"Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía", anunció el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo Del Carpio, en un mensaje en las redes sociales.
Poco después de que se confirmara su detención, Áñez denunció mediante un tuit un acto de "abuso y persecución política" del Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos", agregó.
Y mientras era conducida hacia la Fiscalía de La Paz para dar su declaración informativa calificó su aprehensión como un "atropello absoluto" y reiteró que se trata de un "amedrentamiento político" elaborado por el MAS, el partido político del actual presidente Luis Arce y de Evo Morales.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia emitió el viernes una orden de aprehensión contra Áñez y varios de los que fueron sus ministros.
Según la prensa boliviana, el viernes por la noche las autoridades allanaron la vivienda de Añez en la ciudad de Trinidad, ubicada a unos 600 kilometros de La Paz.
La orden de detención fue difundida por medios estatales bolivianos y confirmada por una de las exautoridades procesadas en el momento de su detención.
Se dispuso la medida para Áñez, cinco de sus exministros y cuatro militares por su presunta responsabilidad en el denominado "caso golpe de Estado", de acuerdo a la resolución.
Al menos dos exministros de Áñez también fueron detenidos poco después de conocerse la decisión del fiscal asignado.
Las otrora autoridades y exjerarcas militares son sindicados de la comisión de delitos de "terrorismo, sedición y conspiración" en los hechos de octubre y noviembre de 2019 que provocaron la renuncia de Evo Morales.
Las autoridades allanaron la vivienda de Añez en la ciudad de Trinidad, ubicada a unos 600 kilometros de La Paz.
Después de la dimisión del líder cocalero, Áñez asumió el gobierno hasta finales de 2020.
Morales y su partido, que retornó al poder con Luis Arce Catacora como nuevo presidente de Bolivia, acusaron a la exmandataria de protagonizar un "golpe de Estado" en 2019.
Por su parte, Áñez denunció en varias oportunidades que los procesos abiertos en su contra son parte de un plan de persecución política del evismo.
La teoría del golpe de Estado, que defiende el oficialismo boliviano, es refutada por sectores de oposición que señalan que en 2019 se produjo un levantamiento social provocado por el presunto fraude electoral con el que Morales pretendía quedarse en el poder por cuarta vez consecutiva.
Detenciones
El viernes, medios estatales bolivianos mostraron un video de uno de los exministros mientras era detenido por la policía.
Álvaro Coimbra, extitular de Justicia, confirmó la existencia de la orden de aprehensión en el momento en el que subía a la camioneta de las fuerzas del orden.
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Además, unos minutos antes de su captura, señaló desde su cuenta de Twitter que Rodrigo Guzmán, quien fuera ministro de Energía, también fue detenido.
Coimbra aseguró que el "caso golpe de Estado" fue armado por el gobierno.
Antecedentes
Evo Morales participó de las elecciones de octubre de 2019 con el objetivo de lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo.
Aquella decisión fue cuestionada desde el principio por sus detractores, quienes señalaban que estaba impedido por la Constitución y un referéndum de 2016 en el que la mayoría del electorado se opuso a esa posibilidad.
Pese a ello, el exmandatario logró su objetivo de ser habilitado para aquellos comicios en los que iba como favorito, pero sin una victoria en primera vuelta asegurada.
Después de la votación, en la que Morales se proclamó ganador, una serie de denuncias sobre irregularidades en la jornada electoral desataron protestas que se extendieron durante tres semanas.
El entonces presidente reaccionó pidiendo a sus seguidores que defendieran su victoria electoral en las calles, ocasionando que ambos bandos paralizaran varias de las principales ciudades del país.
La tensión llegó a tal punto que la policía optó por amotinarsey el alto mando de las fuerzas armadas sugirió a Morales dar un paso al costado.
La Central Obrera Boliviana, que aglutina a los sindicatos urbanos del país, también pidió la dimisión presidencial.
Morales estuvo más de un año fuera de Bolivia, asilado en México y Argentina.
El 10 de noviembre, horas después de que se conociera un informe preliminar en el que la OEA decía que los resultados de la elección no eran fiables, Morales renunció a su cargo.
Estuvo asilado en México y Argentina antes de volver a Bolivia a finales de 2020, tras la asunción presidencial de su delfín político Luis Arce Catacora.
El Gobierno de Estados Unidos llamó este sábado a Bolivia a “defender” los derechos civiles interamericanos, aunque no hizo un comentario puntual sobre la reciente detención de la ex presidenta interina boliviana Jeanine Áñez.
“Instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana”, manifestó en su cuenta de Twitter Julie Chung, encargada de Latinoamérica en el Departamento de Estado.
Chung también dijo que “los estadounidenses y muchos en las Américas conocen por experiencia la necesidad de salvaguardar y renovar constantemente el gobierno democrático por y para el pueblo”.
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No hubo, sin embargo, ninguna mención a la detención en la madrugada de este sábado de Áñez, aprehendida en la región amazónica de Beni y trasladada en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia hasta la ciudad de La Paz.
El viernes también fueron arrestados dos exministros en la misma región que fueron conducidos a la capital administrativa boliviana.
La ex presidenta y los exministros son acusados de “sedición y terrorismo” durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Esta mañana, Áñez fue trasladada de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz hasta la Fiscalía para declarar por el supuesto “golpe de Estado” en contra de Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019.
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A pesar de la importancia de estos hechos, Estados Unidos no emitió ningún comunicado y sólo se manifestó mediante el mensaje en Twitter de Chung, quien se limitó a citar dos de los instrumentos jurídicos más relevantes del derecho interamericano.
Bolivia ratificó en 1993 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Washington nunca ha suscrito, y también respeta la Carta Democrática Interamericana, a la que se adhieren los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa desde 1962).
El presidente estadounidense, Joe Biden, no ha aclarado cuál será su política hacia Bolivia. Ambos países mantuvieron una relación tensa durante los últimos años. Rompieron relaciones diplomáticas en 2008, cuando Morales expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, tras acusarlo de supuesta conspiración, algo que Washington negó y reaccionó echando al embajador boliviano, Gustavo Guzmán.
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Tras ese incidente Washington y La Paz tuvieron relaciones únicamente a nivel de encargados de negocios hasta que, en 2019, el Gobierno interino de Áñez designó a Walter Óscar Serrate como representante de Bolivia en EEUU.
La Casa Blanca, sin embargo, no seleccionó a un embajador para Bolivia y, actualmente, la diplomática de mayor rango es Charisse Phillips, que tiene el título de encargada de negocios.
(Con información de EFE)
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