Voz Editorial Noticiario 1070, Hibi Radio
Un abanico de entidades del empresariado, de las Iglesias y del sistema político desde su óptica, han hecho público que el primer año de la gestión presidencial del licenciado Luis Abinader, ha sido más positivo que negativo.
Hablan que desde el Palacio se han desprendido una serie de medidas cargadas de más luces que sombras, de manera particular en materia de persecución de la corrupción administrativa.
Ahora bien, la gran mayoría del país que abandonó el miedo para marchar con el movimiento Marcha Verde, entendía que en estos primeros meses del gobierno, serían habilitados los estadios deportivos para alojar a los ex funcionarios que por 20 años pillaron los dineros del erario público.
Esa aspiración de los manifestantes no se limitaba a fueran apresados, sino que devolvieran esos recursos al Estado y que estos de inmediato fueran invertidos en los hospitales, escuelas, carreteras y la agricultura.
Desde la oficina de la Procuradora, doctora Miriam Germán, se ha montado un ensayo que solo debe terminar, con el apresamiento de los autores materiales e intelectuales de esos actos dolosos de los gobiernos del PRD y el PLD, que fueron motivos para colocar al país en la casilla número uno en materia de corrupción administrativa.
El Presidente tiene por delante 3 años, para reivindicar o saldar cada consigna del movimiento Marcha Verde, porque de lo contrario se pueden devolver en su contra.
En lo que va de año no son pocos los cuestionamientos por la escasa inversión pública (de capital) en República Dominicana. Otro cuestionamiento radica ¿en qué gastó el Gobierno el dinero recaudado y por qué tantos préstamos? sin dejar atrás interrogantes sobre el crecimiento de la deuda pública, que a junio superaba 40 puntos porcentuales con relación a una década atrás.
Como todo en la vida: hay una razón. De acuerdo con los datos de asignaciones de recursos en este primer año de Gobierno lo que se ve es un estrangulamiento del gasto de capital y una prioridad en el gasto social, básicamente ayuda social, salud, y otras emergencias para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus en la economía. Desde marzo de 2020, el país entró a formar parte de las naciones con miles de personas infectadas por el coronavirus Covid-19 lo que obligó a cerrar fronteras, empresas y a limitar el trabajo y por ende el recaudo.
Pasado el mayor vendaval de la pandemia, la economía comenzó a dar señales de recuperación por las medidas expansivas asumidas por políticas monetarias, acompañadas de recursos externos (préstamos) y la compra de vacunas a China cuando los grandes laboratorios no cumplían sus compromisos con países tercermundistas como República Dominicana. Respecto al crecimiento de la deuda pública y el peso que implica el servicio (amortizaciones al capital y pago de interés con recursos del presupuesto nacional), República Dominicana aún está en los umbrales de la sostenibilidad y puede saldar el pago de intereses de esas acreencias acorde con la estrategia y cambio del perfil del endeudamiento asumido desde 2007.
Firmas calificadoras de riesgo país como Moodys mantienen la calificación en Ba3, estable, la deuda soberana de República Dominicana. El Ministerio de Hacienda reseña que en este primer año de Gobierno se han erogado más de RD$5,500 millones para mitigar el impacto de los aumentos de precios del petróleo en el mercado internacional. RD$144,968 millones han sido invertidos en los programas de ayuda Quédate en Casa, FASE y PA TI. De acuerdo con Hacienda, en este primer año se ha asumido un gasto de RD$189,153 millones, al 27 de julio, para atender la crisis sanitaria del Covid-19.
Esas inversiones sociales han conllevado una prioridad estatal en desmedro del gasto de capital (infraestructuras públicas y adquisiciones de maquinarias, entre otros), movimiento que ha reducido las inversiones en obras en un 53% del monto programado en el presupuesto inicial para ser ejecutado en el primer semestre del año. Cifras oficiales de Presupuesto (Digepres) indican que las inversiones de capital en unas pocas provincias fueron de RD$5,784.5 millones en enero junio.
Baja inversión de capital
El presupuesto ejecutado en la primera mitad de este año devela una baja inversión de capital (obras públicas y adquisiciones, gastos no personales). Mientras, el gasto corriente (personal, compras de bienes y servicios y otros) sigue en aumento. El presupuesto inicial de 2021 contempla un gasto de capital de RD$123,158 millones para el año. De estos, se programaron RD$50,504.4 millones para el primer semestre, pero se ejecutaron solo RD$26,742.3 millones (21.7% del monto programado inicialmente para el año), y de los cuales a junio se habían comprometido pagos de RD$22,919.5 millones.
