El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) convalidó este jueves los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en los que se otorgaba la victoria al presidente Nicolás Maduro, pero que son cuestionados por la oposición.
La Sala Electoral del TSJ asumió este caso luego de un recurso interpuesto por Maduro y ordenó hacer un peritaje del proceso electoral.
En la sentencia, se indica que la Sala "certifica de forma inobjetable el material electoral peritado" y "convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela",
Venezuela entró en una crisis post electoral luego de que en la madrugada del 29 de julio, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció unos resultados que supuestamente se correspondían con el escrutinio del 80% de las actas y que, según afirmó, otorgaban una victoria "irreversible" para Maduro.
La oposición, liderada por María Corina Machado, cuestionó esos resultados y afirmó que los datos que tenía en su poder indicaban que el ganador de los comicios había sido el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia.
Las dudas sobre el proceso se profundizaron en las semanas siguientes debido a que el CNE nunca publicó los resultados desglosados por mesas que permitirían auditar el proceso.
Al mismo tiempo, la oposición publicó pocos días después de la votación una página web con lo que afirma son más de 80% de las actas que pueden ser consultadas por cualquier persona y según los cuales González Urrutia habría obtenido 67% de los votos, mientras Maduro habría logrado el 30%.
El oficialismo en Venezuela afirma que las actas presentadas por la oposición son falsas. EL TSJ aseguró haber analizado las actas presentadas por el CNE.
El anuncio del triunfo de Maduro hecho por el CNE fue seguido por una ola de protestas en numerosas ciudades de Venezuela que derivó en una ola de detenciones masivas.
De acuerdo con la ONG Foro Penal hasta este 18 de agosto habían sido detenidas más de 1.500 personas, incluyendo 129 adolescentes y 18 personas con discapacidad.
Al respecto, Maduro ha dicho que el gobierno estaba habilitando dos cárceles de "máxima seguridad" para albergar a los manifestantes, a quienes calificó como "terroristas" y "delincuentes".
Declaran a Edmundo González en desacato
En su decisión, la Sala Electoral del TSJ menciona que González Urrutia "no asistió a ninguna de las fases" del proceso al cual fue citado y se señala que, por tanto, incurrió en desacato del mandato de la autoridad judicial, "conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente”.
Cuando fue citado por el TSJ, González Urrutia anunció que no comparecería por cuanto consideraba que la Sala Electoral estaba usurpando las funciones del CNE y porque al hacerlo se colocaría en una situación de "absoluta indefensión".
La magistrada Caryslia Rodríguez, quien preside la Sala Electoral y el propio Tribunal Supremo de Justicia, dijo también que la decisión sería enviada a la Fiscalía General de la República para que fuera incorporada a la investigación penal que lleva a cabo en torno al proceso electoral y que se relaciona con la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación de desobedecer las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
Esa indagatoria también se refiere a los documentos con los resultados publicados por la oposición en la página web -que según el gobierno son falsos-, así como al suspuesto "ataque cibernético" masivo que habría sufrido el CNE la noche de las elecciones.
Cuestionan imparcialidad del TSJ y del CNE
En un mensaje publicado en la cuenta de X de la secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos de esa organización establecida para indagar sobre lo que a ocurrido en Venezuela en los últimos años, cuestionó la idoneidad tanto del TSJ como del CNE.
"El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela [ha sido] requerido para auditar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre este país alerta sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones", señalaron.
El mensaje agrega que el TSJ y el CNE "han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado".
El texto incluye una cita de Mata Valiñas, presidenta de esa misión, en el que se afirma que "el gobierno ejerce una injerencia indebida sobre decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello [considerado el número 2 del chavismo]".
También se incluye una cita de Francisco Cox Vial, otro miembro de esa misión, quien indica que en 2022 "la Asamblea Nacional modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales, para ser controlada por la misma Asamblea, de mayoría gubernamental, y eligió a los actuales 20 magistrados y magistrada del TSJ".
Además varios de los magistrados tienen o han tenido vínculos directos con el chavismo.
Entre estos destaca la propia presidenta, Caryslia Rodríguez, quien fue electa concejal en 2018 por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, posteriormente, fue alcaldesa encargada del Distrito Capital.
