El presidente Joe Biden presentará esta semana su proyecto de reforma migratoria con la cual buscará modificaciones de fondo al actual sistema, además de proponer un plan de ciudadanía para indocumentados.
El senador Bob Menendez (Nueva Jersey) es quien patrocinará el proyecto en el Senado, pero hay pocos detalles extra de lo que vendrá específicamente en la legislación, la cual se espere que enfrente oposición de republicanos y algunos demócratas conservadores.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó la presentación del paquete “America’s Citizenship Act of 2021” (“Ley de Ciudadanía de EE.UU. del 2021”) esta semana, una de las principales promesas a inmigrantes del presidente Biden durante su campaña.
“Parte de la propuesta que el presidente delineó y propuso el primer día es un camino ganado hacia la ciudadanía… para 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país”, dijo Psaki. “También es alguien que cree en los derechos de los beneficiarios de DACA a estar en el país”.
Los indocumentados
Todavía no quedan claras cuáles serían las condiciones para otorgar la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados, pero en una llamada telefónica del 18 de enero, una de las oficiales del gobierno entrante indicó que sería a personas que estuvieran en el país por 10 años o más.
“Crea un mapa de ciudadanía para la población que vive y trabaja en los Estados Unidos… los inmigrantes indocumentados que han estado en el país por 10 años o más”, se indicó sin dar detalles.
El presidente Biden dijo que su proyecto busca otorgar la ciudadanía a casi 11 millones de indocumentados, pero hay condiciones que su administración impondrá y reducirá el número de personas beneficiadas, incluyendo el récord criminal o faltas civiles.
“El proyecto de ley proporciona a las personas trabajadoras que enriquecen a nuestras comunidades todos los días y que han vivido aquí durante años, en algunos casos por décadas, una oportunidad para obtener la ciudadanía”, indica un adelanto de la propuesta.
Entre los requisitos que ya se marcan es que las personas deberán demostrar su estancia física en el país el 1 de enero del 2021, aunque establecería opciones para quienes fueron deportados en un periodo de tres años.
“Crea una hoja de ruta ganada hacia la ciudadanía para personas indocumentadas”, indica el plan. Eso les permitirá solicitar una “green card” provisional, en cinco años aplicar por una permanente.
“(Eso dependerá) de si aprueban verificaciones de antecedentes penales y seguridad, además de pagar sus impuestos”, especifican los lineamientos generales.
Tras obtener la “green card” permanente, los inmigrantes deberán esperar tres años para aplicar a la ciudadanía, tras aprobar verificaciones adicionales de antecedentes, conocimiento de inglés y educación cívica.
Los ‘dreamers’ y TPS
El camino a la ciudadanía para ‘dreamers’ y beneficiarios de TPS sería más corto, pero también dependerá de una revisión de antecedentes y otros requisitos, se adelantó.
Si el Congreso avalara la reforma, las personas protegida con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y de Estatus de Protección Temporal (TPS), podrán aplicar por la Residencia Permanente en forma inmediata y, después de tres años, solicitar la ciudadanía.
Los requisitos en el proyecto de reforma integral para “dreamers” son más sencillos que en el Dream Act, patrocinada por los senadores demócrata Dick Durbin (Illinois) y el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), ya que otorgaría una “green card” provisionar a estos jóvenes y luego podrían aplicar por una permanente.
Proyecto complicado
La portavoz Psaki reconoció que el proyecto del presidente Biden es de largo aliento y de fondo en temas de seguridad fronteriza, entre otros aspectos.
“También incluye fondos para abordar las causas fundamentales, incluye la inversión en seguridad inteligente”, indicó. “Pero el Congreso tendrá que analizar cómo se ve en el futuro y qué componentes se incluirán aquí o qué componentes podrían tratarse por separado”.
Psaki no quiso adelantarse a la posibilidad de que la reforma migratoria fuera dividida y “presentada por partes”, a fin de facilitar su aprobación.
