La prolongada saga del Título 42, el conjunto de poderes de emergencia que permite a los funcionarios fronterizos de Estados Unidos rechazar rápidamente a los migrantes, ha sido caótica en la frontera con México. En Washington no se ha desarrollado mucho mejor.
La Corte Suprema sopesa si mantiene los poderes vigentes luego de meses de enfrentamientos jurídicos iniciados por estados gobernados por republicanos después de que el gobierno del presidente Joe Biden decidió poner fin a la política de la era de Donald Trump, que iba a caducar esta semana hasta que la corte accedió a examinar el caso.
El gobierno aún tiene que establecer cambios sistémicos para gestionar un aumento esperado de inmigrantes si las restricciones llegan a su fin. Y un proyecto de ley bipartidista de inmigración en el Congreso ha sido enterrado justo cuando los republicanos están por tomar el control de la Cámara de Representantes.
En resumen, Estados Unidos está de vuelta en donde ha estado ya. Una nación dividida no puede ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser una solución a largo plazo para el sistema de inmigración. Preguntas básicas —por ejemplo, ¿debería permitirse la entrada a más inmigrantes, o a menos?— siguen sin respuesta. Mientras tanto, el sistema de asilo continúa bajo intensa tensión por el creciente número de migrantes que arriban.
El gobierno de Biden ha sido renuente a tomar medidas de línea dura que se parezcan a las de su predecesor. Eso resultó en un aluvión de críticas de los republicanos, que están utilizando el Título 42 para acusar al presidente de ser ineficaz en lo que respecta a la seguridad fronteriza. Las reglas fueron introducidas como una medida de salud de emergencia para evitar la propagación del COVID-19.
“Los demócratas han perdido la guerra de la narrativa sobre esto”, dijo Charles Foster, un abogado de inmigración de Texas que fue asesor de política migratoria del presidente republicano George W. Bush, pero que ahora se considera independiente. “La tragedia es que los demócratas, más que nadie, deberían centrarse en este tema, porque a menos que sea arreglado y hasta que eso ocurra, y la percepción cambie, nunca conseguiremos que el Congreso apruebe nada”.
Quienquiera que venga a Estados Unidos tiene derecho a solicitar asilo, pero las leyes establecen un margen estrecho sobre quién lo obtiene realmente. En el gobierno de Biden, los migrantes que llegan a la frontera a menudo ingresan al país y se les permite trabajar mientras sus casos se resuelven. Ese proceso se lleva años en llegar a una conclusión debido a una acumulación de 2 millones de casos en el sistema judicial de migración que se vio exacerbada por las reglas de la era de Trump.
El Título 42 le permite a los funcionarios fronterizos negarle a las personas el derecho a solicitar asilo, y lo han hecho 2.5 millones de veces desde marzo de 2020. La autoridad sanitaria de emergencia ha sido aplicada desproporcionadamente a las personas de países que México accedió a recibir de vuelta: Guatemala, Honduras, El Salvador, y más recientemente Venezuela, además de los mexicanos.
“No habrá un buen momento, políticamente hablando”, para poner fin a las restricciones, dijo Jorge Loweree, del organismo activista American Immigration Council. El gobierno debería haberse estado preparando todo este tiempo para crear un mejor sistema para quienes solicitan asilo, agregó.
“Ha permitido que la otra parte convierta este problema en un arma. Y cuanto más tiempo permanezca vigente, más tiempo será efectiva el arma”, destacó.
La autoridad del Título 42 fue invocada por primera vez en el punto álgido de la pandemia de COVID-19 por Trump, cuyas políticas de migratorias estaban enfocadas en mantener fuera a la mayor cantidad de migrantes posible. También redujo drásticamente el número de refugiados a quienes se les permitía ingresar al país, agregó restricciones al proceso de asilo que obstruyeron el sistema, mantuvo a los inmigrantes detenidos y redujo las vías para poder inmigrar legalmente.
