Luego de una maratónica sesión extraordinaria de la Legislatura estatal convocada por la gobernadora Kathy Hochul, el miércoles en la noche se aprobó una nueva extensión de la moratoria de desalojos hasta el 15 de enero del 2022, la cual cuenta con modificaciones que adaptan la medida al fallo de la Corte Suprema de Justicia que hace varias semanas bloqueó la medida en Nueva York en beneficio de los propietarios. Y este jueves la mandataria estampó su firma para convertir la media en ley.
Con la extensión de la moratoria se busca proteger a por lo menos 830,000 familias en todo el estado que corren el riesgo de ser desalojadas de sus hogares, al no poder pagar las rentas debido a que perdieron sus ingresos por la crisis del coronavirus.
De esta manera Nueva York se convierte en uno de los primeros estados del país en seguir contando con una ley de moratoria, luego que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia rechazó una medida federal similar impulsada por la Administración Biden.
“Las familias y las pequeñas empresas en todo el estado todavía se están recuperando de los efectos de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica”, dijo el presidente de la Asamblea estatal Carl Heastie, agregando que al extender las moratorias de desalojo y ejecución hipotecaria para aquellos que sufren dificultades financieras, “les daremos a los neoyorquinos la tranquilidad de que pueden permanecer en sus hogares mientras atraviesan el proceso de obtener asistencia para el alquiler, ya sea a través de ERAP o el Fondo de Asistencia de Alquiler Suplementario del Estado”.
La legislación aprobada por ambas cámaras legislativas en Albany ayudará a los inquilinos y propietarios a obtener el alivio de alquiler que necesitan a través del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP) y el Fondo de Asistencia de Alquiler Suplementario del Estado.
Detalles de la nueva extensión
La legislación extiende hasta el 15 de enero de 2022 la moratoria de desalojo residencial y comercial de pequeñas empresas, y la moratoria de ejecución hipotecaria y fiscal para las personas que enfrentan estas dificultades, que estaban programadas para expirar el 31 de agosto.
También extiende hasta el 15 de enero de 2022 la Ley de Puerto Seguro para Inquilinos (Tenant Safe Harbor Act), que expiró el 24 de junio cuando se levantó la emergencia estatal declarada por desastre, y que es una ley que ha permitido a los inquilinos presentar una defensa por dificultades financieras en la corte por falta de pago y pagos reducidos durante un proceso de desalojo existente.
“La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en muchos de los inquilinos y pequeños propietarios de nuestro estado, dejándolos incapaces de pagar el alquiler y los gastos mensuales y amenazando su capacidad para permanecer en sus casas y apartamentos”, dijo el presidente del Comité de Vivienda Steven Cymbrowitz.
Cumplen con el fallo de la Corte Suprema
Además de extender los plazos, la legislación actual aborda un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia que consideró inconstitucional el estándar de “auto-declaración de dificultades” que contenía la ley anterior. La nueva legislación ahora proporciona un mecanismo para que los propietarios impugnen en un tribunal la declaración de dificultades de un inquilino en la corte. En ese desafío, el arrendador puede intentar probar que el reclamo por dificultades económicas no es válido. Si se confirma el reclamo por dificultades económicas, el tribunal deberá indicar a las partes que presenten una solicitud de asistencia con ERAP o un programa local similar de ayuda a la vivienda, y evitar que el proceso de desalojo siga adelante.
Los propietarios también pueden desalojar a los inquilinos que están creando peligros para la seguridad o la salud de otros inquilinos, dañando intencionalmente la propiedad y cuando un inquilino no presentó una declaración de dificultad.
De manera similar, la ley se enmendó para permitir que un prestamista hipotecario o un tenedor de un gravamen fiscal privado comparezca ante un tribunal si tienen la creencia de buena fe de que el reclamo por dificultades financieras del propietario no es válido.
Pero aunque los legisladores creen que la legislación se ajustó al fallo de la Corte Suprema sobre la moratoria anterior del estado, las nuevas medidas podrían enfrentar desafíos judiciales, con un importante grupo de propietarios ya amenazando con presentar una demanda si creen que la legislación restringirá los derechos de los propietarios.
Primer triunfo para Hochul
La aprobación de la extensión es el primer gran triunfo de la gobernadora Hochul quien apenas tiene menos de dos semanas en el cargo, y quien el martes había prometido a los neoyorquinos que “no los abandonaría y les garantizaba seguir ayudándolos con la crisis de la renta”.
Y al ser Nueva York el estado que cuenta con el mayor número de familias que viven en lugares rentados, en su mayoría en la ciudad de Nueva York, la crisis del impago de alquileres es una de las más graves que enfrenta el estado como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Recientes análisis de los datos del Censo demuestran que al menos 830,000 familias están en esta situación.
