otro de los participantes en la licitación de las plantas de Punta Catalina, Posco Engineering y Constructión CO. LTD, pidió a la Dirección General de Contrataciones Púbicas investigar y aclarar las relaciones entre la empresa Odebrecht y la firma Stanley Consultants, contratada por la CDEEE para ser asesora técnica de la licitación, debido a “un posible conflicto de intereses susceptible de afectar la igualdad de los oferentes”.

Alegó que la firma había tenido relaciones comerciales recientes con Odebrecht, y que, “curiosamente”, ese era el único consorcio que no fue descalificado en la primera fase de la licitación.

También el movimiento cívico Toy Jarto, demandó ante Contrataciones Públicas investigar los vínculos entre la asesora y Odebrecht. Para ello presentó un informe de MPR Associates, firma internacional que había sido contratada por Odebrecht para evaluar en 2012 (un año antes de las licitación) un proyecto de plantas a carbón que le había sido ofrecido en venta.

Parte del informe de MPR Associates que presentó Toy Jarto establece: “negociar por parte de Odebrecht un acuerdo de asociación con Stanley Consultants para apoyar el desarrollo de su propuesta para CDEEE y la estimación de costos del proyecto. Contactar a Stanley Consultants para determinar los costos requeridos para completar el diseño de la planta en base carbón ofrecida para la venta por Eastern Kentucky Power Cooporative”.

En su defensa ante Contrataciones Públicas, la CDEEE admite la evaluación MPR Associates , pero aclara que el único rol de Stanley Consultants en el proceso es que ellos fueron los diseñadores de la planta propiedad de Kentucky.

“En ese tenor, cabe destacar, que en la medida de que se trata de un planta disponible para la venta en el mercado, su evaluación y ponderación puede ser considerada por cualquier interesado, entre estos, todos los participantes de la licitación que fuere suspendida, por lo que resulta más que evidente y obvio que no existe vínculo de naturaleza alguna entre Stanley Consultants y Odebrecht.

El consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, a su vez, alegó que las denuncias y solicitudes de investigación en su contra carecían de elementos probatorios contundentes.

La Dirección de Contrataciones, que fusionó ambas instancias, consideró que “si bien es cierto que MPR Associates recomendó a Odebrecht ponerse en contacto con Stanley Consultants y negociar un acuerdo... no menos cierto es que no existe prueba de que dicho acuerdo haya sido formalizado”.