“Vamos a dejar que el proyecto de ley se presente formalmente en algún momento pronto; no voy a adelantarme a ese proceso”, expresó. “Y ciertamente el presidente siente que todos estos requisitos que están en el proyecto de ley, estos componentes del proyecto de ley, son los que lo hacen integral”.
Otros cambios
Los primeros adelantos sobre la propuesta incluirán:
- Estrategia de seguridad fronteriza
- Más visas al Programa de Diversidad (lotería de visas)
- Cómo se mantendrán a distintos tipos de familias juntas: LGBTQ, militares, etc.
- Sin veto por creencias religiosas
- Plan para que refugiados logren ciudadanía
- Modificaciones a visas de trabajo especializadas, agrícolas y de servicios
Joe Biden busca un nuevo vínculo de Washington con sus vecinos del sur.
Paso a paso y sin el estruendo habitual de su antecesor, el presidente Joe Biden ha comenzado a cimentar una nueva relación de Estados Unidos con América Latina.
A menos de un mes de su inicio, el gobierno de Biden tomó diversas acciones hacia la región que contrastan como el día y la noche con las políticas del expresidente Donald Trump.
A continuación, un análisis de tres de esos cambios:
1. Mayor presión por democracia, corrupción y derechos humanos
EE.UU. ha vuelto a poner en la mesa de su trato con América Latina temas de democracia, corrupción y derechos humanos, aumentando la presión sobre algunos países.
Esto supone una novedad respecto a Trump, quien relegó esos asuntos en su vínculo con los gobiernos de la región, excepto los de Venezuela, Cuba y Nicaragua por motivos ideológicos, señalan expertos.
Sobre Nicaragua, Washington indicó este mes que está "profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno del presidente (Daniel) Ortega".
"Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura", indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y reclamó un "cambio de rumbo" al mandatario.
Pero también ha lanzado advertencias a otros gobiernos de la región que solían escapar de las críticas de Trump.
A finales de enero, Price indicó en un comunicado que EE.UU. seguía de cerca el intento del Congreso de Guatemala de colocar en la Corte de Constitucionalidad a un juez con acusaciones de obstrucción de la justicia y vínculos con un empresario acusado de corrupción.
El gobierno de Biden también rechazó un pedido de reunión del presidente salvadoreño Nayib Bukele durante un viaje que este realizó a Washington días atrás, informó la agencia de noticias AP.
Nayib Bukele: el presidente salvadoreño es uno de los que parece sentir el cambio en la Casa Blanca.
Esto fue visto como una muestra de la inquietud de Washington por la situación del Estado de derecho y la democracia en El Salvador.
"Están enseñando que están dispuestos a enjuiciar los regímenes de la región sin ideología, de una manera muy objetiva", dice Christopher Sabatini, investigador senior para América Latina del centro de análisis Chatham House en Londres, a BBC Mundo.
EE.UU. también expresó preocupación el jueves por la violencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia.
"Reducir esta violencia e investigar estos crímenes es una de las principales prioridades tanto para EE.UU. como para Colombia", dijo Price, "y es un tema que planteamos al gobierno colombiano".
2. El fin de los acuerdos de "tercer país seguro"
La mayor inquietud de Trump respecto a América Latina era detener el flujo de migrantes hacia EE.UU., y para ello endureció políticas dentro y fuera del país.
Biden quiere desmantelar ese legado y su gobierno ya ha tomado una acción concreta: suspendió los acuerdos de cooperación de asilo firmados por Trump en 2019 con Guatemala, El Salvador y Honduras.
Guatemala ha dejado de ser "tercer país seguro" para recibir deportados de otros países desde Estados Unidos.
Esos pactos de "tercer país seguro" obligaban a los solicitantes de asilo de la región a pedir refugio en esas naciones del llamado Triángulo del Norte, antes de hacerlo en EE.UU.
El secretario de Estado, Antony Blinken, indicó que las interrupciones de los acuerdos eran "los primeros pasos concretos" para poder gestionar la migración en la región.
El objetivo señalado por Biden es crear un nuevo marco regional para eso y procesar de forma ordenada las solicitudes de asilo en la frontera de EE.UU. con México, algo que requerirá más tiempo.
