La disposición está contenida en el decreto 752-11, bajo el fundamento de que en el acta de acusación No. 10-219, registrada el 16 de junio de 2010, en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico, se le acusa de confabulación para distribuir droga en territorio norteamericano.
El decreto precisa que la entrega en extradición de Rosario Puente se realiza bajo la condición de que al acusado, bajo ninguna circunstancia, se le juzgará por una infracción diferente que la que motiva su extradición.
El decreto dispone, además, que al acusado no se le aplicará una pena mayor a los 30 años, la máxima establecida en el país, ni la pena de muerte, en caso de ser comprobada su culpabilidad respecto de las infracciones por las cuales ha sido extraditado y deberá ser juzgado.
Tratado de extradición En sus considerandos, el decreto subraya que entre Estados Unidos y República Dominicana se suscribió un acuerdo y se ratificó un tratado de extradición que fue promulgado el 11 de julio del 1910, en cuyo artículo 8 otorga a las partes contratantes la facultad de extraditar a sus nacionales.
También resalta que la asistencia internacional fue solicitada el 27 de octubre del 2010, al amparo del instrumento citado, el cual es vinculante entre las partes.
Indica que Estados Unidos se ha comprometido a continuar el proceso interpuesto contra Ramón Antonio del Rosario Puente, con el debido respeto a las leyes vigentes y las garantías individuales que ofrece la legislación aplicable de esa nación.
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