
En la República Dominicana se ha vuelto casi una costumbre mirar el vaso medio vacío, incluso cuando los indicadores muestran una realidad más compleja y, en muchos aspectos, más alentadora. Desde algunos sectores de la oposición y de la opinión pública se insiste en describir al país como si estuviera al borde del colapso, como si nada funcionara y todo avance fuera apenas una ilusión propagandística. Sin embargo, esa narrativa tropieza con un hecho elemental: los datos, cuando provienen de organismos nacionales e internacionales de reconocida credibilidad, no desaparecen porque contradigan el discurso político.
No se trata de negar los problemas. El país los tiene, y algunos son profundos: el alto costo de la vida, la desigualdad, la informalidad laboral, las deficiencias de los servicios públicos, la inseguridad ciudadana y las brechas sociales que una estadística positiva, por sí sola, no puede borrar. Pero reconocer esas dificultades no obliga a desconocer los avances. Una cosa es exigir más y otra muy distinta es sostener, contra toda evidencia, que la nación marcha hacia el fracaso.
Un ejemplo reciente es el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que colocó a la República Dominicana por debajo del umbral internacional de subalimentación y fuera del llamado mapa del hambre. Ese dato no significa que todos los dominicanos tengan garantizada una alimentación adecuada ni que el costo de una dieta saludable haya dejado de ser un desafío. Significa, sencillamente, que el país ha logrado una mejora objetiva en uno de los indicadores sociales más sensibles y que ese avance merece ser reconocido.
Los gobiernos no deben utilizar los buenos indicadores como pretexto para la autocomplacencia, ni la oposición convertir cada dificultad en una prueba del desastre nacional. La democracia necesita una crítica firme, pero también intelectualmente honesta; una crítica capaz de reconocer los avances sin dejar de señalar las tareas pendientes.
La opinión pública tiene derecho a desconfiar, a cuestionar y a exigir mejores resultados. Pero también tiene el deber de valorar los hechos con objetividad. Ningún país progresa ignorando sus problemas, pero tampoco construye un mejor futuro negando sistemáticamente sus logros. La República Dominicana necesita una conversación pública menos dominada por el pesimismo político y más guiada por la evidencia, la razón y el interés nacional.
Los datos no sustituyen el debate político, pero sí deberían elevar su calidad. Las opiniones son libres; los hechos, en cambio, son obstinados. Cuando un país aprende a discutir a partir de la realidad y no de los prejuicios, fortalece la confianza de sus ciudadanos, protege sus instituciones y crea mejores condiciones para corregir lo que aún falta. Una nación madura se construye sobre la verdad completa, no sobre el pesimismo interesado.
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