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Nexos entre políticos y narcos perduran desde hace décadas

Santo Domingo, RD

 Un número alto de políti­cos dominicanos ha estre­chado lazos firmes con el narcotráfico durante dé­cadas, formalizando fir­mes confabulaciones y compromisos con la prác­tica ilícita de lavado de ac­tivos.

Sin la complicidad de la clase dirigente, el avance del crimen organizado en la República Dominicana no habría sido posible sos­tenerse.

El caso más reciente es el del exdiputado y direc­tor de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien ha sido vinculado a una red de lavado de ac­tivos que, según las au­toridades, llegó a acu­mular inversiones por al menos 10 millones de pesos, además de enviar, semanalmente, aproxi­madamente 2,500 kilos de cocaína a los Estados Unidos.

Contra ese funcionario, ahora suspendido por el presidente Luis Abinader, la fiscalía de Santiago es­tá solicitando 18 meses de prisión preventiva, junto a otros 20 imputados perte­necientes a una red de la­vado de activos.

Igualmente, el diputa­do Héctor Darío Feliz, de Pedernales, está bajo in­vestigación del Ministerio Público, y se le vincula al caso de narcotráfico desta­pado por la Operación Fal­cón.

 Su problema devino por­que, supuestamente, el di­rigente político transpor­taba en su vehículo a un individuo solicitado en ex­tradición, aunque este ale­ga que sólo le había dado “una bola.

Estos dos últimos casos de los dirigentes políticos recuerdan algo sucedido en el país durante las últimas dos décadas de intensas de­nuncias que vinculan la po­lítica con el narcotráfico.

En mayo de este año se produjo el caso de otro di­putado perremeísta, el em­presario Miguel Gutiérrez Díaz, quien fue arrestado a su llegada a Miami, Esta­dos Unidos, donde ahora aguarda juicio en una pri­sión federal, bajo cargos de narcotráfico.

El 20 de julio de este año, el exalcalde del dis­trito municipal Las Ga­leras, de Samaná, Erqui­denio Balbuena Agueda (Putín), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) optó por irse en ex­tradición para responder la acusación por narcotrá­fico que le está formulada en el Distrito Judicial Fe­deral de Puerto Rico.

Las autoridades domini­canas también anunciaron, en junio de 2020, el apresa­miento de José Miguel Ló­pez Pilarte, regidor de La Vega por el Partido Revolu­cionario Moderno (PRM), al que acusaron de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Hijo y madre imputados
Bajo la misma acusación, la Procuraduría General de la República imputó a la ma­dre de José Miguel, la di­putada perremeísta, Rosa Amalia Pilarte López, pa­ra quien solicitó la desig­nación de un juez especial, dada su condición de legis­ladora.

El empresario y esposo de la diputada, Miguel Ar­turo López Florencio, es se­ñalado como cabecilla de la supuesta red de lavado.

También, en junio de 2020 se conoció la solici­tud de extradición de Yamil Abreu Navarro, exdirector de la junta municipal Las Lagunas, en Azua, acusado en Estados Unidos de ser parte de una red interna­cional de narcotráfico vin­culada al cartel mexicano de Sinaloa.

 En julio de 2019, la Di­rección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció el apresamiento de Domin­go Javier, de alias “Mingo”, a quien habrían ocupado 91 kilos de cocaína.

“Mingo” era un aspiran­te por el PRM a la candi­datura a alcalde del mu­nicipio Villa Riva, aunque luego el partido aclaró que no lo había inscrito al car­go. El juzgado de Atención Permanente de la provin­cia Duarte le impuso 18 meses de prisión preventi­va, como medida de coer­ción.

 LOS FONDOS
Otorga el Estado y sector privado
Aporte a campañas.

La Ley de Partidos es­tablece que el Estado otorgue a cada agrupa­ción política una canti­dad de dinero, para evi­tar, supuestamente, que el dinero del narcotráfi­co tiente a nuestra cla­se política, aunque ob­viamente el resultado de esta ley es que, además del dinero del Estado, aceptan dinero de fon­dos privados.

Su coyuntura.
Estos personajes apro­vechan la coyuntura del encarecimiento de la ac­tividad política, para in­clinar a su favor la vo­luntad de comunidades pobres. Debido a que el financiamiento públi­co a los partidos, vigente desde 1997, no ha sido suficiente para el control de la penetración del narcotráfico, éstos debe­rían establecer “filtros”.

Hasta ahora existen po­cas condenas por estos casos, y desde el Esta­do se sigue resistiendo a controlar estrictamente el financiamiento de las campañas.

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