El 53% del monto programado fue para el INVI, Inapa, y al Indrhi, según datos de la Digepres.
En el semestre, el Gobierno dejó a un lado las inversiones de obras públicas para priorizar los gastos que se generaron producto de la pandemia.
El gasto de capital fue estimado en RD$123,158 millones, equivalente a un 13.8% del presupuesto y 2.5% del PIB; mientras que los gastos corrientes representan el 86.2% del presupuesto y un 15.7 del PIB (RD$768,220 millones).
La pasada semana, no obstante, reportes de prensa dan cuenta de que en el año 2021 el Gobierno ha invertido más de RD$77,000 millones en más de 430 obras a nivel nacional, como muestra de que ha comenzado a liberar lproyectos.
Financiamientos
Según las cifras de la dirección de Crédito Público, una gran parte del endeudamiento del Gobierno central se ha hecho con emisiones de bonos externos, con países de gobiernos amigos (bilateral); y con organismos multilaterales a tasas más bajas que el mercado internacional y local. También se han renegociado acreencias con la ayuda de bancos de inversión, como el Citi, que ha conllevado a mejorar el flujo del servicio, mediante una transacción que permitirá reducir el servicio de deuda de RD$74,908 millones para el período 2022-2027. En América Latina, donde todos los países, sin excepción, presentaron en 2020 un deterioro de su situación fiscal y aumento de la deuda, de acuerdo a la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Costa Rica sería la tercera con la deuda más alta de la región ALC, con 78.4% de su PIB. Otros reportes muestran a Brasil con una deuda de 102.8%, El Salvador con 92.5%, Uruguay con 69.6%, Bolivia con 68.3%. Panamá terminaría este 2021 con una deuda pública de US$40,000 millones. La deuda de Argentina es 90.19% y la de Japón 234.86%. En República Dominicana, hasta junio, la deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) superó los RDS$47,000 millones, pero el pasado jueves el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó que el presupuesto complementario por RD$85,211.5 millones permitirá reducir al endeudamiento RD$37,801 millones, un 0.8% del PIB, de RD$291,528 millones programados al año a RD$253,728 millones. Con todo y que el pago de intereses y amortizaciones de capital superó el 23% del PIB y que el monto absluto superaba a junio los RD$184,836 millones, todavía la deuda pública que es el 72% del PIB, es sostenible, si se toman en cuenta varios factores como el crecimiento del PIB, lo cual reduce la proporción del servicio; el entorno regional y el favorable manejo de los efectos de la pandemia y, en un hipotético escenario, la aplicación del Pacto Fiscal pendiente que ayudaría a mejorar la presión fiscal de ingresos y a cubrir los pasivos a partir del 2022.
Presupuesto
El presupuesto original de 2021 diseñado en RD$947, 511 millones 158,717 fue aumentado a RD$1 billón, 74, 317.1 millones sumando el complementario aprobado a inicios de este mes. Inicialmente, se proyectaron ingresos por RD$746,313.83 MM y gastos por RD$291,528.49 MM. Los ingresos corrientes por RD$708,170. 4 millones y RD$95,326.7 MM de capital. En tanto que los gastos se proyectaron en RD$946,158.7 MM y de estos como gastos corrientes RD$796,154.6 millones. Los gastos de capital estimados fueron por RD$150,365.5 MM, casi un 3% del PIB. El déficit fiscal fue proyectado en un 3% del PIB (RD$145,065.0 MM), pero ante el escenario actual y la falta de un Pacto Fiscal podría pasar de 4% a 6% del PIB en 2022.
Ingresos semestre
En los primeros seis meses de 2021 las recaudaciones fueron RD$409,854 MM, para un 125.2% por encima del estimado de RD$327,287.2 millones (54.9% ) de lo proyectado al año de RD$746,313.8 millones. El 73% fue aportado por DGII, 20.7 por Aduanas 6.3% por la Tesorería.Los ingresos corrientes fueron RD$404,302 MM y los gastos totales RD$403, 194.4 MM. De estos, RD$376,452.1 MM fueron gastos corrientes (45.21% del presupuesto original); y RD$26,742.3 M (6.6% gasto de capital).
