La elección presidencial de este domingo en Venezuela no es una más. El interés desborda a los más de 21 millones venezolanos habilitados para votar y los casi 8 millones que tuvieron que dejar su país y partir al exilio. El mundo estará pendiente de la que se presenta como una oportunidad única de ponerle fin al régimen chavista tras 25 años aferrado al poder. Las encuestas, unánimemente, le vaticinan una derrota aplastante. Pero la dictadura ha sido muy diestra en todo tipo de artimañas para fraguar elecciones.
El dictador Nicolás Maduro, que irá por una nueva reelección, enfrentará a Edmundo González Urrutia, un diplomático de perfil bajo que fue la última carta de la coalición opositora bajo la bandera de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) luego de que el Consejo Nacional Electoral impidiera la inscripción de María Corina Machado, la vencedora en las primarias, y la de una postulante alternativa, Corina Yoris.
Además de 13 fotos de Nicolás Maduro y solo tres de Edmundo González, en el tarjetón electoral figurarán los nombres de Enrique Márquez, Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martínez, Javier Bertucci, Benjamin Rausseo, Claudio Fermín y José Brito. Todos ellos autodenominados antichavistas e independientes, desconocidos por la Plataforma Unitaria que agrupa a la mayoritaria oposición de Venezuela. Todos ellos, también, señalados de hacerle el juego al régimen, fingiendo ser disidencia.
Un total 21.392.464 venezolanos están llamados a votar en estos comicios, dentro y fuera de su país. De la cifra, se estima que cerca de cuatro millones y medio de personas, en edad para sufragar, se quedarán sin poder ejercer su derecho debido a las limitaciones impuestas a nuevos votantes. La mayoría de ellos, migrantes que huyeron de la violencia, persecución política, crisis económica y tantas calamidades provocadas por una severa crisis humanitaria que resultó del ejercicio del chavismo en el poder.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6BCHULKUAGPXX4P3VIM6YTU2QM.jpg 992w)
15.700 centros de votación y 30.026 mesas electorales estarán habilitadas entre las 6.00 a.m. y las 6:00 p.m. (hora local) para atender a quienes decidirán el futuro de Venezuela en un proceso 100% automatizado, como ya se acostumbra desde hace más de una década. El horario podrá extenderse mediante un anuncio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el alargue es también una costumbre y en simultáneo parte de las tantas maniobras que aplica el chavismo para abultar sus números.
La cédula de identidad, aunque esté vencida, es el único requisito necesario para votar, cualquier otro requerimiento será violatorio de la ley y de la propia Constitución.
La seguridad del país y de los centros de votación corren por cuenta del Plan República. Los funcionarios militares se ocupan del resguardo y despliegue del material electoral, de organizar a los electores para el ingreso a los centros, así como del orden público.
La unción de González Urrutia
Pese a que más de dos millones de personas votaron en octubre del año pasado a Machado en las primarias opositoras para ser la rival de Maduro este 28J, quedó fuera de la boleta electoral por una sanción de la Contraloría, que responde al oficialismo. Después de idas y venidas, y negociaciones de última hora, González Urrutia, un ilustre desconocido de 74 años, se convirtió en el candidato formal de la oposición mayoritaria.
Pero, Machado es la cara de la campaña, lleva meses recorriendo el país en auto, porque las autoridades le impiden tomar un avión. Congrega multitudes en cada pueblo que visita y con un discurso esperanzador promete una lucha “hasta el final” por la democracia venezolana.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MTAXMRUYNXPOTNKL3B6UFI7Q6M.jpg 420w)
El Tribunal Supremo ratificó en enero de 2024 la inhabilitación de Machado, que ella acusa de ilegal. En su momento, la coalición opositora intentó inscribir una primera candidatura también aprobada por Machado, la de Corina Yoris, que fue bloqueada. Finalmente, presentó la de Edmundo González Urrutia de manera provisional.
