Un número alto de políticos dominicanos ha estrechado lazos firmes con el narcotráfico durante décadas, formalizando firmes confabulaciones y compromisos con la práctica ilícita de lavado de activos.
Sin la complicidad de la clase dirigente, el avance del crimen organizado en la República Dominicana no habría sido posible sostenerse.
El caso más reciente es el del exdiputado y director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien ha sido vinculado a una red de lavado de activos que, según las autoridades, llegó a acumular inversiones por al menos 10 millones de pesos, además de enviar, semanalmente, aproximadamente 2,500 kilos de cocaína a los Estados Unidos.
Contra ese funcionario, ahora suspendido por el presidente Luis Abinader, la fiscalía de Santiago está solicitando 18 meses de prisión preventiva, junto a otros 20 imputados pertenecientes a una red de lavado de activos.
Igualmente, el diputado Héctor Darío Feliz, de Pedernales, está bajo investigación del Ministerio Público, y se le vincula al caso de narcotráfico destapado por la Operación Falcón.
Su problema devino porque, supuestamente, el dirigente político transportaba en su vehículo a un individuo solicitado en extradición, aunque este alega que sólo le había dado “una bola.
Estos dos últimos casos de los dirigentes políticos recuerdan algo sucedido en el país durante las últimas dos décadas de intensas denuncias que vinculan la política con el narcotráfico.
En mayo de este año se produjo el caso de otro diputado perremeísta, el empresario Miguel Gutiérrez Díaz, quien fue arrestado a su llegada a Miami, Estados Unidos, donde ahora aguarda juicio en una prisión federal, bajo cargos de narcotráfico.
El 20 de julio de este año, el exalcalde del distrito municipal Las Galeras, de Samaná, Erquidenio Balbuena Agueda (Putín), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) optó por irse en extradición para responder la acusación por narcotráfico que le está formulada en el Distrito Judicial Federal de Puerto Rico.
Las autoridades dominicanas también anunciaron, en junio de 2020, el apresamiento de José Miguel López Pilarte, regidor de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusaron de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Hijo y madre imputados
Bajo la misma acusación, la Procuraduría General de la República imputó a la madre de José Miguel, la diputada perremeísta, Rosa Amalia Pilarte López, para quien solicitó la designación de un juez especial, dada su condición de legisladora.
El empresario y esposo de la diputada, Miguel Arturo López Florencio, es señalado como cabecilla de la supuesta red de lavado.
También, en junio de 2020 se conoció la solicitud de extradición de Yamil Abreu Navarro, exdirector de la junta municipal Las Lagunas, en Azua, acusado en Estados Unidos de ser parte de una red internacional de narcotráfico vinculada al cartel mexicano de Sinaloa.
En julio de 2019, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció el apresamiento de Domingo Javier, de alias “Mingo”, a quien habrían ocupado 91 kilos de cocaína.
“Mingo” era un aspirante por el PRM a la candidatura a alcalde del municipio Villa Riva, aunque luego el partido aclaró que no lo había inscrito al cargo. El juzgado de Atención Permanente de la provincia Duarte le impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción.
LOS FONDOS
Otorga el Estado y sector privado
Aporte a campañas.
La Ley de Partidos establece que el Estado otorgue a cada agrupación política una cantidad de dinero, para evitar, supuestamente, que el dinero del narcotráfico tiente a nuestra clase política, aunque obviamente el resultado de esta ley es que, además del dinero del Estado, aceptan dinero de fondos privados.
Su coyuntura.
Estos personajes aprovechan la coyuntura del encarecimiento de la actividad política, para inclinar a su favor la voluntad de comunidades pobres. Debido a que el financiamiento público a los partidos, vigente desde 1997, no ha sido suficiente para el control de la penetración del narcotráfico, éstos deberían establecer “filtros”.
Hasta ahora existen pocas condenas por estos casos, y desde el Estado se sigue resistiendo a controlar estrictamente el financiamiento de las campañas.
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