Biden ha trabajado para expandir la inmigración legal y ha eliminado algunas de las políticas más restrictivas de Trump. Pero su gobierno mantuvo la política vigente hasta esta primavera, e incluso amplió su uso después de anunciar que terminaría.
Los republicanos dicen que habrá aún más caos si se levanta. Pero incluso con el Título 42 en vigor, los funcionarios fronterizos han estado topándose con más migrantes que nunca antes. En el año presupuestario que finalizó el 30 de septiembre, se detuvo a inmigrantes 2,38 millones de veces, un 37 % más que las 1.73 millones de veces del año anterior.
“No sé por qué les toma tanto tiempo tomarse en serio la disuasión”, dijo la senadora republicana Shelley Moore Capito con respecto al gobierno de Biden. Capito es miembro entrante del liderazgo republicano en el Senado y la principal senadora republicana de la comisión que supervisa el dinero que va al Departamento de Seguridad Nacional, la agencia federal que se encarga de la seguridad en las fronteras.
Los funcionarios fronterizos se han preparado para un aumento esperado, y los migrantes que han llegado no están seguros de cómo funcionarán los procesos de asilo cuando finalice la política. Los funcionarios de Seguridad Nacional han reportado un procesamiento más rápido para los inmigrantes detenidos en la frontera, más carpas para detenciones temporales, incrementos de personal y más procesos penales contra los contrabandistas.
Dicen que se ha avanzado en un plan anunciado en abril, pero que se necesitan cambios a gran escala. Mientras tanto, los líderes republicanos del Senado rechazaron un proyecto de ley bipartidista de inmigración que habría abordado algunos de estos asuntos.
La división no sólo se da dentro del Congreso. Uno de cada tres estadounidenses adultos cree que hay un proceso en marcha para reemplazar a los estadounidenses nativos por inmigrantes con el fin de obtener victorias electorales, según una encuesta de AP-NORC.
Biden y sus asesores han dicho que trabajan para desviar a los migrantes que parten de Centroamérica y para brindar ayuda a las naciones más pobres de las que salen gran cantidad de personas con rumbo a Estados Unidos. Pero lo que el presidente puede hacer es limitado si el Congeso no actúa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el gobierno incrementa la asistencia a la frontera y continuará haciéndolo. Pero “la eliminación del Título 42 no significa que la frontera esté abierta”, advirtió. “Cualquiera que insinúe lo contrario simplemente está haciendo el trabajo de esos contrabandistas, que una vez más están difundiendo información errónea, lo cual es muy peligroso”.
El Senado aprobó el jueves un proyecto de ley de gastos para un año que le daría a la Patrulla Fronteriza 17% más dinero, así como 13% adicional para que el Departamento de Justicia desarrolle un sistema electrónico de gestión de casos para los tribunales de inmigración.
Pero los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, que son centrales en el proceso de asilo, sólo obtuvieron un tercio de lo que Biden había propuesto para acelerar el sistema.
Los demócratas, por su parte, dicen que quieren políticas que reflejen la reputación de Estados Unidos de ser un refugio para quienes huyen de la persecución. Pero no pueden ponerse de acuerdo sobre cuáles deben ser dichas políticas.
El senador demócrata Dick Durbin ha trabajado en el tema durante 20 años. Esta semana se paró en el pleno del Senado y sonó abatido mientras hablaba acerca de que el Congreso no podía aprobar la reforma.
“Es una pesadilla humanitaria y de seguridad que sólo empeora”, dijo. “Estamos siendo inundados en la frontera por personas que quieren estar en Estados Unidos, estar seguras en Estados Unidos”.
¿Por qué no puede Washington dilucidar una manera mejor?, cuestionó.
El título 42 es una medida de salud pública que permite a agentes de inmigración deportar a inmigrantes que entran por la frontera proveniente de otros países y que quieren solicitar asilo político. En el caso actual, para prevenir contagios de Covid-19.