“Creían que cerrándome el camino la gente iba a decir ‘hasta aquí llegamos’ y lo que ha ocurrido es todo lo contrario”, dijo la líder después de un mitin tras la ratificación de González como abanderado de la PUD. “La gente me dice ‘yo voto por el que tú me digas’ y lo agradezco en el alma porque demuestra una gran confianza”.
En tan solo cien días, el ex embajador Edmundo González Urrutia emergió de la oscuridad para convertirse en uno de los principales candidatos a la presidencia de Venezuela, respaldado por la mayor coalición opositora.
González Urrutia ha sido claro en que no esperaba ser el candidato presidencial, ya que nunca había compitió por un cargo de elección popular, ni siquiera durante su tiempo como estudiante en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde obtuvo su licenciatura en Estudios Internacionales en 1970.
“Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral”, declaró tras ser confirmado como el abanderado opositor.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SWB35F5LIUUO2TBWDAKALQE5GQ.jpg 420w)
Durante su campaña, González Urrutia ha demostrado ser un político atípico en el contexto venezolano, con un estilo de hablar pausado y siempre preparado con discursos breves pero contundentes. Su mensaje se ha centrado en la promesa de mejorar los servicios básicos, como la luz y el agua, así como la educación y la sanidad. Sin embargo, ha puesto un énfasis especial en la reinstitucionalización del Estado y la reconciliación entre los venezolanos.
Su alianza con María Corina Machado es clara y larga. A ella le ha prometido públicamente el cargo “que ella quiera” dentro de su gobierno, de ganar la elección.
Maduro, el hijo de Chávez
Después de 11 años en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro, aspira este domingo a lograr su tercer mandando. De imponerse, el autodenominado “hijo de Chávez”, se asegurará el poder por 18 años continuos, superando al dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernó por 27 años en total, durante tres periodos diferentes entre 1908 y 1935.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EMPHJYMK47QNVSUFRQDV4IUF24.jpg 420w)
Maduro, también es un líder ungido, pero por Hugo Chávez como su sucesor en diciembre de 2012 antes de su muerte. Desde entonces ha gobernado Venezuela con “mano de hierro” desde 2013, en medio de acusaciones de violaciones a los derechos humanos y una intensa represión y persecución de la oposición.
Además de chofer de autobús, Maduro fue parlamentario, canciller y vicepresidente durante el mandato de Chávez. También fue líder sindical mientras era parte de la plantilla de trabajadores del Metro de Caracas.
Fue formado en Cuba. Se define a sí mismo como “marxista”, “cristiano” y “bolivariano”. Su imagen está basada en ser un presidente obrero, cercano a los más necesitados y, sobre todo, antiimperialista.
Durante su estadía en Miraflores, Maduro ha enfrentado masivas manifestaciones de la sociedad civil en su contra. Particularmente en 2014 y 2017, las movilizaciones fueron severamente reprimidas por las fuerzas militares y policiales. La Corte Internacional de Justicia abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de 2017, que dejó centenares de muertos. Asimismo, enfrentó una batería de sanciones internacionales tras su reelección en 2018, que desconocida por medio centenar de países debido a las irregularidades en el proceso de votación.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FP2ZFJHUJHW32RMPETL56S3BTA.jpg 992w)
Desde la llegada de Maduro al poder, Venezuela atravesó una crisis económica sin precedentes: el PIB que se redujo en un 80% en 10 años, hubo cuatro años seguidos de hiperinflación y se registró una grave crisis humanitaria por falta de alimentos, medicamentos e insumos básicos.
Maduro ha sobrevivido a escándalos de corrupción, supuestos atentados y una orden de búsqueda y captura por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ofrece una recompensa por él de 15 millones de dólares.
El control de las instituciones del Estado y el firme apoyo de las fuerzas armadas, y los cuerpos de seguridad, han sido los pilares fundamentales de la permanencia de Maduro en la Presidencia de Venezuela a pesar de las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y censura.