"Llevará entre cuatro y seis meses poner en marcha un sistema de asilo viable. Mientras tanto, creo que dependerá de los países de tránsito y de México asegurarse que no haya un aumento (del número de migrantes) en la frontera", dice Muzaffar Chishti, un experto del Instituto de Política Migratoria en Nuevas York, a BBC Mundo.
Biden firmó una orden ejecutiva este mes con el objetivo de abordar las causas de la emigración y el desplazamiento forzado hacia EE.UU., como la violencia o la inseguridad económica, y prevé destinar US$4.000 millones al Triángulo del Norte.
Miles de migrantes aguardan en condiciones precarias en México se procese su pedido de asilo en EE.UU.
Biden también pidió revisar el programa Protocolos de Protección a Migrantes, también denominado "Quédate en México", lanzado por Trump y por el que miles de solicitantes de asilo fueron enviados a ese país mientras se tramita su pedido en EE.UU.
Washington ha indicado que comenzará a procesar esas solicitudes a partir del viernes 19, lo que permitiría el ingreso gradual a EE.UU. de migrantes.
Miembros de la oposición republicana sostienen que estos cambios y el abandono del proyecto para construir el muro fronterizo con México que quería Trump atraerán más migrantes hacia EE.UU., pero el gobierno de Biden niega que la frontera esté abierta.
3. Revisión de sanciones a Venezuela
Otro cambio que se esperaba del gobierno de Biden era un relajamiento de algunas sanciones a Venezuela, y eso ha comenzado a ocurrir.
El Departamento del Tesoro habilitó este mes ciertas operaciones en puertos y aeropuertos del país sudamericano que habían sido vedadas por el gobierno de Trump.
La medida está lejos de significar un fin de las sanciones al sector petrolero venezolano: el Tesoro aclaró que la nueva autorización excluye actividades de exportación de diluyentes a Venezuela, necesarios para refinar el crudo.
El Tesoro de EE.UU. eximió de sanciones a algunas actividades en aeropuertos y puertos de Venezuela.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro tampoco incluyó en el permiso a funcionarios del gobierno venezolano de previamente sancionados.
Pero este leve cambio es visto como un anuncio de que Washington ya revisa la política de sanciones a Venezuela implementada por el gobierno de Trump, que buscó restringir la mayor cantidad posible de actividades en ese país.
"Esto enseña que no van a mantener la misma inflexibilidad con las sanciones", dice Sabatini. "Pero es posible que esta acta también sea para abrir las puertas a ayuda humanitaria", agrega.
Y recuerda que, pese a las excepciones previstas por ejemplo para la llegada de alimentos y medicinas al país, las organizaciones dedicadas a esas tareas se sentían inseguras sobre cómo proceder.
De hecho, un informe de un organismo de control del gobierno de EE.UU. indicó este mes que las sanciones a Venezuela pudieron haber obstaculizado la ayuda humanitaria y agravado la crisis económica del país.
Una oficina de contralor del gobierno de EE.UU. sostuvo que las sanciones "probablemente contribuyeron al declive mas pronunciado de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo".
Tras conocer el informe de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés), el presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., el demócrata Gregory Meeks, pidió asegurar "que las sanciones no impidan la entrega de asistencia humanitaria a quienes más la necesitan".
Blinken ha calificado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de "dictador brutal" y muchos descartan que Washington levante las sanciones impuestas a miembros de su gobierno por abusos de derechos humanos y corrupción.
Pero EE.UU. podría ajustar sanciones económicas mientras coordina con otros países su reclamo de elecciones generales libres en Venezuela.
"Es hora de avanzar de cuatro años de política fallida del gobierno de Trump hacia Venezuela y trabajar con nuestros aliados del Grupo de Lima y la Unión Europea en un enfoque multilateral más efectivo para las múltiples crisis del país", sostuvo Meeks, considerado un posible articulador de esos esfuerzos.
