Critica la falta de coordinación entre las
instituciones nacionales pertinentes, la insuficiencia del presupuesto
asignado para prevenir y sancionar la violencia de género, y la no
aplicación de los protocolos convenidos para atender a las víctimas de
este tipo de violencia
El documento establece que la Procuraduría General de la República informó del aumento sustancial del número de condenas en casos de violencia de género y, en julio, adoptó un protocolo de investigación para los homicidios por razones de género.
AI señala que los grupos de defensa de los derechos de las mujeres siguieron denunciando el año anterior, la falta de coordinación entre las instituciones nacionales pertinentes, la insuficiencia del presupuesto asignado para prevenir y sancionar la violencia de género, y la no aplicación de los protocolos convenidos para atender a las víctimas de este tipo de violencia.
Resalta además que el Congreso todavía no había adoptado la Ley para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, aprobada por el Senado en 2012.
El informe recalca también el estudio del anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva, redactado con la participación de grupos de defensa de los derechos de las mujeres, realizado en septiembre, dentro de la Cámara de Diputados, como un paso positivo en materia de protección de los derechos de la mujer.
Reseña que tras el veto del presidente de la República a la reforma propuesta del Código Penal, que mantenía la penalización total del aborto, el 16 de diciembre el Congreso aprobó unas enmiendas para despenalizar el aborto cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la mujer o niña embarazada, en los casos en los que el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero y en los casos en los que el embarazo fuera resultado de una violación o un incesto.
La reforma del Código Penal se promulgó el 19 de diciembre, y estaba previsto que entrara en vigor en el plazo de un año.
Derecho a la vivienda
Por otra parte, el informe de AI subraya los reportes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las cuales informaron durante todo el 2014 de casos de desalojo forzoso y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en algunas situaciones.
Indica que la versión más reciente de las enmiendas propuestas al Código Penal tipificaba como delito la ocupación de la propiedad privada, lo que hizo temer que, en caso de adoptarse, estas disposiciones se pudieran utilizar para legitimar los desalojos forzosos.
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