Un 68% (RD$101,925.9 MM) de los gastos corrientes fueron para nómina, incluyendo los aumentos que fueron a los ministerios de Educación, Defensa, Interior y Policía, la compensación a personal de primera línea en la lucha contra la pandemia. Los ministerios realizaron una ejecución presupuestaria acorde a lo programado para el semestre, atendiendo a un ordenamiento que obliga al titular a cubrir el exceso. Ningún funcionario puede hacer una compra si no tiene la apropiación de fondos, porque el que genera una deuda administrativa para ejecutar un bien o un servicio sin presupuesto, de acuerdo a la Ley 237-20, va a pagar con su patrimonio esa deuda, reveló al Listín Diario, José Rijo Presbot..
Detalles
Presupuesto 2021
Incluyendo el presupuesto complementario, el total aprobado para este 2021 supera un billón 94,808.4 millones.
Transferencias
El 30.7% de los gastos corrientes fueron transferencias (RD$115,569.1 millones). Solo a la CDEEE se le transfieren más de RD$17,785 millones
Composición
El 74.7% de la deuda externa dominicana es con bonos; un 19.7% con organismos multilaerales, 5.5% bilaterales y 1.8% con bancos comerciales. El 30.5% es deuda interna.
ESPECIALISTAS EN PRESUPUESTOS
Ciertamente hay un rezago del gasto versus los ingresos
Nelson Suárez
Economista
• Las cifras de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central en el primer semestre del año muestran un extraordinario comportamiento de los ingresos y un sorprendente retraso en la ejecución del gasto y los pagos de las obligaciones públicas. Esta relativamente lenta dinámica del gasto se verifica en un momento en que las recaudaciones tributarias y no tributarias muestran un comportamiento positivo con respecto a igual período del año pasado y con relación a las estimaciones oficiales para el semestre.
Es la opinión del economista, especialista en análisis presupuestario, Nelson Suárez, con relación a datos de la Digepres respecto al primer semestre de este año.
Pese a que el Gobierno central percibió un monto de RD$82,137.5 millones de ingresos por encima de lo estimado para enero-junio 2021, la ejecución del gasto en el mismo lapso, sobre todo el de capital, muestra una marcada ralentización (baja) lo cual para Suárez resulta paradójico en el contexto de la recesión económica provocada por la pandemia del Covid-19.
Al cerrar junio del año pasado el Gobierno había ejecutado gastos de capital de RD$56,910.2 millones, en tanto que en este año solo se han invertido RD$26,745.8 millones en el primer semestre del año.
Mientras en términos de ingresos, el incremento de las recaudaciones durante enero-junio 2021 superan por RD$122,977.4 millones el total recaudado en igual periodo del año pasado. A juicio del economista, el Gobierno dispone de una gran cantidad de recursos para dar cumplimiento a las incontables promesas de obras, inversiones y proyectos que a diario ofrece el Presidente de la República.
Vamos a llegar por encima de 85% a 90% de lo contemplado
José Rijo Presbot
Director general de Presupuesto
• Las autoridades aprobaron el presupuesto 2021 aplicando “estrictamente la ley de inversión pública”, que obliga a no colocar un proyecto si no tiene un código Snip (Sistema Nacional de Inversión Pública), explicó a Listín Diario el director general de Presupuesto (Digepres), José Rijo Presbot.
En 2020, cuando esta gestión asumió, agregó, solo se disponía de nueve códigos Snip, por lo que en 45 días no tuvieron tiempo de armar ningún proyecto nuevo dado que conlleva estudios de factibilidad, impacto a la población y costos, asumieron los existentes y se encontraron con contratos, entre ellos más de 400 escuelas y carreteras, caminos vecinales y circunvalaciones con contratos viejos y desactualizados en precios que tenían que ser revisados.
Este año, hay más de 130 códigos Snip de nuevos proyectos que serán incorporados en el presupuesto de 2022 y es lo que ha dilatado la ejecución, explicó.
“La cosa está avanzando. Si pasas por la Circunvalación de Baní, vas a ver que está a todo meter”, indicó.
