La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este jueves que el gobierno mexicano no puede demandar a los fabricantes de armas estadounidenses por su presunta responsabilidad en la violencia del narco en México.
El alto tribunal concluyó que la legislación estadounidense exime de responsabilidad a los fabricantes de armas y no permite la presentación de la demanda del gobierno de México.
La resolución, redactada por la jueza Elena Kagan y con apoyo unánime de la corte, concluye que México no ha presentado una argumentación verosímil que indique que los fabricantes de armas estadounidenses han ayudado ni instigado la venta ilegal de sus productos a narcotraficantes mexicanos.
México había presentado una demanda de US$10.000 millones contra los principales fabricantes de armas de fuego en EE.UU., a quienes acusa de fomentar la violencia de los carteles.
El gobierno mexicano sostiene que la producción y venta de armas por parte de la industria armamentística en EE.UU. ha engordado los carteles de la droga y su peligrosidad, causando perjuicios al estado mexicano, un mensaje que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha transmitido públicamente y en sus conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Los abogados de la parte mexicana también afirmaron que las empresas eran conscientes de que algunas de sus armas eran objeto de tráfico ilegal, y que, en consecuencia, México debería poder demandarlas.
En una audiencia celebrada a principios de marzo, la mayoría de los jueces se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que México pudiera acreditar un vínculo directo entre los fabricantes de armas y la violencia de los cárteles.
Varios jueces se mostraron convencidos de que una ley de 2005 que protege a los fabricantes y distribuidores de armas de la mayoría de las demandas nacionales por lesiones causadas por armas de fuego también podría aplicarse al caso presentado por el gobierno mexicano.
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