El brasileño Luiz Estevao, que perdió su escaño en 2000, se comprometió a devolver los fondos públicos que desvió. Para la Justicia, “es la mayor recuperación de dinero de la historia del mundo”
Mediante un acuerdo firmado este jueves, Estevao se comprometió a reintegrar primero 80 millones de reales (40 millones de dólares) y el resto será dividido en cuotas que deberá cancelar durante los próximos 8 años.
La devolución del dinero a los cofres públicos fue posible gracias a la decisión de un juzgado, que respaldó una acción que emprendió el Tribunal de Cuentas.
Hace doce años, Estevao fue acusado de formar parte de una red de corrupción que desde 1994 hasta 1999 se apropió de 169 millones de reales (entonces 85 millones de dólares) que estaban destinados a la construcción de una nueva sede del Tribunal Regional de Trabajo de San Pablo.
Tras ser acusado formalmente por las corruptelas detectadas en San Pablo, perdió su escaño parlamentario el 28 de junio del año 2000. Esa fecha quedó en la historia del Congreso porque se trató de la primera vez en la historia de la institución que un senador era destituido.
La decisión de Estevao, un empresario de 62 años y uno de los hombres más ricos de Brasil, se conoce en momentos en que el Tribunal Supremo juzga a 37 acusados por un escándalo de corrupción durante el primer mandato de Lula da Silva, en un proceso conocido como el "juicio del siglo".
Rousseff, "blindada" frente a la corrupción del PT
El estilo pragmático de la presidente brasileña la mantuvo al margen del escándalo de coimas que complica a su partido. La evaluación positiva de su gobierno asciende al 56,6%
Tras convertirse en los comicios de 2010 en la primera presidente mujer del país, Rousseff ha logrado imponer su estilo pragmático, lo que la llevó a separar de sus cargos a seis ministros durante 2011.
Esa “limpieza” de gabinete fue interpretada como una muestra de que Rousseff es menos condescendiente con “desvíos” en la conducta de sus ministros que su antecesor, Lula Da Silva.
El ex presidente, durante su primer mandato (2003-2007), dejó en cambio que los funcionarios implicados en las denuncias cayeran por su propio peso, como el ex jefe del gabinete presidencial José Dirceu.
Lula respaldó al “capitán de su equipo”, como él mismo llamaba a Dirceu, hasta último momento y nunca tomó la decisión de separarlo de su cargo. El ex “hombre fuerte del gobierno", que está hoy acusado por la fiscalía de ser el “cabecilla de una cuadrilla”, renunció a su mandato cuando las denuncias lo asfixiaron por completo y más tarde reasumió su escaño en el Congreso como diputado.
Son estas diferencias entre la condescendencia de Lula y el pragmatismo de Rousseff las que “blindan” a la mandataria frente a la eventual condena en el llamado escándalo del mensalao. El nombre de la trama hace referencia a las altas sumas que, según la acusación, el PT les pagaba en forma mensual a los legisladores para que votaran en el Congreso las medidas propuestas por el gobierno.
Por otra parte, una encuesta de opinión realizada durante los últimos días del mes de julio por la Confederación Nacional del Transporte revela que la evaluación positiva del gobierno de la presidente Rousseff alcanzó un 56,6% en julio, bastante por encima del 49,2% de hace casi un año atrás.
Analistas de Brasil reafirman la hipótesis de que Rousseff puede salir indemne del juicio por el mensalao y no así Lula da Silva, con el argumento de que si Dirceu es declarado culpable, quedará en evidencia que el líder de un esquema fraudulento que usaba dinero ilícito para el pago de sobornos operaba dentro del mismo palacio de gobierno durante el mandato del ex presidente.
Para ratificar la distancia del juicio, asesores de la mandataria citados este viernes por el canal Globo News explicaron que la orden directa de la presidente a propósito de éste es que se siga trabajando como siempre y que el proceso “no interfiera en la rutina del gobierno”.
“Hemos tomado una decisión de gobierno de seguir trabajando con mucha seriedad durante este tiempo (la duración del juicio se estima aproximadamente en un mes). “Nosotros confiamos en el Poder Judicial y seguiremos trabajando”, dijo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, citado por la página web de la revista Exame.
Además de Dirceu, otras dos fuguras legendarias del PT integran el “núcleo político” del mensalao: el ex presidente del partido, José Genoino, y el ex tesorero, Delubio Soares.
Según las fuentes, Rousseff manifestó que el juicio "es una demostración de la independencia de poderes" que reina en el país, aun cuando los asuntos tratados "interesen o no al gobierno".
Brasil: piden primera condena del "juicio del siglo"
El juez instructor del proceso por el llamado mensalao durante el gobierno de Lula da Silva consideró que el diputado Joao Paulo Cunha es culpable de corrupción pasiva
El magistrado Joaquim Barbosa, primero de los once miembros del Supremo Tribunal Federal en pronunciar su voto, consideró a Cunha culpable de los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y peculado.
La máxima corte debe pronunciarse sobre la existencia de una presunta red de corrupción el gobierno del ex presidente brasileño, Luiz Inácio da Silva, que desviaba recursos públicos para sobornar a congresistas dispuestos a apoyar las iniciativas del gobierno en el poder legislativo.
Entre los imputados figuran tres ministros de Lula, incluyendo a José Dirceu -considerado la mano derecha del ex mandatario-, y toda la cúpula en la época del oficialista Partido de los Trabajadores, formación que el líder socialista fundó y con la que representó al país entre 2003 y 2010.
Barbosa analizó las acusaciones contra Cunha y, tras alegar que las pruebas demostraron su culpabilidad, pidió que sea condenado. Su voto puede ser seguido o no por los demás magistrados y la condena o la absolución dependerá de la posición de la mayoría.
Cunha, dirigente del Partido de los Trabajadores y significativo aliado de Lula, renunció a su cargo en 2005, cuando surgió el escándalo, pero volvió a trabajar como diputado federal en 2010.
La denuncia dice que el entonces presidente de la Cámara de Diputados –Cunha cumplió ese cargo entre 2003 y 2005- recibió irregularmente 50.000 reales (25 mil dólares) por haber beneficiado con un contrato a la agencia de publicidad del empresario Marcos Valerio Fernandes, considerado articulador de la red de corrupción, por servicios nunca prestados.
La esposa de Cunha fue quien retiró los recursos de un banco y nunca se declararon ni al Fisco ni a las autoridades electorales.
El diputado negó todas las acusaciones pero admitió que recibió recursos no declarados para financiar su campaña electoral.
"El crimen se consumó y permitió la ocultación por casi dos años del origen y el destino de los recursos. Aunque el propio Cunha hubiese acudido al banco a retirar el dinero personalmente estaría configurado el crimen de lavado de dinero", alegó Barbosa.
"Quedó demostrado que el reo utilizó un sofisticado servicio de lavado de dinero operado por Marcos Valerio Fernandes", agregó.
En tanto, el juez instructor aseguró que las pruebas contra Cunha demuestran la responsabilidad de Fernandes y de sus socios Cristiano Paz y Ramón Hollerbach en los delitos de corrupción activa y lavado de dinero.
Como lo hizo Cunha, varios de los acusados también admitieron que el Partido de los Trabajadores recaudó para sus campañas electorales recursos que no declaró a las autoridades, lo que supone una violación de leyes electorales, que ya ha prescrito y para la que ya no cabe castigo.
La fiscalía, sin embargo, alega que el dinero que abasteció tanto las campañas como los supuestos sobornos tenía origen público, lo cual sí entraría dentro de la órbita penal del Supremo y puede llevar a los implicados a la cárcel.
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