Hay un proceso de cubicación, pagos, certificación, lo que no quiere decir que no se esté haciendo la inversión de capital. Están las circunvalaciones de Azua, Baní, Los Alcarrizos, La Hípica, las carreteras El Puerto Hato Mayor, El Puerto de Sabana de la Mar, que en mes, llenados todos los requisitos va a haber que hacerles los desembolsos, entonces ahí se va a ver la inversión de capital. Acorde a la programación trimestral, en el que se agota una cuota de inversión, ya se ha asignado el 85% de cuotas de compromisos para este trimestre, que pueden iniciar, reiniciar un proceso. Esto es un problema de registro, de baja inversión.
Yo estimo que vamos a llegar este 2021 por encima de un 85% a 90% de lo contemplado en el presupuesto.
Luis Abinader se regocija con Raquel Peña tras ser juramentados como presidente y vicepresidenta de la República, respectivamente, el 16 de agosto de 2020.
Un día como hoy, un año atrás, Luis Abinader levantó su mano en el salón de la Asamblea Nacional para juramentarse como presidente de la República Dominicana. Tuvo intentos fallidos para conseguir esa posición y, cuando la asumió, ha sido en un tiempo complejo: una pandemia global.
Trescientos sesenta y cinco días después, Abinader ha logrado conducir al país en medio del COVID-19, mantener la estabilidad económica -pese a un alto endeudamiento- y goza de una buena tasa de aprobación entre la población votante.
Pero a Abinader, de 54 años y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la vida presidencial todavía le exige más. A su gobierno le faltan tres años, de acuerdo a la Constitución. Al comenzar el segundo, son muchos los retos que afrontará junto a los demás funcionarios que lo acompañan en la administración del país.
Abinader, el político
En materia política, el presidente enfrenta altas y bajas, principalmente por las presiones en reclamo de empleos de sus compañeros de partido, la falta de consenso entre sus legisladores y el gran reto de fortalecer su figura rumbo al escenario electoral del 2024.
El gobernante arriba a su primer año de gestión todavía recibiendo solicitudes de puestos laborales. Algunas les llegan en inauguraciones y actividades a las que asiste, en las que se observan personas entregándole cartas y fólderes.
El pasado 9 de agosto, decenas de personas aprovecharon la presencia del mandatario en una rueda de prensa en el auditorio de la Policía Nacional, para entregarle fólderes, que fue compilando en sus manos y finalmente llevó consigo.
Meses antes, el 13 de abril, un hombre aprovechó un acto del Ministerio de Educación, y que estuvo encabezado por Abinader, para vociferar a todo pulmón: “¡Presidente!, ¡yo tengo una pregunta!: ¿y los perremeístas para cuándo?”. Aludía a los empleos para los militantes del PRM.
Además de los empleos, el jefe del Estado ha tenido que lidiar con las desavenencias de sus legisladores en la aprobación de determinados proyectos de leyes, incluidos los remitidos por el Poder Ejecutivo. Esa situación lo motivó a celebrar encuentros con los congresistas para armonizar la agenda legislativa con el Ejecutivo y decidir las prioridades a dar a las iniciativas de leyes.
Sin embargo, el mayor desafío político que habrá de enfrentar será preservar la popularidad del Gobierno, evitar el desgaste de su figura ante la opinión pública y fortalecer al PRM. Esos factores serían vitales ante una eventual reelección presidencial.
En el gobierno de Abinader, el Ministerio de Salud Pública tiene una amplia agenda de temas pendientes por afrontar, más allá de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.
A decir del gremialista y pasado presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, la gestión de la salud en el país debe enfocarse en atender la histórica falta de equipos, personal y medicamentos.
Roa estima en más de 15,000 los médicos desempleados que –entiende– deberán ser incorporados al sistema para poder atender la demanda de servicios en los hospitales públicos.
Para eso –dice– el Gobierno debe aumentar el presupuesto del sector. Revive el viejo reclamo de que el sector salud pase del 2.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) que recibe actualmente, al 5 % establecido por ley. También, deberá mejorar la distribución de esos recursos, dado que más del 60 % se destina a la gestión del agua y pago de personal.
Otro aspecto que deben tomar en cuenta las autoridades, conforme plantea Roa, es que la salud dominicana no requiere de intermediarios. Cree que deben sacar las administradoras de seguros de salud (ARS) del servicio y mejorar los centros de atención primaria.