El título 42 permite la “deportación expedita”, es decir, la deportación rápida e inmediata, lo que hace que los inmigrantes sean deportados sin ni siquiera ver un juez de inmigración.
El título 42 NO ES un programa de asilos. Por eso, al ser deportado usted no tiene un caso de inmigración abierto.
Es importante aclarar este punto, pues muchas personas piensan que por haber sido deportados por Título 42, entonces tienen un caso de título 42. Y la verdad es que eso no existe. Usted no estaría en un caso de título 42 si es deportado, usted solo estaría deportado por Título 42. Sin derecho de ver a un juez, ni tener un caso o proceso con inmigración.
¿Cuál es la diferencia entre una deportación regular y una expulsión por Título 42?
Una deportación es un proceso regular de inmigración, en el que la persona es detenida y deportada si: Ingresó al país de forma ilegal, cometió delitos dentro de Estados Unidos, violó leyes migratorias o representa una amenaza para la seguridad pública. Estas deportaciones son hechas por “ICE”, quienes forman parte del departamento de seguridad nacional (DHS). En la deportación usted tiene derecho a comparecer ante un juez y tiene derecho a ser representado por un abogado de inmigración.
En cambio, una expulsión por “Título 42” no le da derecho a estos beneficios migratorios. Usted tendría que permanecer fuera de Estados Unidos hasta que esta medida sea suspendida nuevamente. Luego de ser suspendida, usted podría volver a intentar pedir asilo en la frontera.
Si usted tiene dudas con respecto a este tema o necesita asesoría legal, comuníquese con nosotros hoy mismo.
Estados Unidos ha puesto en marcha un plan para acabar con el Título 42, una normativa sanitaria implementada en el Gobierno de Donald Trump utilizada para expulsar de forma exprés a los migrantes que llegan a la frontera de EEUU con el pretexto de la pandemia de COVID-19.
El Título 42 tiene su origen en una ley del siglo XIX diseñada para detener “la introducción” de enfermedades contagiosas en EEUU. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó que después del 20 de diciembre dejará de aplicarse el Título 42, con la que “los migrantes no serían deportados”.
Con el pretexto de esa normativa, Estados Unidos no permite a los migrantes solicitar asilo cuando llegan a su territorio y son expulsados del país por la vía rápida. Cuando sea suspendida esta normativa puesta en pie por Trump (2017-2021), se aplicará el Título 8.
Los orígenes y el Título 8
El Título 8 permitirá a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.
La principal diferencia entre normativas consiste en que el Título 8 obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención durante varias horas donde pueden pedir asilo.
Mientras que el Título 42 permite resolver la deportación en 15 minutos y sin espacio para el asilo.
Entre los planes del Ejecutivo están incluidas medidas para reducir los tiempos de procesamiento, aplicar represalias a quienes crucen la frontera de manera ilegal y trabajar con gobiernos de la región, incluyendo México, para hacer frente a los coyotes y traficantes de personas.
Bajo el Título 42, EE.UU. ha expulsado a más de 2.5 millones de migrantes, según datos de la organización International Rescue Committee.
Estados piden que se mantenga el Título 42
Quince estados con Gobiernos republicanos han presentado a una corte federal en Estados Unidos que se mantenga una normativa sanitaria que permite la expulsión exprés de migrantes en la frontera con México, conocida como Título 42.
Arizona, Texas, Luisiana y otros doce estados presentaron su moción el lunes por la noche para que intervenga el juez Emmet Sullivan, quien hace una semana ordenó al Gobierno de Joe Biden levantar esa normativa.
"Dado que la invalidación del Título 42 perjudicará directamente a los estados, estos ahora buscan intervenir para defenderlo", escribieron los equipos legales de esos Gobiernos estatales en el documento presentado en la corte del Distrito de Columbia.
Su argumento alega que, de ser levantada la normativa puesta en pie por Trump, estados fronterizos como Arizona o Texas afrontarán un "incremento en el flujo de migrantes".
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