Campaña, denuncias y observación
Durante los meses previos a la elección presidencial en Venezuela, más de 300 personas vinculadas con la oposición del país fueron detenidas. Llovieron las denuncias sobre persecución, censura y amedrentamiento en contra de la disidencia y se suspendió la participación de la Misión de Observación de la Unión Europea.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/RYUJEB2IKJD3PJN4C33WCLUP3Q.jpg 420w)
Solo el Centro Carter, un puñado de técnicos de la ONU y un grupo de invitados especiales del Consejo Nacional Electoral participarán como veedores del proceso. Por lo que la oposición ha apostado por la defensa ciudadana del voto a través de la capacitación y acreditación de testigos electorales en todo el país.
El nivel de detención durante la campaña electoral fue tan elevado que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo la semana pasada estar asustado tras la advertencia de Maduro de “baño de sangre” si la oposición gana las elecciones. “Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas (en el poder). Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección”, comentó. Todo ello redundó en una mayor preocupación por parte de la comunidad internacional sobre los resultados de los comicios y el destino del país.

Pocas semanas después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Venezuela vivió una incierta elección presidencial en la que Nicolás Maduro, sucesor del fallecido mandatario, se impuso al opositor Henrique Capriles por unos pocos miles de votos.
Este domingo, 11 años después, de nuevo la oposición acude unida a unas presidenciales en las que, pese a los obstáculos, podría derrotar al chavismo, algo a lo que renunció en las elecciones de 2018 por considerar que no había condiciones justas para una elección competitiva.
Los comicios en los que el actual mandatario Nicolás Maduro competirá con Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria -que agrupa a los partidos opositores de mayor peso-, son los primeros ocurridos en el último cuarto de siglo en los que la oposición goza de una evidente ventaja en las encuestas.
“Esta es la elección más compleja que ha enfrentado el chavismo y la mejor que ha enfrentado la oposición en términos de su capacidad de obtener un resultado favorable, fundamentalmente debido al alto nivel de deseo de cambio y de apoyo al candidato opositor”, dice Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis, en una entrevista con BBC Mundo.
“Este es el momento donde hay mayor fuerza de preferencia opositora de cualquier evento presidencial en 25 años de revolución (bolivariana), o sea, es la mejor posición que la oposición ha tenido y el riesgo más alto que el gobierno ha enfrentado”, agrega.
Final de Recomendamos
Aunque durante meses numerosas encuestas independientes han otorgado una ventaja de más de 20 puntos a González Urrutia y han indicado un marcado rechazo hacia la reelección de Maduro, desgastado por la larga crisis del país, los analistas advierten que los resultados están lejos de estar garantizados.
¿Por qué? En primer lugar, por los obstáculos que han enfrentado los opositores.
Las denuncias

Desde 2023, cuando se realizó la elección primaria para escoger al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, la oposición viene acusando al oficialismo de actuar con ventajismo de cara a estos comicios.
La principal queja se refiere a la inhabilitación política de María Corina Machado, a quien, pese a haber ganado con una votación abrumadora las primarias de la oposición, no se le permitió inscribir su candidatura presidencial debido a una sanción administrativa de la Contraloría General de la República.
Más allá de rechazar que Machado realmente haya incurrido en alguna falta, la oposición ha recordado que -según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- la inhabilitación de candidatos solo debe imponerse tras una condena judicial en un proceso penal y no por un procedimiento administrativo.
Esa medida fue anunciada en junio de 2023 por el entonces contralor general de la República, Elvis Amoroso, quien actualmente preside el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ha sido diputado a la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Ante la imposibilidad de inscribir la candidatura de Machado y de la suplente que esta eligió -la profesora universitaria Corina Yoris-, la Plataforma Unitaria terminó postulando a González Urrutia, un diplomático retirado de 74 años que hasta hace meses era desconocido para la mayor parte de los ciudadanos, pero cuya postulación rápidamente escaló en las encuestas.
La oposición ha acusado a los cuerpos de seguridad y de otras instituciones del Estado de someterla a un acoso sistemático con miras a dificultar los actos de campaña de Machado, González Urrutia y de otros dirigentes.
