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VIDEO: Arrestan exreina de belleza acusada de fraude y lavado

Una abogada y exreina de belleza figura entre las 20 personas que enfrentan acusaciones federales por fraude bancario en un operativo que se llevó a cabo en la madrugada de este martes.


La exmodelo y abogada Sheila Benabe González y los demás arrestados enfrentan cargos por supuestamente participar en el esquema para cometer fraude de préstamos hipotecarios y proveer información falsa.
A Benabe se le imputa proveer información falsa, entre septiembre y octubre de 2007, en la solicitud de un préstamo hipotecario por $560,000 a Doral Bank, en relación a una propiedad en la urbanización Palmas Plantation Development, en Humacao.
La magistrada federal Silvia Carreño Coll le impuso una fianza de $10 mil que deberá prestar en o antes de 10 días. Su abogada, Melanie Carrillo, solicitó que se le concediera más tiempo, al menos 14 días, pero la magistrada destacó que eran 10 días laborables y que no extendería el término.
La exreina se observó triste, se mantuvo esposada en sala e indicó a su abogada que le dolía la espalda.
El total de acusaciones emitidas por un gran jurado el 12 de febrero pasado, fueron 11 cargos incluyendo fraude bancario, emitir información falsa para solicitar préstamos hipotecarios, actuando en concierto y común acuerdo unos con otros.

Además, el pliego acusatorio incluye un cargo de lavado de dinero contra la líder del grupo, Lina Prestol Rodríguez.
"Estas personas obtenían unas tasaciones muy por encima de valor real de las propiedades y usaban documentos falsos para llevar a cabo y obtener la aprobación de instituciones financieras", explicó Ángel Meléndez, jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.
"El remanente de la hipoteca se les pagaba a los miembros de la organización como un 'kickback'. Tenemos a su líder, facilitadores y personas que fungieron como testaferros y además los vendedores. Los dueños originales de estas propiedades eran partícipes y sabían lo que estaban haciendo cuando vendían estas propiedades", agregó.
Meléndez señaló que el esquema habría causado $5 millones en pérdidas a instituciones financieras en nueve préstamos.
Por su parte, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases, indicó que entre los detenidos hay empleados del Departamento de Hacienda.
"Hay de todo, hay abogados, tasadores, dos empleados de Hacienda y se les están acusando como su participación como testaferros. En nada tiene que ver con sus funciones como empleados de Hacienda en este caso", sostuvo Cases.
Trascendió que entre los arrestados hay contadores públicos autorizados, vendedores de bienes raíces, tasadores y otras personas que se hacían pasar por agentes de bienes raíces y compradores falsos.
Los cargos responden a una investigación de actos delictivos entre el año 2006 y 2009. Meléndez señaló que las pérdidas para las instituciones financieras fueron estimadas en $5 millones. En el pliego acusatorio hay un cargo de restitución de $3 millones.
Las instituciones financieras afectadas fueron Banco Bilbao Vizcaya, Santander, Doral Bank y RG Premier Bank. El director de ICE destacó que aunque los fraudes tuvieron lugar entre el 2006 y 2009, no fue hasta el 2010 y el 2012 que se comenzaron a detectar las irregularidades.
"Los cargos estaban por prescribir", comentó Cases, quien explicó que los delitos imputados tienen que ser procesados hasta cinco años después de que ocurrieron.
El jefe del FBI, sin embargo, no pudo precisar si la organización había continuado con la misma práctica hasta la actualidad. Se limitó a indicar que "eso es parte de la investigación".
"Es bien preocupante, porque en el 2007, la economía de Estados Unidos - por ende la de Puerto Rico y la mundial- empezó a colapsar", dijo Cases. "Una de las razones para ese colapsó fue por las hipotecas de alto riesgo, donde personas que no cualificaban para hipotecas, los bancos les otorgaron esas hipotecas a base de prácticas prestatarias sumamente agresivas, con pobre manejo de riesgo".
"Estas personas, cuando iban a refinanciar, no cualificaban, los intereses empezaron a subir y la gente dejó de pagar sus residencias. Por esquemas como este, fue que la economía de Puerto Rico y Estados Unidos colapsó", afirmó.
Benabe fue Miss Puerto Rico Petite 1999 y actualmente posee el bufete de abogados Benabe & Asociados, en Hato Rey.
Según consta de reportajes periodísticos realizados a la trayectoria de Benabe, antes de estudiar leyes tenía una compañía de bienes raíces, administraba edificios comerciales y fue gerente regional de una empresa de bebidas no alcohólicas.
Los arrestos, realizados por agentes del ICE y del FBI, se ejecutaron en Aguas Buenas, Gurabo, Juncos, Cayey, Guaynabo, Caguas, Bayamón y en Rincón, donde fue arrestada la líder del grupo, Prestol Rodríguez.
Meléndez señaló que los detenidos enfrentan hasta un máximo de 30 años de cárcel por los cargos de fraude bancario y hasta 20 años por lavado de dinero.
Por no tratarse de delitos violentos, Carreño Coll concedió el derecho de libertad bajo fianza a los acusados y les impuso fianzas de entre $5 mil y $10 mil.
Los demás acusados fueron identificados como José Santana Aponte, Carlos Vélez de Jesús, Ángel Torres Maymí, Brenda Mercado Rodríguez, Marilyn Meléndez Prestol, Johanna Rivera Benítez, Carlos Solis Guzmán, José Luis Negrón Molina, Alexander Cifuentes Ramos, Carlos Ortiz Dávila, Eduardo Cora Colón, Gabriel Baranda Collazo, Ricardo Santiago Verdecía, Marco Antonio Amber Torres, José Rafael Mora Nazario, Angélica Álvarez Castañeda, Adelinzy Grace Vázquez y Awilda Díaz Cabrera.
"Esta acusación demuestra nuestro compromiso de asegurar la integridad del sistema financiero y bancario. La investigación y fiscalización de crímenes financieros es una de las prioridades del Departamento de Justicia federal. El fraude hipotecario es un asunto serio para la industria bancaria y para los propietarios que sin poder hacer nada, ven el precio de sus residencias caer y se observan cada vez más los letreros de casas reposeídas o abandonadas en nuestras comunidades", manifestó la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, en un comunicado.
El fiscal del caso es Scott Anderson y la lectura de acusación se pautó para el 7 de marzo.

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