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El plan de ayuda fiscal por la pandemia de coronavirus propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó impulso este viernes luego de el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran un programa presupuestario que permite a los demócratas autorizar el proyecto del mandatario de 1,9 billones de dólares en el Congreso, con o sin apoyo republicano.
Tras 15 horas de debates y votaciones consecutivas sobre decenas de enmiendas, el Senado se encontró en un punto muerto de 50-50 entre los partidos sobre la aprobación del plan presupuestario.
Ese punto muerto lo rompió la vicepresidenta de Estados Unidos y presidenta de la Cámara alta, Kamala Harris, cuyo voto por el “sí” dio la victoria a los demócratas.
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Fue un “primer paso gigantesco” para aprobar el tipo de proyecto de ley integral de ayuda por el coronavirus que Biden ha puesto en lo más alto de su agenda legislativa, declaró el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.
Poco antes de la votación final, los demócratas demostraron su fuerza al ofrecer una enmienda que revierte tres votaciones anteriores que los republicanos ganaron.
Los republicanos habían utilizado la batalla de ayuda del coronavirus para expresar su apoyo al oleoducto Keystone XL de Canadá a Estados Unidos, que Biden ha bloqueado, y al fracking hidráulico para extraer petróleo subterráneo y gas natural.
También se revocó una enmienda republicana que prohíbe la ayuda del coronavirus a inmigrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos.
Con Harris al frente del Senado, se rompió la igualdad en 50 para anular esas victorias republicanas.
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Fue la primera vez que Harris, en su papel de presidenta del Senado, emitió un voto de desempate tras prestar juramento como vicepresidenta de Biden el pasado 20 de enero.
El Senado aprobó además una serie de enmiendas al esquema presupuestario, que ya había pasado la Cámara de Representantes el miércoles. Como resultado, la Cámara baja volvió a votar este viernes para aceptar los cambios del Senado, lo que despeja su aprobación definitiva para las próximas semanas.
Ahora, el proyecto de ley debe ser desarrollado y redactado en detalle por varios comités del Congreso, con lo que, pese al carácter de urgencia que Biden le ha dado a este plan de estímulo, este proceso pudiera aún tardar varias semanas.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que espera que la aprobación definitiva pueda darse en dos semanas.
La propuesta incluye la distribución de cheques de 1.400 dólares a los contribuyentes, una prestación semanal por desempleo de 400 dólares, y 350.000 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y municipales a afrontar los efectos de la pandemia. Asimismo, incluye un aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora para todo el país, y más fondos para el cuidado infantil, la financiación de las escuelas y la distribución de las vacunas.
Biden ha renunciado al apoyo republicano a este plan de recuperación y hoy sugirió que prolongar las negociaciones con la oposición en el Congreso sólo llevarían a un retraso. “Demasiadas personas en la nación ya han sufrido durante demasiado tiempo (...) en conciencia, no puedo hacer eso”, agregó el gobernante respecto a prolongar la negociación.
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este martes a su gobierno que “agilice” la naturalización de unos nueve millones de immigrantes, dentro de una política migratoria más inclusiva, tras la línea dura mantenida por su predecesor Donald Trump.
La iniciativa está incluida en uno de los tres decretos que el mandatario demócrata firmó este martes por la tarde para revertir medidas de la anterior administración republicana que considera “divisivas”, “crueles” y contrarias a la esencia misma de Estados Unidos, dijeron altos funcionarios gubernamentales.
“La estrategia del presidente Biden se centra en la premisa básica de que nuestro país es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema de inmigración sano, ordenado y humano”, explicó uno de los responsables en diálogo con periodistas.
Según estas fuentes, la orden ejecutiva para “restaurar la fe” en el sistema de inmigración legal pide a los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Interior “una revisión del proceso de naturalización para agilizarlo y hacerlo más accesible a los más de nueve millones de inmigrantes que actualmente son aptos” para solicitar la ciudadanía.
Biden también solicitó que se revise la llamada “regla de carga pública” creada en agosto de 2019 por el gobierno de Trump para denegar la tarjeta de residencia permanente (“green card”), o la ciudadanía, a quienes reciben algún tipo de asistencia social.