En lo que va de año y hasta el pasado 16 de julio se habían registrado en Venezuela 102 detenciones de personas vinculadas con la oposición, de las cuales 77 ocurrieron desde el inicio formal en julio de la campaña, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
A esa lista hay que sumarle el nombre de Milciades Ávila, jefe de seguridad de Machado, que fue detenido el 17 de julio y liberado bajo condiciones al día siguiente.
Muchos de los detenidos son coordinadores de comandos de campaña de la oposición en distintos estados del país, dirigentes o simpatizantes de los partidos de la Plataforma Unitaria.
Adicionalmente, hay seis colaboradores cercanos de Machado refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, de donde no han podido salir debido a que el gobierno venezolano los acusa de estar vinculados con planes desestabilizadores.
La oposición también ha denunciado que otras instituciones del Estado -como el ente recaudador de impuestos, Seniat- han sancionado a hoteles y restaurantes que han prestado servicios a los equipos de campaña de la oposición.
El gobierno de Maduro asegura que estas decisiones son respetuosas de la ley y niega que se trate de represalias políticas.
Una elección "semicompetitiva"

En el terreno directamente electoral, la oposición ha denunciado que el CNE impuso un calendario muy ajustado y un conjunto de restricciones indebidas para impedir que los venezolanos en el extranjero puedan votar.
No es un detalle menor. De los más de 7,7 millones de venezolanos fuera del país, solamente hay 69.189 inscritos para votar, de acuerdo con datos del Registro Electoral Preliminar citados por el sitio especializado en elecciones Votoscopio.
Es una cifra ínfima si se considera que en el extranjero hay entre 3,5 millones y 5,5 millones de venezolanos en edad de votar, de acuerdo con diversos expertos.
Una parte de estos venezolanos, como los residentes en Estados Unidos o en Ecuador, no podrán votar porque los consulados en esos países están cerrados.
Otros, sin embargo, no lograron inscribirse o actualizar su registro en los consulados de los países donde viven debido al calendario restringido impuesto por el CNE o porque la ley electoral aprobada bajo el chavismo exige requisitos difíciles de cumplir por la reciente diáspora, como la posesión de un permiso de residencia o de un pasaporte venezolano vigente.
Esta limitación al voto en el extranjero es vista como un mecanismo aplicado por las autoridades para reducir indirectamente los votos de la oposición que históricamente es favorecida de forma abrumadora por los venezolanos fuera del país.
La oposición también se ha quejado de que solo dos de los partidos que forman parte de la Plataforma Unitaria fueron habilitados para postular candidatos en el tarjetón. Así, el rostro de González Urrutia solamente aparecerá tres veces (incluyendo la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática, la alianza opositora que precedió a la PU), mientras que el de Maduro está en 13 tarjetas.
Además, cuestionó que el CNE retirara la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea, medida que en su opinión resta credibilidad y transparencia a los comicios.
El expresidente de Argentina Alberto Fernández también dijo que ya no asistiría como veedor de los comicios, pues el gobierno venezolano le indicó su deseo de que no lo hiciera después de que Fernández se hizo eco de una frase del mandatario de Brasil, Lula da Silva, quien dijo que si Maduro era derrotado en las urnas, debía aceptar su derrota.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil también canceló el envío de una misión de observación electoral luego de que Maduro cuestionara la fiabilidad del sistema de votación brasileño.
Este conjunto de restricciones hacen que las presidenciales en Venezuela sean catalogadas por Luis Vicente León como “elecciones semicompetitivas”.

“Es una elección donde el gobierno tiene ventajas en términos de control institucional, de recursos, de comunicación, de movilización. En Venezuela no tienes una elección transparente y competitiva, lo que tienes es una elección donde hay niveles suficientes de competitividad que han hecho que la oposición decida participar a pesar de las dificultades”, comenta.
El experto compara este proceso con un juego deportivo en el que el gobierno ya tiene anotados a su favor algunos puntos antes de que el partido comience, pero al que la oposición ha decidido acudir de todas formas porque cree tener fuerza suficiente para superar esa desventaja.
