Advertencia: esta historia contiene detalles perturbadores y habla de agresión sexual.
Cuando Mary cursaba su primer año de universidad, se despertó después de una fiesta de fraternidad con moretones y marcas de mordeduras por todo el cuerpo.
Cuenta que le tomó varios días comprender que había sido agredida sexualmente mientras estaba inconsciente.
Luego tuvo que sacar fuerzas para buscar el camino adecuado y denunciar la agresión.
El hombre al que acusó fue finalmente expulsado, pero la policía se negó a presentar cargos tras alegar que faltaban pruebas físicas.
Mary, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, dice que el proceso para lograr algún tipo de justicia fue confuso y decepcionante.
"Aunque el resultado fue positivo, (el proceso) fue emocionalmente agotador y extenuante, porque tuve que compaginarlo con mi adaptación a la vida universitaria", dijo Mary.
"En muchos sentidos, tuve que defenderme por mi cuenta, reuniendo todas las pruebas".
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Mary aseguró que la experiencia con la policía local le causó "una profunda sensación de decepción hacia el sistema".
La forma en que tanto las universidades como el sistema de justicia penal responden a este tipo de agresiones en los campus universitarios vuelve a estar en el punto de mira debido al caso de la Universidad de Cornell.
Una exalumna presentó una demanda civil en la que alega que fue violada por varios miembros de una fraternidad hace dos años y que los fiscales se negaron en su momento a seguir adelante con el caso.
Aunque Mary no estudió en Cornell y su experiencia no está relacionada con dicha institución, defensoras de víctimas de agresión sexual dicen que estas historias son representativas de los desafíos más amplios que supone la respuesta a las denuncias de agresión sexual en los campus universitarios en Estados Unidos.
La compleja red de sistemas y políticas, que varía enormemente de acuerdo a cada centro de estudios, es una de las razones por las que la gran mayoría de las agresiones sexuales en los campus universitarios no se denuncian, según las investigaciones.
"Estos procesos son difíciles de sobrellevar si no se está en una situación de trauma. Si se está, son prácticamente imposibles de soportar", dijo Nancy Chi Cantalupo, profesora asociada de Derecho en la Universidad Estatal de Wayne, quien ha representado a víctimas en campus universitarios.
La exalumna de Cornell
A principios de este mes, la exalumna de Cornell conocida como Jane Doe —el nombre que se utiliza en procedimientos legales en EE.UU. para proteger la identidad de una persona— presentó una demanda contra la universidad de la Ivy League.
Alegó que fue drogada y violada por varios hombres en una casa de fraternidad de la universidad en 2024.
También dijo que Cornell no la protegió ni castigó adecuadamente a los hombres involucrados.
Jane Doe declaró haber denunciado la supuesta agresión a policías del campus, quienes la entrevistaron y proporcionaron información a la fiscalía.
En ese momento, el fiscal se negó a presentar cargos. Sin embargo, esta semana el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reabrió el caso.
Tanto Cornell como Van Houten defendieron la forma en que gestionaron el caso hace dos años.
En un comunicado, la universidad dijo que llevó a cabo "una investigación y un proceso judicial exhaustivos durante varios meses e impuso diferentes sanciones en función de las conclusiones y las circunstancias de cada estudiante".
También argumentó que creó un nuevo marco para abordar las agresiones sexuales en el campus.
Cornell aseguró que siguió los procedimientos establecidos en la ley federal de derechos civiles conocida como Título IX. Esta normativa exige que las universidades cumplan con ciertas normas para la investigación de agresiones sexuales.
Añadió que su investigación derivó en la expulsión del campus de la fraternidad involucrada y en la suspensión o expulsión de los estudiantes implicados.
Dos sistemas de informes complejos
Por lo general, después de que un estudiante denuncia una agresión en el campus, la oficina de Título IX de la universidad determina si la conducta alegada podría constituir una violación de las normas.
Finalmente, ambas partes asisten a una audiencia con un panel de profesores u otros mediadores para presentar pruebas y testimonios sobre el caso antes de que la escuela tome una decisión.
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las sobrevivientes de agresiones sexuales es desenvolverse simultáneamente en el sistema universitario y en la justicia penal.
Ambas instancias "cumplen propósitos diferentes, operan bajo reglas y plazos diferentes y conducen a resultados diferentes", explicó Zoey Scheinblum-Brewer, coordinadora de políticas de la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto, una organización sin fines de lucro contra la agresión sexual.
"La falta de claridad en la información sobre las opciones disponibles a través de estos procesos paralelos puede generar tanta confusión e incertidumbre que algunos estudiantes terminan por decidir no denunciar", afirmó.
Mary afirmó que este procedimiento en su universidad no le quedó claro cuando tomó la decisión de denunciar la agresión.
