Voz Editorial Noticiario 1070, Hibi Radio
Por Antonio María Jiménez
Buscar que el pueblo votante recobre confianza en magistrados jueces que componen la Junta Central Electoral, es una tarea muy difícil, pero no imposible en el sistema político nacional, más de una vez vapuleado por el oro corruptor de las mismas alturas del Palacio Nacional.
En aquellos fatídicos años del balaguerato, los dominicanos fueron víctimas de fraudes electorales uno tras del otro, inclusive con la presencia de las botas yanquis en el país, sin embargo retornaron a las urnas en aquel histórico 1978.
Ahora falta saber si después del tollo montado el pasado domingo con la utilización del Voto Automatizado y que fue motivo para anular las elecciones municipales, los jueces electorales tienen el poder de convencimiento para que los ciudadanos vuelvan a ejercer su derecho al voto el domingo 15 de marzo.
Mientras el Pleno de la Junta Central Electoral y el mismo liderazgo político inicie el ensayo de la citada posibilidad, ratificamos la exigencia de que los técnicos actuantes en el pasado montaje deben ser investigados por el Ministerio Público, porque los delitos electorales están ahí a la vista de todos.
El pueblo dominicano no puede seguir siendo estafado en cada proceso electoral, sin establecer un régimen de consecuencia contra los autores intelectuales y materiales.
Si es verdad aquel decir del Procurador General de la República de que se perseguiría cada delito electoral, ha llegado el momento de actuar, caiga quien caiga.
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