“Básicamente, estableció una prueba de riqueza para los inmigrantes”, aseguró uno de los altos funcionarios.
Otro de los decretos apunta a cumplir una de las promesas de campaña de Biden: reunir a las familias de migrantes separadas por la política de “tolerancia cero” instaurada por Trump en 2018 en la frontera con México, que afectó mayoritariamente a centroamericanos.
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“Fue un fracaso moral y una vergüenza nacional que el gobierno anterior usara la separación familiar como un arma contra familias y niños desesperados”, dijo uno de los responsables, subrayando que este tema de las reunificaciones familiares es “prioridad máxima” para Biden.
Un grupo de trabajo buscará identificar a los cientos de menores que aún hoy permanecen apartados de sus padres - al menos unos 600 según demandas judiciales presentadas el año pasado - y propondrá soluciones para el reencuentro, dijeron los altos funcionarios, sin especificar si esto podría incluir el regreso a territorio estadounidense de los adultos deportados.
Se hará “una evaluación individual de los factores para cada familia”, señalaron.
Biden firmó también una orden ejecutiva para atender las razones que impulsan la migración irregular a Estados Unidos. “El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro (con México) que no hizo nada para abordar la causa fundamental de por qué la gente llega a nuestra frontera sur”, dijo otro de los funcionarios.
Biden pidió revisar los Protocolos de Protección al Migrante (MPP en inglés), más conocidos como “Quédate en México”, por el cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos deben esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano.
“El programa MPP ha sido un desastre desde el principio y ha conducido a una crisis humanitaria en el norte mexicano”, afirmó este responsable. “Lo que queda claro después de los últimos cuatro años es que el caos, la crueldad y confusión no mejoran la seguridad”, añadió.
Desde enero de 2019, cuando se empezó a implementar, hasta diciembre de 2020, al menos 70.000 personas habían sido devueltas a México bajo los MPP, según datos de la ONG American Immigration Council.
¿Un inmigrante latino en el DHS?
El cumplimiento de estos decretos competerá en gran parte al Departamento de Seguridad Interior (DHS). Para encabezarlo, Biden propuso a Alejandro Mayorkas, un abogado nacido en Cuba en 1959 y llegado de muy pequeño a Estados Unidos con su familia. El Senado aprobó este martes su designación.
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Mayorkas se convirtió así en el primer latino y el primer inmigrante en liderar esa cartera, de la que fue subsecretario entre 2013 y 2016 tras dirigir los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) desde 2009.
En uno de sus primeros actos de gobierno el 20 de enero, Biden envió al Congreso un proyecto de ley para legalizar a unos 11 millones de extranjeros sin papeles que residen en Estados Unidos, más de la mitad de ellos mexicanos y centroamericanos. Esta ambiciosa reforma migratoria debe superar sin embargo la reticencia de muchos republicanos.
El mismo día en que asumió, el presidente demócrata firmó varias órdenes ejecutivas con las que, entre otras medidas, frenó la construcción del muro fronterizo con México - buque insigne de la política antiinmigración de Trump- y preservó el programa DACA. Esta iniciativa está destinada a proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes traídos al país indocumentados cuando eran niños. Fue establecida por el expresidente Barack Obama y Trump quiso desmantelarla.
Biden ha firmado numerosas órdenes ejecutivas revirtiendo políticas de Trump.
Muchos de sus votantes probablemente consideran al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su antecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, como polos opuestos.
Si se juzga por el largo número de políticas del magnate inmobiliario que el nuevo mandatario ha intentado revertir a través de decisiones ejecutivas en las dos primeras semanas de su gobierno, ese parece ser el caso.
Este martes, Biden volvió a firmar una serie de órdenes dirigidas a revertir la política migratoria de mano dura de su predecesor.
Y solo durante su primera semana en la Casa Blanca, Biden firmó 21 órdenes ejecutivas, más que la suma de las que emitieron en el mismo periodo los anteriores cuatro presidentes de EE.UU., desde Bill Clinton en 1994 hasta Trump en 2016.
