En muchos casos, las personas descubren el fraude demasiado tarde, al revisar su cuenta y encontrar cargos desconocidos, como compras por $340 en tiendas donde nunca han estado.
Para ese momento, el dinero ya ha sido utilizado por los delincuentes.
Este tipo de fraude suele ocurrir a través de dispositivos conocidos como ‘skimmers’, que se colocan en los lectores de tarjetas.
Estos aparatos pueden ser externos o estar instalados dentro de la bomba de gasolina, lo que los hace difíciles de detectar.
Al insertar o deslizar la tarjeta, el dispositivo captura información como el número y la fecha de vencimiento, e incluso el PIN si hay cámaras ocultas.
Todo esto sucede en cuestión de segundos.
Una vez que los datos son robados, los delincuentes pueden utilizarlos o venderlos rápidamente en el mercado ilegal.
Las tarjetas robadas pueden venderse por unos pocos dólares, y quienes las compran suelen hacer cargos antes de que el titular o el banco detecten la actividad sospechosa.
La reacción del banco comienza en cuanto el cliente reporta el fraude.
En la mayoría de los casos, la institución abre una investigación y está obligada por ley a otorgar un crédito provisional en un plazo máximo de 10 días hábiles mientras analiza la situación.
Sin embargo, algunas entidades pueden procesarlo más rápido.
El proceso de investigación puede durar hasta 45 días, o incluso 90 días si la cuenta es nueva o si el fraude involucra transacciones internacionales.
Durante este tiempo, el acceso al dinero puede variar dependiendo de las políticas del banco.
Si el banco concluye que la transacción fue autorizada, puede retirar el crédito provisional otorgado.
En ese caso, el cliente recibirá una notificación por escrito y tendrá un tiempo limitado para presentar una apelación.
La responsabilidad del usuario depende en gran medida de la rapidez con la que reporte el fraude.
En el caso de tarjetas de débito, si se informa antes de que ocurra cualquier cargo no autorizado, la responsabilidad es de $0.
Si se reporta dentro de los dos días hábiles posteriores, el límite es de $50. Entre dos y 60 días, el monto puede subir a $500.
Después de ese periodo, el titular podría asumir la totalidad de las pérdidas.
Para tarjetas de crédito, la protección es mayor. Bajo la ley federal, la responsabilidad máxima es de $50, aunque muchas instituciones eliminan este costo por completo.
Además, la diferencia clave es que en el crédito se disputa el cargo antes de pagarlo, mientras que con débito el dinero ya fue retirado.
Ante una posible clonación de tarjeta, los expertos recomiendan actuar de inmediato: contactar al banco, bloquear o cancelar la tarjeta, cambiar el PIN, revisar movimientos recientes –especialmente cargos pequeños–, activar alertas de transacciones y, en algunos casos, presentar un reporte policial.
También se sugiere colocar alertas de fraude con agencias de crédito como Experian, Equifax o TransUnion, lo que obliga a los prestamistas a verificar la identidad antes de aprobar nuevas cuentas.
Aunque no siempre es posible detectar el fraude a simple vista, monitorear constantemente las cuentas y reaccionar rápidamente puede ayudar a minimizar el impacto.
En estos casos, no siempre gana quien evita el fraude, sino quien lo detecta a tiempo.
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