
Santo Domingo.– Más de 30 directores regionales y departamentales desvinculados del Ministerio de Agricultura denunciaron que el nuevo titular de la institución se niega a continuar el pago de una deuda superior a RD$130 millones correspondiente a un programa de financiamiento vehicular suscrito durante la pasada gestión, lo que pone en riesgo la incautación de más de 150 vehículos utilitarios entregados a funcionarios del área agropecuaria.
Según un documento de prensa remitido por el exdirector de Comunicaciones de la institución, el periodista Erick Montilla, el programa benefició a directores regionales de las ocho regionales agropecuarias, encargados de zonas agrícolas y responsables departamentales, quienes aportaron un inicial equivalente al 10 % del valor de los vehículos, mientras que el restante sería cubierto mediante pagos mensuales asumidos por el Ministerio de Agricultura, a través de acuerdos gestionados con el Banco de Reservas y el dealer Blady Beato, en La Vega.
De acuerdo con la denuncia, tras el cambio de autoridades, el ministro Oliverio Espaillat instruyó excluir del compromiso financiero tanto a los directores ya desvinculados —que superan los 30— como a otros que aún permanecen en nómina, lo que dejaría a los beneficiarios con cuotas mensuales de hasta RD$90,000 sin respaldo institucional.
Los afectados sostienen que, de no asumir el pago de las cuotas, los vehículos serían incautados por la entidad financiera, lo que implicaría la pérdida del inicial entregado —que en algunos casos asciende hasta un millón de pesos— y de los montos ya abonados por el Ministerio a favor del Banco de Reservas y la cooperativa vinculada al dealer.
Entre los desvinculados figuran el presidente del Frente Agropecuario del PRM, Eulalio Ramírez; los directores regionales Rafael Soto (Sur Central), Juan Mateo (Suroeste), Gregorio Magno (Sur), Pedro Trinidad (Norte), Berny Rodríguez (Noroeste) y Frank Ventura (Nordeste).
El grupo anunció que en los próximos días depositará una comunicación ante el Ministerio de Administración Pública (MAP) para que investigue las desvinculaciones, alegando que se han realizado sin resolución formal, sin carta de destitución y sin el pago de prestaciones laborales.
Asimismo, informaron que, a través de sus abogados, citarán por la vía judicial al ministro Espaillat para exigir la continuidad del Estado en los compromisos asumidos por la administración anterior y el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Los denunciantes hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y al ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, para que intervengan en la situación y, según expresaron, detengan lo que califican como abusos contra dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Hasta el momento, el Ministerio de Agricultura no ha emitido una posición oficial sobre las acusaciones.
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