"Para mí, habría sido bueno saber en qué me estaba metiendo antes de que todo sucediera. Sentí que estaban aprendiendo el proceso junto conmigo", dijo al referirse a los funcionarios de la universidad.
Si bien algunas universidades, como Cornell, tienen acuerdos para compartir información con la policía local, a Mary le dijeron que tenía que acudir a la policía por separado para presentar una denuncia, un proceso que le resultó físicamente agotador.
La abogada de Mary dijo que existían grabaciones de vigilancia de aquella noche en las que se veía a su presunto violador cargándola en brazos y que ella tenía fotografías de sus moretones y marcas de mordeduras.
Sin embargo, la policía le comunicó a Mary que no tenían motivos suficientes para arrestarlo y que el fiscal de distrito prefería dejar el caso en manos de la administración universitaria.
"Me quedé con la sensación de que, como sabían que la universidad estaba 'gestionando' la investigación, podían desentenderse del asunto", dijo.
El departamento de policía local declaró a la BBC que no disponía de los detalles de este caso en particular. La fiscalía local no respondió a la solicitud de comentarios.
Secreto y protección
Las investigaciones universitarias se llevan a cabo a puertas cerradas, dijo Helene Weiss, abogada que ha representado a varias víctimas de agresión sexual en campus.
Ella cree que parte del secreto se debe a la necesidad de proteger la reputación de las instituciones.
"El secretismo del proceso impide que otros estudiantes se enteren. Impide que los testigos se presenten", dijo.
Michael Diamondstein, un abogado de Pensilvania que ha representado a personas acusadas de conducta sexual inapropiada en campus universitarios, dijo que el secretismo ayuda a proteger tanto a la víctima como al acusado.
"Creo que si lo comparamos con lo que enfrentarían en un tribunal, es mucho más fácil y seguro para los estudiantes. Su nombre no se hace público. Los medios de comunicación no los contactan", explicó.
Estudiantes de Cornell criticaron la forma en que la universidad manejó las denuncias de la mujer.
El Cornell Daily Sun, un periódico estudiantil, publicó los nombres de los acusados bajo el titular: "Cornell no lo hará, nosotros sí".
En un comunicado, la universidad afirmó que la ley federal de privacidad "prohíbe a Cornell divulgar información específica sobre estudiantes individuales", por lo que no puede "hacer una declaración pública sobre ninguna otra respuesta disciplinaria".
"Mi única vía"
Numerosos defensores argumentan que es conveniente que las universidades investiguen las denuncias de agresión sexual de forma independiente del sistema de justicia penal.
Procesar casos de agresión sexual es notoriamente difícil: una revisión sistemática reciente reveló que menos del 10% de los casos resultaron en condenas.
En un juicio penal, el fiscal debe convencer al jurado "más allá de toda duda razonable" de la culpabilidad del acusado.
Sin embargo, en un tribunal universitario, la carga de la prueba es menor.
Según el Título IX, la universidad también está obligada a ofrecer soluciones que las fuerzas del orden locales no pueden, como garantizar que un estudiante no esté en la misma clase que su presunto agresor mientras la investigación está en curso y ofrecer prórrogas para la entrega de tareas, dijo Scheinblum-Brewer.
Esta es una de las varias razones por las que las víctimas y los defensores de los sobrevivientes dicen que existen ventajas al contar con dos vías separadas: la universidad y el sistema de justicia penal.
Para Mary, después de que la policía archivara su caso, presentar su denuncia por agresión sexual a través del Título IX se convirtió en la única manera en la que su presunto violador enfrentara consecuencias: la expulsión de la universidad.
"Esta era mi única vía para conseguir algún tipo de justicia", dijo.
Los fiscales del estado de Nueva York informaron este lunes que reabrirán una investigación penal sobre la presunta violación de una mujer hace dos años en la Universidad de Cornell.
La mujer, cuya identidad fue protegida, presentó una demanda civil el 16 de septiembre en la que alega que fue drogada y violada por varias personas en la sede de una fraternidad de la universidad.
"Una vez que determinemos los cargos apropiados, el caso se procesará de la manera más objetiva e imparcial posible" a través de un gran jurado, declaró el lunes el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten.
La Universidad de Cornell dijo que, si bien apoya que el caso se presente ante un gran jurado, "cualquier sugerencia de que la universidad no impuso sanciones contundentes a los involucrados es falsa".
La acusación
La mujer, con el alias Jane Doe, dice en la demanda que, en la noche del 19 de octubre de 2024, siete hombres de la fraternidad estudiantil Chi Phi de Cornell presuntamente la agredieron en un incidente en el que estuvieron involucrados el alcohol y la droga ketamina.
Jane Doe asegura que se encontraba intoxicada cuando se dio la presunta violación y que en ese momento era incapaz de dar su consentimiento a tener relaciones sexuales.