Otro ejemplo es el magistrado Calixto Ortega, quien fue diputado de la Asamblea Nacional por ese partido y fue vicecanciller durante el gobierno de Hugo Chávez.
Además, numerosos juristas y expertos que han analizado las decisiones del TSJ a lo largo de los últimos años señalan que hay un patrón en sus sentencias que, invariablemente favorecen al oficialismo.
En cuanto al CNE, tres de sus cinco directivos son considerados representantes del oficialismo.
Su presidente, Elvis Amoroso, fue diputado por el PSUV y, luego, siendo contralor general de la República fue el responsable de la inhabilitación administrativa que impidió a la líder de la oposición, María Corina Machado, postularse a la presidencia.
La Sala Electoral del TSJ asumió este caso luego de un recurso interpuesto por Maduro y ordenó hacer un peritaje del proceso electoral.
Venezuela entró en una crisis post electoral luego de que en la madrugada del 29 de julio, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció unos resultados que supuestamente se correspondían con el escrutinio del 80% de las actas y que, según afirmó, otorgaban una victoria "irreversible" para Maduro.
La oposición, liderada por María Corina Machado, cuestionó esos resultados y afirmó que los datos que tenía en su poder indicaban que el ganador de los comicios había sido el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia.
Las dudas sobre el proceso se profundizaron en las semanas siguientes debido a que el CNE nunca publicó los resultados desglosados por mesas que permitirían auditar el proceso.
Al mismo tiempo, la oposición publicó pocos días después de la votación una página web con lo que afirma son más de 80% de las actas que pueden ser consultadas por cualquier persona y según los cuales Edmundo González Urrutia habría obtenido 67% de los votos, mientras Maduro habría logrado el 30%.
La presidenta el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, ratificó el fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
Este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, se dirigió al país para convalidar el fraude perpetrado por el chavismo, tras un supuesto escrutinio de las actas de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), también controlado por el chavismo, proclamó al dictador como ganador de la contienda.
El organismo judicial aseguró que perseguirá a los dirigentes de la oposición que publicaron las pruebas de que Edmundo González Urrutia superó ampliamente al dictador.
Sin embargo, hasta la fecha el poder electoral, único ente autorizado para anunciar y demostrar los resultados de lo comicios, aún no ha hecho públicas las actas que demuestren el supuesto triunfo de Maduro.
El TSJ en su fallo leído por la presidente del tribunal dijo que había “certificado indiscutiblemente los materiales electorales y valida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral”, nombrando a Maduro como ganador.
“Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide”, rezó la sentencia que leyó Caryslia Rodríguez, presidenta de la máxima corte.
Más temprano, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado desafió al TSJ a que se atreviera a convalidar el fraude electoral de Nicolás Maduro. A través de su cuenta en la red social X, manifestó: “TSJ: Échenle bola”.
La líder opositora insiste con el desafío que ya había lanzado este sábado durante el multitudinario mitin que congregó a sus seguidores en Caracas, quienes corearon la misma consigna: “Les voy a decir algo: por ahí hay gente que dice que en tres semanas ya pueden haber impreso actas falsas. Ojalá. Échenle bolas, impriman actas falsas”, expresó durante el acto.
Ante eso, los asistentes acompañaron el reclamo coreando: “¡Échenle bola, échenle bola, échenle bola”.
De esta forma, retó al máximo organismo de justicia del país a convalidar el resultado de los comicios en los que las actas demostraron la victoria de Edmundo González Urrutia sobre el dictador chavista.
La coalición que respalda a González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que su candidato ganó por amplio margen las presidenciales y publicó “el 83,5 % de las actas electorales” para reforzar su reclamo, que ha sido respaldado por varios países y organizaciones nacionales e internacionales.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro, sin haber publicado todavía los resultados desagregados, un punto que estaba contemplado en el cronograma de la contienda, lo que ha sido exigido por buena parte de la comunidad internacional.
En otro orden, Machado denunció el miércoles que el régimen de Maduro busca “aterrar” a los empleados públicos para que no se expresen luego de las elecciones del 28 de julio. “Han espiado tus redes sociales, tu privacidad, revisado tu teléfono. Esto es monstruoso, y lo que buscan, lo que pretenden, es aterrar a los empleados públicos, aislarlos, paralizarlos a todos”, dijo la ex diputada.
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