“Lo que se requiere es un sistema de atención primaria fuerte, que permite prevenir las otras enfermedades”, dice el galeno, quien también destaca la necesidad de que se invierta en investigación, en infraestructura física y en un sistema informático capaz de enlazar a toda la red sanitaria.
En una entrevista reciente, el propio presidente Abinader declaró que uno de los grandes temas pendientes que tiene es dotar al país de un sistema de salud como el pueblo se merece.
Reconoció que la inversión está muy por debajo de lo que debe ser, pero aseguró que la irán aumentando, pues ese sector es uno de las 12 reformas que impulsa su gestión.
Como parte de un máster plan que –dijo– han diseñado, ya tienen en licitación unas 75 ambulancias para la creación de un sistema interurbano, así como la construcción de cinco hospitales regionales que brinden servicios de salud especializados que actualmente no existen en las zonas seleccionadas.
En lo inmediato, sin embargo, uno de los principales retos que tienen las autoridades de Salud Pública es lograr completar la meta de 7.8 millones de personas inoculadas que contempla el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
En mayo pasado, el Ministro de Salud, Daniel Rivera, estimaba que para agosto podrían haber llegado a esa cifra, pero a la fecha, solo 4.4 millones han completado su esquema de dos dosis, y sigue pendiente una tercera dosis de refuerzo que solo se han aplicado poco más de 519,000 personas.
5,671,374
Cantidad de personas que habían recibido la primera dosis anticovid hasta el 14 de agosto de 2021.
Luego de un año escolar inédito producto de la pandemia, en que el Gobierno hizo una enorme inversión económica para garantizar el acceso a la educación de 1.8 millones de estudiantes del sector público, al pasar balance se registró una fuerte deserción escolar, punto de mira en el que deberá enfocar su accionar para revertirla.
Producto de la falta de conectividad, de dispositivos y, en menor escala, de aparatos de televisión y de radio, miles de estudiantes no pudieron tomar clases, por lo que el sistema educativo dominicano tiene un reto: hacer un esfuerzo mayor para retener a los alumnos en las aulas, para no ahondar las brechas existentes.
Dotar a los alumnos de los libros de texto necesarios para los aprendizajes también está pendiente. A la fecha no se ha convocado a licitación luego de que el Consejo Nacional de Educación aprobó la bibliografía de textos para las diferentes áreas en los niveles inicial y primario.
La reparación de la infraestructura escolar para que los centros educativos tengan agua, electricidad, un sistema sanitario adecuado y que estén pintadas y limpias, sigue en agenda. También, que cuenten con todo su mobiliario y equipamiento y estén debidamente ornamentadas. A julio de este año, de acuerdo al ministro Roberto Fulcar, se habían reparado 2,300.
En la educación superior el tema de la deserción es mayor, y con el riesgo de que los jóvenes se inserten al mercado laboral y no retornen a las universidades. Hasta el momento no se conocen las medidas que las autoridades del Ministerio de Educación Superior implementarán para revertirlo.
37,000
Cantidad de estudiantes universitarios que desistieron de continuar sus estudios desde que comenzó la pandemia.
“Ni me canso, ni me cansan”, ha sido la frase repetida en distintos escenarios por el presidente Abinader al hablar de los retos que tiene su gobierno y la persistencia que -dice- mantendrá en procura de mejorar la seguridad ciudadana.
En esa materia, los desafíos que tiene por delante se centran en extender a todo el país la Estrategia Integral de Seguridad “Mi país seguro”, que actualmente solo se aplica como piloto en el barrio Cristo Rey del Distrito Nacional, pero que se proyecta alcanzar a todo el territorio dominicano y culminar una reforma de la Policía Nacional estancada desde hace varios años.
Sobre “Mi país seguro”, que se ejecuta desde junio pasado, la principal apuesta es recuperar las armas de fuego en manos de la población, de las cuales hay registradas 238,000, pero solo 50,000 renuevan su estatus cada año ante el Ministerio de Interior y Policía, sumadas a las que no tienen ninguna documentación.
1,751
Cantidad de armas de fuego que se han recuperado con el plan “Mi país seguro” y que serán destruidas.
La aplicación de “Mi país seguro” contempla una inversión inicial de RD$296 millones, de los que el 83 % está destinado a la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar y el 13 % restante a la capacitación de agentes de la Policía Nacional. Consta también de una serie de programas sociales que deben realizarse.
