La defensa de varios de los subalternos del exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, han aprovechado el transcurrir en la audiencia preliminar del caso Antipulpo para manifestar su "inconformidad" con relación al acuerdo llegado por este y el Ministerio Público (MP).
Uno de ellos fue Otoniel Bonilla, abogado de Víctor Encarnación Montero, quien solicitó que ese acuerdo sea anulado por el tribunal.
“El funcionario de autoridad que es el único responsable de lo que allí aconteció, no puede derivarse de su atención de responsabilidad contra otros subalternos como se pretende”, explicó Bonilla a reporteros en el Palacio de Justicia.
El mismo señaló que el Ministerio Público modificó el plano fáctico, amañando la acusación, le ha concedido violaciones a la ley y violó los criterios de la ejecución de la pena.
“Delitos de lavado de activos prevén penas de 10 a 20 años, multas de 200 a 400 salarios mínimos y la inhabilitación permanente de funciones públicas”, agregó el jurista al tiempo que aseguró, que en la negociación que hizo el extitular de la Oisoe con el órgano persecutor, es una irresponsabilidad, debido a que su posición de funcionario público lo convierte en un agravante.
“Bien puede el órgano persecutor negociar con un imputado, pero en este caso, lo hizo violando la ley, ese acuerdo fue planteado violando los derechos de otros y ese es el fundamento esencial que hemos mostrado ante el juez”, añadió el abogado.
De su lado, Lina García, quien era la encargada del departamento Jurídico de Oisoe en la gestión de Pagán, indicó que los señalamientos realizados por este con relación a los actos ilícitos son una "mentira".
"Está mintiendo, es una mentira, los contratos llegaban allá con instrucciones muy precisas y señalamientos del señor Pagán en su labor de jefe que eso se aprobara rápido", exclamó García al tomar su turno en la audiencia preliminar.
El exdirector de la Oisoe se declaró culpable de los hechos que se le imputan a cambio de su colaboración y el Ministerio Público le solicitara al juez del juzgado del Séptimo Juzgado de la Instrucción, lo condene a cinco años de prisión, con dos suspendidos.
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