El objetivo de una parte sustancial de estas decisiones ha sido revertir políticas aplicadas por Trump.
Biden ya ordenó el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud, detuvo la construcción del muro fronterizo con México, puso fin al veto que impedía la llegada de viajeros procedentes de un grupo de países mayoritariamente musulmanes y volvió a abrir las puertas para el ingreso en las Fuerzas Armadas de personas transgénero, entre otras cosas.
Todas estas eran decisiones polémicas que impuso Trump haciendo uso de sus poderes presidenciales.
Sin embargo, hay otras políticas controversiales del gobierno anterior que han sobrevivido la arremetida del nuevo mandatario contra el legado de su antecesor.
BBC Mundo te cuenta cuáles son 5 de estas políticas.
1. Acuerdos Abraham
Uno de los hitos que marcaron el legado del gobierno de Trump en política exterior son los llamados Acuerdos Abraham, mediante los cuales -gracias al patrocinio de Estados Unidos- Israel normalizó sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán.
Trump anunció el acuerdo para la normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos el 13 de agosto.
Firmados en 2020, estos acuerdos fueron presentados en su momento por la Casa Blanca como un paso adelante en la búsqueda de la paz en Medio Oriente, al facilitar el establecimiento de relaciones entre el estado judío y países árabes, algo casi inédito pues hasta entonces Israel solamente mantenía relaciones formales con Egipto y Jordania.
Estos nuevos acuerdos fueron criticados porque indirectamente debilitaban la posición de los palestinos en su conflicto con Israel pues históricamente una de las formas en la que los países árabes les habían apoyado era a través de su rechazo a reconocer al estado judío.
Otra crítica a estos acuerdos residía en que para hacerlos realidad, Estados Unidos hizo algunas concesiones importantes como acceder a vender 50 aviones caza de última generación F-35 a Emiratos Árabes Unidos.
La semana pasada, el nuevo secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, respaldó estos acuerdos al calificarlos como "un desarrollo muy positivo" y anunciar que la presidencia de Biden piensa construir sus políticas sobre ellos.
Sin embargo, el nuevo gobierno también ha anunciado que revisará la venta de los aviones caza a Emiratos Árabes algo que -aunque es considerado como un procedimiento usual cuando hay cambios de gobierno- podría afectar estos acuerdos si Washington termina retractándose de la operación.
2. Línea dura con China
Una política con la que Donald Trump marcó una diferencia clave con sus antecesores en la Casa Blanca de los últimos 40 años fue la adopción de una política de abierta confrontación con China.
Biden no es nuevo en el gobierno ni en su relación con China: en esta foto, en 2013, cuando era vicepresidente de Obama.
Aunque los presidentes anteriores a él no habían evitado criticar a Pekín por temas como la situación de los derechos humanos o por sus prácticas comerciales, Trump no solo asumió un tono más duro sino que inició una guerra comercial con China y adoptó sanciones en contra de algunas de sus empresas bandera como Huawei.
Durante su audiencia de confirmación ante el Senado, Blinken dijo que pensaba que Trump tenía razón al asumir una postura más dura ante Pekín y que no tiene dudas de que esa nación representa el reto más significativo para Estados Unidos.
El nuevo secretario de Estado también dijo que coincidía con la opinión de su antecesor, Mike Pompeo, quien señaló que China está cometiendo un genocidio en contra de los uigures y otras minorías musulmanas en la región de Xinjiang.
En cuanto a la guerra comercial, Biden ha dicho que va a apresurarse en temas como el levantamiento de los aranceles y que aplicaría políticas en contra de las "prácticas abusivas" de China como el "robo de la propiedad intelectual, los subsidios ilegales a las empresas" o las transferencias de tecnología forzosas a las que están obligadas las empresas estadounidenses para operar en China.