En torno a la reforma integral de la Policía Nacional, el mandatario ha asumido la tarea de profesionalizarla, equiparla y mejorar los salarios de los miembros de esa institución, aspectos que son parte de los temas que aborda una comisión creada para esos fines mediante el Decreto 211-21, el cual establece un año como plazo para cumplir esos cometidos, del que han transcurrido cuatro meses.
El presidente Abinader se ha propuesto desarrollar un Plan de Movilidad Urbano para implementar proyectos masivos de transporte, creando “una red metropolitana pública vinculada con servicios alternativos regulados”.
El Gobierno tiene por delante cumplir con las cuantiosas inversiones prometidas para la extensión y ampliación del Metro de Santo Domingo, la construcción de un teleférico para Los Alcarrizos, un monorriel para Santiago y un tren ligero para Santo Domingo.
También, se intentará replicar en otras rutas el modelo del Corredor Núñez de Cáceres, donde fueron sustituidos los carros de concho por autobuses.
El 18 de junio, el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 389-21 la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana para diseñar, construir y desarrollar proyectos de transporte masivo urbano e interurbano, bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia.
La administración de Abinader, además, puso en manos del Consejo Económico y Social el “Compromiso Nacional para un Pacto del Agua”, con el que se propone intervenir todas las variantes del tema hídrico nacional en los próximos 15 años, incluyendo la construcción de obras por más de US$8,500 millones.
Dependerá del avance del diálogo la consecución de un Pacto del Agua, aunque estará en manos del Gobierno empezar a construir decenas de obras, al menos durante los tres años que le queda a la actual gestión. La continuidad de los planes quedará en el terreno de futuras administraciones a partir del 2024.
El Pacto del Agua implica la construcción de alcantarillas para el manejo de las aguas residuales de las principales ciudades del país, actualmente depositadas en el subsuelo, la construcción de decenas de presas, hidroeléctricas, sistema de riego por bombeo y redes de distribución del líquido.
Al Gobierno le esperan retos judiciales en sus años venideros. Luego de la designación de Miriam Germán como procuradora general de la República, casos importantes de corrupción han sido sometidos ante los tribunales, provocando el envío a prisión de exfuncionarios y empresarios inculpados en entramados para desfalcar el erario público.
Con la mayoría de los acusados en prisión de los casos Operación Coral, Operación Medusa, y Operación 13, el desafío del gobierno radica en que el Ministerio Público pueda culminar estos procesos con una condena.
Además, la sociedad está vigilante del desenlace del caso Odebrecht, el cual tomó nuevos bríos tras el cambio de autoridades del Ministerio Público.
Otro de los desafíos tiene que ver con expedientes de presunta corrupción que se anunciaron bajo investigación, pero hasta el momento todavía no se han producido sometimientos. Algunos ejemplos en este sentido lo constituyen los casos de presunta corrupción en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), las investigaciones sobre irregularidades en la Cámara de Cuentas (Operación Caracol) y las investigaciones sobre presuntas irregularidades en Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo.
Para hacer frente a todas estas exigencias, también el Gobierno debe afrontar las solicitudes de un mayor presupuesto, tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial. Reclamos frecuentes que no han sido atendidos.
El Congreso Nacional, con miras al próximo periodo legislativo 2021-2022, deberá lograr consenso para importantes proyectos de leyes como los códigos Penal, Civil y Procesal Civil, la que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de Aguas y sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos.
Asimismo, el Senado y la Cámara de Diputados deberán lograr criterios unificados sobre los proyectos de leyes de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamiento humano (orgánica), el Referendo Consultivo, la Ley de Valores, el Comercio Marítimo y el que modifica el artículo 8 de la Ley 2569, de 1950, de Impuestos sobre sucesiones y donaciones. Ésta última, a fin de que las Administradoras de Fondos de Pensiones puedan devolver esos recursos a los familiares de los afiliados fallecidos.
Entre otras iniciativas prioritarias figuran las leyes orgánicas de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, de la Cámara de Cuentas y de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana.