Esa disposición a participar “a pesar de las barreras o de la cancha inclinada” es, junto al deseo de cambio de los ciudadanos, lo que diferencia estas elecciones de comicios anteriores como los de 2018, en los que la oposición no quiso participar por no considerarlos competitivos.
Jesús Seguías, consultor político y experto en gerencia de crisis, coincide en señalar en que las dificultades que enfrenta la oposición ahora son similares a las que hubo en el pasado.
“En este momento, hay los mismos obstáculos de las presidenciales de 2018 [en las que la oposición se abstuvo] y que en las parlamentarias de 2015. En esa ocasión, con una autoridad electoral controlada totalmente por el gobierno, inhabilitaron a varios partidos y candidatos de la oposición, usaron los poderes del Estado e hicieron lo impensable, pese a lo cual la oposición arrasó en las votaciones”, dice Seguías a BBC Mundo.
“Los obstáculos han existido siempre”, agrega.
Lo que se juega el chavismo
Durante el último cuarto de siglo, el chavismo ha controlado prácticamente todas las palancas institucionales en Venezuela.
La gran excepción ocurrió con la victoria de la oposición en las parlamentaria de 2015 y, entonces, esa Asamblea Nacional fue vaciada de poder por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, formada por jueces nombrados por el oficialismo, y por la elección de una Asamblea Constituyente chavista.
De resto, los espacios controlados por la oposición han estado limitados a un puñado de gobernaciones y a una parte minoritaria de las alcaldías.
Nada de esto es comparable con lo que está en juego este 28 de julio: el Poder Ejecutivo en un país con vocación presidencialista.
Y en el caso del oficialismo venezolano arriesga mucho más: la continuidad de un proyecto político.
Así lo ha promovido Maduro, quien este jueves presentó la última actualización del llamado "Plan de la Patria", el nombre que Chávez le daba a su programa de gobierno.
Pese a haber ganado decenas de elecciones en estos 25 años, el proyecto chavista ha sido construido sobre la base del rechazo a la alternancia política y con vocación de permanencia, como deja claro uno de sus lemas: "No volverán".
En el caso de Maduro y otros altos jerarcas como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, o de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido oficialista PSUV, entregar el poder tiene la dificultad añadida de que les dejaría expuestos a una serie de investigaciones y sanciones internacionales.
Algunas de estas sanciones podrían ser levantadas sin dificultad, pues fueron impuestas precisamente para presionar por un proceso electoral competitivo en Venezuela.
Esa posibilidad de olvido, sin embargo, no está tan clara en el caso de las investigaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos, como la que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Venezuela, aunque en esta -hasta ahora- no hay ninguna persona en particular que haya sido señalada hasta ahora.
Poder institucional vs deseo de cambio

Aunque las encuestas colocan a la oposición en una posición favorable, tanto León como Seguías advierten que los resultados al final dependerán de la movilización de los votantes de cada opción.
“A la oposición lo único que le interesa es que sus electores vayan a votar de forma masiva, porque si no lo hacen, gana el gobierno en forma automática”, dice Seguías a BBC Mundo.
El experto considera que aunque el conjunto del sistema electoral venezolano tiene muchas “perversiones” (como las inhabilitaciones o la exclusión masiva de votantes en el exterior), el sistema de votación en sí es muy confiable pues los votos son consignados tanto de forma electrónica como manual.
“Lo más importante para la oposición es que acuda a votar el mayor número posible, por encima del 70%, que es lo que va a ocurrir seguramente el 28; y que haya representantes de la oposición en cada mesa electoral para garantizar que los votos se cuenten correctamente”, apunta.
Los venezolanos votan en una máquina que emite un comprobante de papel que se deposita en una caja, lo que permite contrastar luego los resultados que arroja la máquina con el conteo de los votos en papel.
Luis Vicente León advierte que la oposición es favorita en términos de preferencia en las encuestas, pero el gobierno tiene una mayor capacidad para mover a sus seguidores a votar.