Así las cosas, los expertos anticipan que la principal diferencia entre la política de Trump y de Biden ante China residirá en los métodos y las formas: mientras el exmandatario optó por actuar de forma unilateral, se espera que Biden busque aliados en la escena internacional para hacer frente a Pekín.
3. Ayudas económicas de US$2.000
Cuando a mediados de diciembre pasado, el Congreso de Estados Unidos logró un acuerdo para un segundo paquete de ayudas económicas ante la pandemia del coronavirus, que incluía cheques por US$600 para cada ciudadano, Trump amenazó con vetar el acuerdo si ese monto no era aumentado hasta US$2.000.
Trump llegó a amenazar con bloquear todo el paquete de estímulo a la economía si no se aumentaba a US$2.000 los pagos a los ciudadanos.
El entonces presidente dijo que el monto aprobado era "ridículamente bajo".
Esa postura fue plenamente compartida con Biden, quien entonces calificó la ayuda aprobada como "un pago inicial" y afirmó que haría falta mucho más dinero.
Tras su llegada a la Casa Blanca, el nuevo presidente ha mantenido esa posición al punto que en su nuevo plan para estimular la economía se contempla un cheque por US$1.400 para cada estadounidense, el cual servirá para completar aquel monto fijado por Trump en diciembre de US$2.000.
4. ¿Los acuerdos migratorios con México y Centroamérica?
Revertir las políticas de inmigración de Trump es prosbalbemente en lo que más activamente ha trabajado Biden.
Desde la campaña electoral, fue claro en que uno de sus objetivos era "restaurar" el sistema de asilo y refugio en Estados Unidos.
El nuevo mandatario acusa a Trump de haber actuado en detrimento de la tradición estadounidense de acoger a los perseguidos de distintas partes del mundo, imponiendo numerosas limitaciones para su entrada y permanencia en el país.
Entre estas medidas se incluye el Protocolo de Protección de Migrantes (PPM), que establece que los aspirantes a pedir un asilo en Estados Unidos que lleguen primero a México deben esperar en ese país hasta recibir una respuesta a su solicitud.
El gobierno de Trump también suscribió con Guatemala, Honduras y El Salvador los llamados acuerdos de "tercer país seguro", que permiten que estos países acojan en sus territorios a personas que busquen asilo en Estados Unidos.
Trump intentó bloquear el tránsito de caravanas hacia Estados Unidos con miles de migrantes procedentes de Centroamérica.
Durante la campaña presidencial, Biden afirmó que el PPM sería eliminado en su primer día de gobierno.
Sin embargo, una vez electo, durante una rueda de prensa en diciembre, Biden matizó su promesa.
"Esto se va a hacer y se va a hacer pronto pero no va a ser posible hacerlo el primer día", dijo al advertir que no podía levantar todas las restricciones existentes de forma repentina pues se arriesgaría a terminar con una crisis adicional que complicaría los esfuerzos de su gobierno.
Luego de casi dos semanas en la Casa Blanca, este martes Biden finalmente abordó el tema del PPM al firmar una orden ejecutiva en la que, sin embargo, aún no elimina este mecanismo si no que ordena a los funcionarios de su gobierno revisar este programa que ha obligado a miles de centroamericanos a esperar por su asilo en unos campamentos del lado mexicano de la frontera.
Durante la primera llamada telefónica entre Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ambos hablaron sobre revertir las "medidas draconianas" ante la inmigración impuestas por el gobierno de Trump.
Sin embargo,también se refirieron a "aumentar la capacidad de reasentamiento", según el resumen de la llamada divulgado por la Casa Blanca.
Esto siembra dudas sobre si el nuevo gobierno prevé eliminar por completo este programa o si apunta a buscar una fórmula distinta pero que también contemple la posibilidad de que México siga acogiendo a los centroamericanos que busquen asilo o refugio en Estados Unidos.
La idea de reubicar a los solicitantes de asilo, también está presente entre las propuestas que Biden manejaba como candidato ante el tema migratorio.
Según se lee en la página web de su campaña, para atender este tema el nuevo mandatario prevé convocar una cumbre regional que incluya a los mandatarios de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Canadá "para abordar los factores que impulsan la migración y proponer una solución de reasentamiento regional".