Asimismo, la Ley de Cheques, de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social, el Código Electoral, de Debates Electorales y la que daría competencia a los juzgados de paz ordinarios sobre las actas del estado civil y derogaría la ley que crea el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La que debería ser una meta prioritaria del Congreso Nacional y se mantiene como una tarea pendiente de muchos años es cumplir con su rol constitucional de fiscalizar y servir de contrapeso al accionar del Poder Ejecutivo. La mayoría congresual del partido oficial podría ser un gran obstáculo para lograr esa meta.
No obstante, en la reciente rendición de cuentas del presidente del Senado, Eduardo Estrella, este mencionó entre los trabajos pendientes la instalación de la Oficina de Seguimiento y Evaluación, que reforzaría el rol de fiscalizador de ese hemiciclo.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, secundó recientemente una propuesta del diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, en el sentido de lograr que las comisiones permanentes cumplan con su rol de fiscalizar.
En esa ocasión Rodríguez puso como ejemplo la aprobación de una gran cantidad de préstamos millonarios, a los que entienden deben darse seguimiento desde las esferas congresuales.
Para su segundo año, el presidente Abinader y su equipo del sector eléctrico tienen una tarea fundamental: la reducción de las pérdidas de las empresas distribuidoras (EDE), un sector que ha sido catalogado como un “barril sin fondo”.
Las tres compañías acumulaban, en promedio, un nivel de pérdida de 33.4 % hasta el pasado junio. Solo este año, el Gobierno informó que deberá destinar RD$59,000 millones para el subsidio eléctrico.
Además de continuar la recuperación del turismo -impactado de forma negativa por el COVID-19-, el despegue turístico en la región sur, mediante la ejecución de obras públicas y de hoteles a través de alianzas público privadas, es otra de las promesas que deberá desarrollar el gobierno.
En términos macroeconómicos, el control de la inflación es una de las principales dificultades que tendrá que sortear el jefe del Estado.
Los precios de los bienes y servicios en el país desde el pasado febrero han estado influenciados por el costo de las materias primas de productos como el maíz, la soya y el sorgo, entre otros, en los mercados internacionales, y por las alzas en los combustibles, que llevaron la inflación interanual hasta el pico de 10.48 % el pasado mayo.
Para economistas, este es el momento adecuado para que se inicie una reforma fiscal integral. “Esta reforma puede permitir un incremento saludable de los ingresos del Estado y, al mismo tiempo, necesita una extraordinaria calidad del gasto”, indicó Henri Hebrard.
Explicó que la reforma fiscal integral debe atacar los ingresos, gastos, activos y pasivos, y aseguró que la consecuencia de esa reforma debe estar consignada en el presupuesto del próximo año 2022.
A la par con esta reforma, se necesitan reformas a la seguridad social en tres aspectos: pensiones, salud y seguro de desempleo. Además, está la parte laboral y salarial.
De acuerdo al economista Haivanjoe Ng Cortiñas, los retos inmediatos son mejorar la calidad del gasto público, detener el déficit fiscal, el aumento de la deuda pública, combatir el tipo de cambio sobrevaluado y propiciar la disminución de la emisión de los certificados financieros del Banco Central.
Agregó que, en términos de precios, es importante que el Gobierno logre controlar la tasa de inflación. La interanual se coloca en 7.08 % de enero a julio, pero la acumulada está en 4.57 %, y aunque ha bajado en las últimas semanas la tasa de inflación, el economista indicó que el costo de la canasta básica familiar nacional ha aumentado: ha pasado de RD$36,300 a RD$38,625, es decir, un incremento de RD$2,325.
Al presidente Abinader le ha tocado gobernar en momentos en que la vecina nación de Haití vive una de las peores crisis políticas de su historia y, ahora, sufre las consecuencias sociales de un terremoto de magnitud 7.2 ocurrido el 14 de agosto.
La crisis tocó fondo con el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 6 de julio. Los autores intelectuales y sus motivaciones todavía no han sido esclarecidos.
A Abinader también le ha correspondido manejar la frontera, los mercados binacionales y la política migratoria en momentos clave. Además, ambos países se han enfrentado por la construcción de un canal de riego para tomar el agua del río Masacre, un recurso que comparten. El conflicto ha salido de la palestra luego de la muerte de Moïse, pero antes hubo un tranque cuando el canciller dominicano, Roberto Álvarez, se retiró del diálogo ante la negativa de Haití de parar la excavación.
La construcción ha sido detenida recientemente, según Álvarez, quien reiteró el rechazo dominicano a la obra.
0 Comentarios