Desde los párrafos iniciales, el magistrado estableció que la existencia de un Poder Judicial independiente no se vincula únicamente a la democracia como expresión de soberanía popular, sino a la democracia de los derechos, cuya finalidad primordial es la protección efectiva de la persona humana.
En ese sentido, sostuvo que la justicia cumple una función de contrapoder, al estar llamada a controlar el ejercicio del poder político cuando este vulnera los límites constitucionales o los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El juez Medrano Mejía recordó que, en un Estado constitucional, la política debe someterse al derecho y no a la inversa, subrayando que la justicia no es representativa ni mayoritaria, sino cognoscitiva, sujeta exclusivamente al imperio del derecho. Esa sujeción, afirmó, es la base de su carácter contramayoritario y de su capacidad para resistir interferencias de otros poderes del Estado. Advirtió además que la independencia judicial no puede descansar en el heroísmo individual de los jueces, sino en garantías institucionales claras, como la autonomía presupuestaria y administrativa consagrada en la Constitución y en las leyes vigentes.
En ese contexto, expresó su expectativa de que el recién creado Ministerio de Justicia contribuya al fortalecimiento efectivo de esas garantías, sin afectar la autonomía del Poder Judicial.
Reducción histórica de la mora judicial
Al pasar al balance de gestión, el magistrado informó que el Distrito Judicial de San Francisco de Macorís cerró el año 2025 con una reducción superior al 98 % de la mora judicial, situándose a un solo expediente del despacho total en la Corte Penal de Apelación. Indicó que actualmente el 85 % de los tribunales del departamento se encuentran al día, una realidad que calificó como sostenible y superable, con la proyección de erradicar por completo la mora en los primeros meses de 2026.
Estos resultados, explicó, no responden únicamente a un esfuerzo voluntarista de los jueces, sino al desarrollo de competencias institucionales y a la implementación de herramientas de gestión que han transformado la forma de trabajar en los tribunales, que se enmarcan en los objetivos estratégicos heredados del Plan Visión Justicia 20/24: cero mora judicial, 100 % de acceso y 100 % de transparencia.
Sistema de gestión de casos y expediente electrónico
Uno de los pilares de esa transformación ha sido el sistema de gestión de casos, que opera bajo una política de cero papel y se apoya en el uso del expediente electrónico y del número único de identificación procesal. Este sistema permite el seguimiento integral de cada proceso, la trazabilidad de las actuaciones y el acceso remoto a los expedientes, garantizando mayor transparencia, control y agilidad.
El uso generalizado de la firma digital, señaló, ha hecho posible una justicia más oportuna y eficiente, sin sacrificar la calidad de las decisiones. Paralelamente, el Poder Judicial ha impulsado la mejora del lenguaje judicial y la motivación de las sentencias, con énfasis en decisiones breves y comprensibles, líneas que continuarán fortaleciéndose a través de los programas de capacitación previstos para 2026, que formarán parte de la Semana con la Escuela, a celebrarse del 8 al 12 de junio de este año.
Consideraciones sobre el nuevo Código Penal
En su análisis del marco normativo, el juez coordinador abordó la reciente aprobación del nuevo Código Penal, al que definió como un cuerpo legal con una impronta marcadamente dominicana. Reconoció que incorpora innovaciones relevantes y un sistema de principios penales actualizado, aunque advirtió que algunas disposiciones reflejan tendencias punitivas influenciadas por el contexto político y social actual, cuya compatibilidad con el Estado constitucional deberá ser evaluada en la práctica y, eventualmente, por los órganos de control constitucional.
En paralelo, destacó la reforma al Código Procesal Penal, que introduce cambios estructurales como la simplificación de la justicia de paz, la prohibición del reenvío a nuevo juicio y la creación de una unidad multidisciplinaria de apoyo a la justicia penal, concebida para fortalecer la calidad de las decisiones y el seguimiento de medidas alternativas.
Mediación y justicia penal racional
El magistrado reiteró la importancia de consolidar la mediación y los acuerdos como mecanismos esenciales para una justicia penal más racional y humana. Señaló que el fortalecimiento de la negociación procesal permite reducir la sobrecarga de los tribunales, evitar juicios innecesarios y ofrecer respuestas más eficaces a los conflictos sociales, en consonancia con los principios que inspiraron la reforma procesal penal.
Asimismo, destacó el trabajo del Tribunal de Ejecución de la Pena, que mantiene la ejecución puntual de las libertades, sin personas privadas de libertad que hayan cumplido condena esperando excarcelación. Señaló, no obstante, la necesidad de avanzar hacia una interoperabilidad plena entre las instituciones del sistema penal para garantizar información confiable y oportuna.
Justicia del futuro y desafíos éticos de la inteligencia artificial
Al proyectar la justicia del futuro, Medrano Mejía afirmó que la transformación digital es irreversible, pero advirtió que su éxito dependerá de la capacidad del sistema judicial para poner la tecnología al servicio de la persona y no a la persona al servicio de la tecnología.
En ese marco, dedicó una reflexión especial a los riesgos éticos asociados al uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, señalando que organismos internacionales han identificado a la justicia como un ámbito de alto riesgo para el uso indiscriminado de estas herramientas, debido a su potencial para vulnerar derechos fundamentales.
Citó experiencias recientes en otros países que han generado debate por el uso no supervisado de inteligencia artificial en la redacción de sentencias, advirtiendo que la productividad no puede imponerse sobre la calidad, la motivación y la responsabilidad judicial. Enfatizó que la inteligencia artificial debe ser siempre un instrumento auxiliar, nunca un sustituto del juicio humano, y anunció que estos temas formarán parte de la capacitación judicial prevista para el presente año.
Centro de Servicios Secretariales y cultura de cero papel
Como parte del proceso de modernización, destacó el rol del Centro de Servicios Secretariales, que durante el año 2025 recibió más de 25,000 solicitudes, con devolución inmediata de documentos, consolidándose como una de las expresiones más visibles de la nueva cultura judicial basada en eficiencia, transparencia y trato humano.
Reconocimiento al trabajo judicial
En el tramo final de su discurso, el juez coordinador expresó su agradecimiento a jueces, juezas y servidores judiciales del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, destacando el esfuerzo colectivo que ha hecho posible los avances alcanzados. Mencionó de manera especial a los presidentes de órganos jurisdiccionales Amparo de León Salazar, Julio Manuel Castillo Plata, Martha Cristina Díaz Villafaña y Gregorio Cordero Medina, así como a magistrados, jueces suplentes, abogados ayudantes y personal de apoyo, cuyo trabajo calificó como determinante para la sostenibilidad del servicio judicial.
El acto concluyó con un llamado a preservar y fortalecer la independencia del Poder Judicial, reafirmando que la transformación institucional en curso es irreversible y constituye un compromiso permanente con la verdad, la justicia, la razón y los derechos fundamentales.
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