SANTO DOMINGO. La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas (CC) a la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) reveló que la entidad pagaba el 100% de los bienes y servicios contratados a los diferentes suplidores, no así un 20% como establece la ley de Compras y Contrataciones.
“Se evidenció que la OMSA suscribió 36 contratos con proveedores de bienes y servicios por un monto de cincuenta y tres millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos dominicanos (RD$53,559,888) en los cuales no contempló el 20% de avances establecido en la Ley no. 340-06, y su reglamento de aplicación 543-12 en el artículo 108”, dice el informe.
En el cuadro detallado en el documento enviado a la Procuraduría General de la República se especifican las empresas a las que les pagaron desde un 40 % hasta un 100 % del monto acordado.
Manuel Rivas, exdirector de entidad, en su escrito de contestación al informe preliminar, dijo a los auditores que no constituye una obligación establecer el avance del 20 %.
“En efecto, el reglamento lo que indica es que las entidades contratantes no pueden hacer un avance o anticipo superior al 20 %, es decir, que puede no dar algún avance o dar menos del 20 %”, respondió Rivas.
Además, en el informe se establece que hubo duplicidad en la reparación de autobuses en talleres externos así como en el pago.
“Se verificó durante el año 2016, unidades reparadas dos veces por conceptos idénticos y/o similares, con facturas en fechas similares, por montos de ochocientos noventa y cinco mil novecientos treinta pesos (RD$895,930)”, dicen los auditores.
Los investigadores determinaron que cinco proveedores de servicios no cumplían con los requisitos de ley debido a que algunos no tenían domicilio y otros no contaban con estructura física, herramientas ni condiciones para tales fines.
Fallas de la UAI
La CC dijo que la entidad estatal realizó pagos por más de trescientos millones de pesos que fueron verificados y aprobados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República pero que dichos desembolsos representan desviaciones a las normativas emitidas en la Ley 340-06.
Aunque Tech Solution y Grupo Martisdom recibieron de la OMSA RD$332,047,050 del 2012 al 2017 con el aval del exdirector de la entidad, Manuel Rivas, y el exgerente financiero, Faustino Rosario, en los registros de contratos por bienes y servicios solo aparecen tres contratos, uno de ellos obtenido mediante una declaratoria de emergencia.
De RD$303,894,399 que le fueron pagados a Tech Solution solo RD$42,665,260 corresponden al contrato firmado, lo cual representa una diferencia de más de doscientos millones de pesos. Otros dos contratos por más de 28 millones de pesos fueron suscritos con Martisdom sin cumplir los procedimientos establecidos por la ley de Compras y Contrataciones.
Los auditores explicaron que se emitieron 3,535 órdenes de compras a 33 proveedores sin que se realizaran los contratos por el monto que fue pagado en el periodo auditado.
Las irregularidades señaladas por la investigación que realizara la Cámara de Cuentas, se basan en el incumplimiento de las normas establecidas en los protocolos de compras y contrataciones.
El informe dice que se observaron órdenes de compras emitidas en un rango de tres meses para un mismo objeto de contratación de bienes y/o servicios y que en conjunto alcanzan el monto de los umbrales para la modalidad de contratación a aplicar y la elaboración de contratos entre las partes.
“En el análisis realizado a las nueve adquisiciones que se efectuaron con procedimiento de urgencia, los cuales representan el monto de ciento cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y nueve pesos dominicanos (RD$145,564,199), conformado por cincuenta y siete millones setecientos noventa y nueve mil noventa y tres pesos Dominicanos (RD$57,799,093) correspondiente a las adjudicaciones de los proveedores Tech Solution y Grupo Martisdom, el valor de RD$87,675,106, relativo a las siete adquisiciones restantes”, afirma la Cámara.
Acusados se defienden
“Yo espero por la verdad y la justicia. Actué apegado a la normativa”. Con este alegato Manuel Rivas, imputado por el asesinado de Yuniol Ramírez y corrupción, se defendió ante la prensa cuando fue preguntado sobre las irregularidades reveladas por la investigación de Cámara de Cuentas a su gestión.
Rivas dijo que en la OMSA actuó apegado la ley 340 - 06 sobre Compras y Contrataciones, y a la resolución 15-08 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la cual respalda ciertos tipos de compras directas de las instituciones.
Pero no sólo Rivas se escuda en la resolución. Ayer el exgerente financiero de la Omsa, Faustino Rosario, también alegó haber actuado siguiendo esas normativas, argumento con el cual su defensa pretende demostrar su “presunción de inocencia en los tribunales”.
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