“En Venezuela estás cometiendo un error si no entiendes cuál es la capacidad de movilización del gobierno que, obviamente, es superior a la de la oposición, porque el gobierno tiene recursos, maquinaria y capacidad de presión y eso lo lleva a una cosa que se llama movilización inducida; mientras que la oposición tiene una movilización espontánea y voluntarista que depende del deseo de la gente de votar”, señala.
Así, desde su punto de vista, esta no debe verse como una elección entre las preferencias de uno y otro, sino entre las preferencias de uno y la capacidad organizativa, de movilización, de control institucional del otro.
“¿Cuál va a ser más fuerte? Lo vamos a ver el día de la elección. Esos escenarios están abiertos”, concluye.

En el caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral de ese país decidió cancelar el envío después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diera unas declaraciones sobre el sistema de votación brasileño donde cuestionaba su fiabilidad.
En concreto, Maduro dijo durante un mitin que los sistemas electorales de Brasil, Estados Unidos y Colombia no eran auditables.
“En Brasil ni una sola cédula es verificada”, dijo. Y añadió que en Venezuela se realiza “verificación en tiempo real del 54 % de las urnas”.
El tribunal brasileño contestó con un comunicado en el que recalcaba su decisión de no enviar técnicos por este suceso.
“Ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas, que, contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas, son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos”, reza el comunicado.
Señalaron además que era “inadmisible” que se descalificara la “seriedad e integridad” de las elecciones y las urnas electrónicas de voto en Brasil.
Hace una semana, el TSE brasileño había aceptado la invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para participar en la elecciones después de rechazarla hace un mes sin que trascendieran los motivos.

Esto ocurre también días después de que el presidente brasileño, Lula da Silva, interpelara a Maduro.
"Maduro necesita aprender que cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas", dijo este lunes Lula a varios medios, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.
“Si Maduro quiere contribuir a resolver el retorno del crecimiento en Venezuela, el retorno de la gente que se fue de Venezuela y establecer un estado de crecimiento económico, tiene que respetar el proceso democrático", reiteró el mandatario brasileño.
Aliados sin invitación
Por su parte, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández dijo que el gobierno venezolano le revocó la invitación que previamente le hicieron para participar como veedor de los comicios.
“El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Según Fernández, la razón que le dieron para revocar la invitación es que, unas declaraciones dadas por a un medio argentino causaron “molestias” y generaron “dudas” sobre su imparcialidad.
Al poco de las declaraciones de Lula, Alberto Fernández dijo que “si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar (…)el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia”.
“No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien”, dijo Fernández durante una entrevista radial con un medio argentino.

“Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”, añadió Fernández en la denuncia que hizo en su cuenta de X.
“Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral”, señaló.
En mayo el CNE revocó la invitación de a la misión de observadores de la Unión Europea, después de que la UE ratificara la mayor parte de sanciones que pesan contra funcionarios venezolanos.
Esta invitación formaba parte del Acuerdo de Barbados, un pacto entre gobierno y oposición sobre derechos y garantías electorales.
Sin participación de Colombia
Esta semana también se especuló sobre si Colombia enviaría una misión de observadores con el canciller Luis Gilberto Murillo al frente. Sin embargo ya hace una mes el funcionario había confirmado que no habrá presencia de funcionarios colombianos en el país vecino en calidad de observadores.
“Teníamos la intención obviamente de poder enviar unos observadores técnicos. Tuvimos conversaciones con la Misión de Observación Electoral (MOE) para hacerlo; sin embargo, por el tiempo no podía estructurar una observación con las características técnicas que exigida la MOE”, indicó Murillo a la prensa a finales de mayo.
En cambio sí tomará parte de la observación internacional la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que, a petición del CNE, dijo que enviará a cuatro expertos para proporcionar al secretario general de la ONU “un informe independiente e interno” sobre el desarrollo general de las elecciones.
También formará parte de la observación internacional el Centro Carter.
El gobierno de Venezuela asegura que más de 600 invitados internacionales acompañarán el proceso electoral.
0 Comentarios