Denunció el incidente ante la Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024.
La demanda también incluye una imagen que supuestamente proviene de un chat grupal de la fraternidad en Snapchat, en el que un participante les dijo a otros miembros, en términos vulgares, que habría la posibilidad de tener un encuentro sexual con Jane Doe.
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El fiscal Van Houten declaró este lunes que, en el momento de la agresión, su oficina concluyó que las pruebas aportadas en la declaración de la demandante ante las autoridades no alcanzaban el umbral legal necesario para presentar cargos.
Afirmó que se puso en contacto con Jane Doe y sus abogados para obtener más información mientras se preparaba para presentar el caso ante un gran jurado.
En el sistema legal de EE.UU., los fiscales convocan a grandes jurados para que evalúen las pruebas y los testimonios y, finalmente, voten si estos justifican la presentación de cargos.
Defiende su relato
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En su declaración, Van Houten incluyó un resumen de lo que Jane Doe le contó al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell en 2024, después de la presunta agresión. Señaló que la declaración difería de las acusaciones expuestas en la demanda.
"La declaración jurada de Jane Doe en noviembre de 2024 no alegaba que la hubieran drogado contra su voluntad ni que hubiera sido víctima de una violación en grupo", dijo el fiscal en un comunicado el lunes.
"Por el contrario, la declaración de Jane Doe describió su participación en el consumo de drogas y en las relaciones sexuales como voluntaria, consciente y consensuada".
Van Houten agregó que los abogados de Jane Doe nunca se habían puesto en contacto con él para indicarle que su declaración original era inexacta ni para pedirle que reconsiderara su decisión de no presentar cargos.
Posteriormente reconoció "la realidad de que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar años de terapia y sanación para procesar y comprender plenamente lo que les sucedió".
La BBC buscó declaraciones del abogado de Jane Doe, Thomas Giuffra.
En una nota enviada este lunes a la cadena CBS, socia de noticias de la BBC en EE.UU., argumentó: "En los días posteriores a la agresión, [Jane Doe] estaba traumatizada, aturdida e incapaz de funcionar o de aceptar el horror de lo que había sucedido. Se encontraba en modo de supervivencia".
Giuffra dijo que Jane Doe nunca habló con nadie más que con el agente que tomó su denuncia inicial, y agregó: "Hubiera esperado, como mínimo, que la hubieran entrevistado varias veces, que las autoridades hubieran recabado pruebas y que se hubiera elaborado un expediente. Esa es la secuencia normal en las investigaciones de delitos graves".
Y añadió: "La postura defensiva que he percibido en las declaraciones de la fiscalía me lleva a creer que reconocen que hubo fallas y que están tratando de justificarlas".
Jane Doe también alegó en su demanda civil que Cornell no la protegió ni sancionó adecuadamente a los hombres involucrados, alegando que a ellos "se les concedió la oportunidad de mitigar su conducta mediante la presentación de ensayos".
Jane Doe sufrió "grave angustia emocional y psicológica, así como lesiones físicas personales" debido al incidente y a la gestión de la universidad, afirma la demanda, y agrega que el caso se difundió rápidamente por toda la universidad.
¿Qué dice la universidad?
En noviembre de 2024, la Universidad de Cornell emitió un comunicado público sobre las "acusaciones graves y profundamente inquietantes de abuso de drogas y violencia sexual en la residencia de la fraternidad Chi Phi", en el que indicaba que su departamento de policía del campus estaba investigando y que había suspendido a la sección local de la fraternidad Chi Phi, así como a "varios estudiantes".
Cornell también indicó que había iniciado una investigación interna, así como una investigación de derechos civiles en virtud de la ley del Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de género en las instituciones educativas que reciben financiamiento del gobierno federal, incluida la mayoría de las universidades.
El lunes, la universidad refutó la acusación de Jane Doe de que no había investigado ni sancionado adecuadamente a los presuntos responsables.
La universidad declaró en un comunicado que el asunto se remitió a un "panel de profesores y personal capacitado" que dictó "una serie de sanciones, entre las que se incluían expulsiones y suspensiones de Cornell".
"A ninguna de las personas acusadas se le ofreció la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación", afirmó Cornell.
Jeremy Saland, abogado de uno de los hombres nombrados en la demanda, negó las acusaciones.
Saland reconoció que su cliente "respondió e hizo un comentario inmaduro en Snapchat", pero "no hizo nada más". Negó que su cliente "hubiera participado en ninguna actividad sexual, ni que hubiera tocado a la demandante de ninguna manera, ni que hubiera consumido ketamina".
El caso ha recibido atención a nivel nacional tras la demanda de la mujer y el anuncio de que el caso sería reabierto. Varias celebridades, entre ellas la actriz Florence Pugh, se han pronunciado al respecto
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