Este jueves a primeras horas, la Gobernador firmó la nueva extensión para convertirla en ley, instando a los neoyorquinos a aplicar al Programa estatal de Asistencia de Emergencia de Alquiler que hasta el 31 de agosto ya había logrado distribuido más de $1.2 mil millones en fondos de ayuda a través de ERAP.
“La pandemia ha creado una ansiedad inimaginable para las familias y los dueños de negocios que han perdido ingresos y luchan por pagar el alquiler todos los meses”, dijo el Gobernador Hochul.
“Para ayudar a remediar las despiadadas decisiones de la Corte Suprema que anuló las moratorias de desalojos de Nueva York y la Administración Biden, estamos promulgando una nueva moratoria sobre los desalojos residenciales y comerciales, y extendiendo las protecciones de la Ley de Puerto Seguro hasta el 15 de enero. Son pasos para aliviar la crisis que enfrentan los neoyorquinos vulnerables que están sufriendo sin tener la culpa”, agregó la mandataria.
Hochul venía negociando el acuerdo para fortalecer las protecciones contra el desalojo con los líderes demócratas de la Legislatura estatal, quienes a menudo tenían una relación de confrontación con su predecesor, el exgobernador Andrew Cuomo.
Un día después que venciera la moratoria de desalojos en Nueva York el pasado 31 de agosto, que evitaba que los inquilinos con pagos de alquileres retrasados por haber perdido sus ingresos debido a la crisis del COVID-19 fueran sacados de sus hogares, este miércoles la Legislatura estatal realizó una sesión extraordinaria para extender la medida hasta enero del 2022, luego que fuera convocada por la gobernadora Kathy Hochul.
En medio de lo que se considera puede ser una de las crisis de vivienda más grandes en la historia de Nueva York debido a la pandemia, el martes en la tarde Hochul llamó a la sesión especial en el Capitolio en Albany para que discutiera y aprobara la extensión.
“De conformidad con el poder que me confiere el Artículo 4, Sección 3 de la Constitución, por la presente convoco al Senado y a la Asamblea del estado de Nueva York a una sesión extraordinaria que comenzará mañana (este miércoles)”, dijo la Gobernadora.
Se estima que más de 830,000 familias en el estado enfrentan problemas por haberse retrasado en el pago de sus alquileres, según un análisis de los datos del Censo realizado por el ‘National Equity Atlas’, una organización sin fines de lucro que estudia las disparidades raciales y económicas.
“Mi objetivo es expandir la moratoria de desalojo con la expansión de los programas de asistencia de alquiler desde hoy hasta el 15 de enero”, dijo Hochul, agregando que también sabemos “que los propietarios están luchando y debemos asegurarnos de que las pequeñas empresas también estén protegidas”.
Para ayudar a solucionar de alguna manera esta crisis de impago de alquileres, se destinaron $2.7 mil millones de dólares del plan de alivio federal para ayudar a los inquilinos de bajos ingresos a pagar el alquiler vencido, y de esta manera poder quedarse en sus casas. Sin embargo, arrendatarios, caseros y activistas acusan al Estado de ser increíblemente lento en el proceso de desembolsar el dinero, con solo $200 millones liberados hasta ahora. Además, critican que el proceso de solicitud ha sido confuso para propietarios e inquilinos.
Se esperaba que los legisladores neoyorquinos aprobaran la extensión de la moratoria de desalojos con algunas modificaciones a la ley original, después de que la Corte Suprema de Justicia derogara hace varias semanas una parte clave de esa legislación estatal, y por eso en esta ocasión incluyerían cambios para que así cumpliera con el fallo del Máximo Tribunal, que se había puesto del lado de los propietarios.
Y es que según la moratoria original, los inquilinos podían obtener protección contra el desalojo si presentaban un formulario diciendo que habían sufrido dificultades financieras, como la pérdida de ingresos. Pero los propietarios dijeron que no tenían forma de desafiar esos formularios, argumentando que algunos inquilinos podrían estar usándolos para permanecer en sus hogares sin pagar el alquiler a pesar de que tenían la capacidad de hacerlo.
Es por ello que con la modificación de la nueva moratoria, ahora los propietarios sí pueden impugnar los reclamos en los tribunales.
“A la luz del fallo de la Corte Suprema de anular la moratoria federal de desalojos, la mayoría del Senado está tomando medidas para ajustar y extender la moratoria de desalojos del estado para garantizar que miles de neoyorquinos estén protegidos de perder sus hogares y al mismo tiempo ayudar a los pequeños propietarios “, dijo la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins.
“Continuaremos luchando para mantener a las personas en sus hogares y garantizar que todas las personas que califiquen para estas protecciones las reciban. El Gobierno de Nueva York debe trabajar de manera eficaz para abordar las necesidades de los neoyorquinos”, agrego la líder de la Cámara Alta.
Precisamente, la semana pasada el Máximo Tribuna también rechazó la moratoria federal de desalojos de la Administración Biden, por lo cual la única protección que ahora existe en Nueva York es la ley estatal.
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