¿A la cárcel por mentiroso? La Corte Suprema lo decide

El caso de Xavier Álvarez ha generado un debate legal sobre la libertad de expresión.

Nadie disputa que Xavier Álvarez sea un mentiroso, ni siquiera él mismo. Lo admitió delante de un juez.
Dijo estar casado con una estrella de cine mexicano, que rescató al embajador de Estados Unidos en Irán y que fue un gran jugador de hockey. Nada de eso es cierto.
Pero cuando Álvarez mintió acerca de su servicio militar, asegurando que era un héroe de guerra, herido en batalla y con la Medalla de Honor, fue arrestado y acusado bajo una ley poco conocida, que prohibe hacerse pasar por un soldado condecorado.
El caso de Álvarez, quien dijo esta última mentira en su debut como político tras ganar una elección local en Ponoma, California, ha generado un debate legal acerca de la libertad de expresión, sobre si existe el "derecho" a la mentira, y el papel del gobierno en proteger "la verdad".

¿Un crimen mentir en Facebook?

El juez Alex Kozinski, de la Corte del Noveno Circuito en San Francisco, opina que la ley que facilitó los cargos contra Álvarez debe ser declarada inconstitucional.
De lo contrario podría ser un crimen "mentir acerca de su estatura, su peso, su edad, o su estado financiero en Match.com o Facebook. O si uno falsamente se presenta ante su mamá como una persona que no fuma, que no toma, que todavía es virgen y que nunca excede el límite de velocidad", aseveró Kozinski.

"Muchos políticos han mentido acerca de su hoja de vida y sus logros. Sin hablar de las promesas de campaña. En la política la raya entre la verdad y la mentira se tambalea"

Jamin Raskin, American University

El juez agregó que las consecuencias de esta ley podrían incluso inculpar "al dentista cuando te dice que no te va a doler".
Sin embargo, la corte del Décimo Circuito en Denver, falló que la ley sí era válida porque la Constitución "no protege las declaraciones falsas", y que esta ley se limita específicamente a la Medalla de Honor, lo cual no amenaza otras libertades de expresión.
Ahora el caso (US vs Álvarez) está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que también parece estar dividida.
Antonin Scalia, uno de los nueve integrantes de la Corte Suprema, dijo durante la argumentación del caso: "yo creo que no existe valor alguno" en proteger declaraciones que se saben son falsas.
La jueza Sonia Sotomayor por su parte, señaló que la mentira de Álvarez, aunque ofensiva a los militares no causó "ningún daño real", y que la libertad de expresión es precisamente para proteger declaraciones controvertidas.

Una mentira sin víctimas

Según Jamin Raskin, director del programa de ley y gobierno de la American University, lo crucial de este caso es el papel del gobierno como "policía de la verdad". Raskin, profesor de derecho constitucional, explicó que ya existen leyes para reglamentar y penalizar "las mentiras" que se dicen en un contexto público y comercial.

Ahora le toca a la Corte Suprema de Estados Unidos decidir

"La libertad de expresión no significa que se puede decir cualquier cosa, la ley castiga casos donde existe una víctima inocente, como la difamación, el fraude o dar un testimonio falso ante una corte", explicó a BBC Mundo.
"En el caso de Álvarez, es diferente, porque el daño parece ser abstracto. Es un perjuicio simbólico al sistema militar", señaló Raskin.
Según el experto, si la Corte Suprema respalda esta ley, se daría un cambio fundamental en la jurisprudencia de Estados Unidos. Por primera vez, el gobierno podría estar de policía, vigilando cómo una persona habla de sí misma y con la peligrosa autoridad de decidir lo que es verdad o mentira, sin que se compruebe un perjuicio monetario o a la reputación de otra persona.

¿Y los políticos?

En particular esta medida podría afectar a los políticos. "Muchos políticos han mentido acerca de su hoja de vida y sus logros. Sin hablar de las promesas de campaña. En la política la linea entre la verdad y la mentira se tambalea", opinó Raskin.
Se espera que la Corte Suprema de su fallo sobre este caso en junio, y en este año de elecciones, quedaría por verse como afectaría a los candidatos que ya han prometido arreglar la economía, bajar el precio de la gasolina, acabar con el desempleo y que se han presentado como los únicos que pueden salvar al país de la ruina total.