El diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, sometió un proyecto que sancionaría con hasta tres años de prisión y hasta cincuenta salarios mínimos la crueldad y maltrato animal.
“No es posible que una sociedad que se regenere y hable de nueva política, maltrate animales por deporte”, estableció el legislador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández al introducir la modificación a la ley 248-12 sobre protección y tenencia responsable de animales.
Además, la propuesta establece la penalidad de hasta 15 salarios mínimos y prisión entre 6 y 12 meses para los dueños de mascotas que no cumplan con los deberes establecidos en la propia ley respecto a la tenencia responsable de los mismos.
“Estamos proponiendo la creación de un departamento dentro de la Policía para una acción más rápida y efectiva para quienes ataquen animales”, expresó el congresista de la Fuerza del Pueblo.
El incumplimiento de la norma estará a cargo de una Procuraduría Especializada de Protección Animal, creada a más tardar a seis meses a partir de la promulgación de esta ley por la Procuraduría General de la República (PGR), la que las responsabilidades que a la fecha recaen sobre la unidad de protección animal.
Asimismo, el departamento en la Policía Nacional para la protección animal podrá proceder a someter a la acción de la justicia, sin necesidad de que intervenga denuncia o querella por parte de terceros.
Para aplicar estas reformas, el proyecto establece la necesidad de la creación de un Departamento de Protección Animal, a cargo del viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública (Mispas), en un plazo no mayor a los seis meses de promulgada la ley.
Entre sus atribuciones, este departamento se encargará de la vacunación y esterilización de animales domésticos y callejeros, estableciendo al menos un punto de servicios en cada provincia del país, mientras que las alcaldías y juntas de distritos municipales asumirán lo propio en los municipios en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
Un 2% del presupuesto anual de los gobiernos municipales estaría destinado a la creación, atención y sustento adecuado de los albergues indicados anteriormente.
Lo recaudado por las multas será dividido en cinco partes iguales (20%) entre el Departamento de Protección Animal del MISPAS, la alcaldía o junta de distrito municipal de la demarcación donde se produjera el hecho multado, el Departamento de Protección Animal de la Policía Nacional, las organizaciones de protección animal y la Procuraduría Especializada de Protección Animal de la PGR.
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