Queda por ver, cuán distintos serán esta "solución de reasentamiento" de los actuales acuerdos con México y Centroamérica.
5. Venezuela, Guaidó y Maduro
El gobierno de Trump fue el primero en el mundo en reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019, luego de que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, se reeligiera en el cargo en unas elecciones que gran parte de la comunidad internacional consideró fraudulentas.
En 2020, Juan Guaidó fue ovacionado en el Congreso de Estados Unidos tanto por republicanos como por demócratas.
A partir de allí, Trump impuso una serie de fuertes sanciones no solamente a los miembros del gobierno de Maduro sino también a la industria petrolera de Venezuela, principal fuente de divisas de ese país.
En enero pasado, los países de la Unión Europea decidieron dejar de reconocer a Guaidó como mandatario interino, debido a que se venció el periodo constitucional para el que había sido electa la Asamblea Nacional que él presidía.
Sin embargo, Trump optó por mantener ese reconocimiento y el nuevo gobierno estadounidense anunció que hará lo mismo.
Aunque Biden ha criticado algunas políticas de Trump sobre Venezuela -como sus veladas amenazas con el uso de la fuerza para forzar un cambio de régimen en el país-, el nuevo mandatario coincide con su antecesor en calificar a Maduro como un "tirano" y es partidario de incrementar las sanciones sobre el gobierno y sus aliados.
Biden también ha hecho llamados para que otros países reconozcan a Guaidó como líder legítimo del país y aboga por la liberación de los presos políticos y por la realización de nuevas elecciones en Venezuela.
Duplicar el salario mínimo para sacar a millones de estadounidenses de la pobreza. La ambiciosa propuesta de Joe Biden, que ya está en el escritorio de los legisladores, podría resultar en una revolución social para los más pobres de Estados Unidos, un país con flagrantes disparidades socioeconómicas.
“Incluso antes de la pandemia, el salario mínimo federal de 7,25 dólares (por hora) era económica y moralmente indefendible”, dijo el legislador demócrata por Virginia Bobby Scott al presentar el proyecto de ley.
Esto no ha cambiado ni un ápice desde el 24 de julio de 2009.
Aunque muy popular entre la población -incluso en las filas de los republicanos- y apoyada durante más de una década por los sindicatos, la iniciativa ha chocado con la oposición de los republicanos bajo la presión de los lobbies de las empresas que rechazan los costes adicionales.
“No es un ideal radical”
“Este no es un ideal radical”, dijo Bernie Sanders, excandidato presidencial progresista que calificó los 7,25 de dólares como “salarios de hambre”.
“En el país más rico del mundo, cuando trabajas 40 horas a la semana, no debes vivir en la pobreza”, insistió el senador por Vermont que impulsa el proyecto y espera convencer a los escépticos.
La crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus afecta principalmente a las pequeñas empresas, especialmente en el sector gastronómico y servicios. Por tanto, éstas no ven con buenos ojos esta propuesta incluida en el gigantesco plan de rescate de 1.900 millones de dólares.
El vicepresidente de la Federación Nacional de Restaurantes (NRA), Sean Kennedy, ha dado una nueva bienvenida al proyecto, especialmente porque entiende la obligación de pagar este salario mínimo en su totalidad, independientemente de las propinas impuestas a los clientes. Estos permiten a los jefes pagar a los empleados sólo dos o tres dólares cuando estas famosas “propinas” llenan el hueco de los 7,25 dólares.
Esta medida “supondrá costes insuperables” para muchos establecimientos que no tendrán más remedio que despedir a más empleados o cerrar definitivamente, pronostica Kennedy.
La nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, responde que “aumentar el salario mínimo sacará de la pobreza a decenas de millones de estadounidenses y creará oportunidades para innumerables pequeñas empresas en todo el país”.
Todo depende de cómo se implemente, argumentó, apuntando a un aumento gradual (15 dólares para 2025) que da “tiempo suficiente para adaptarse”.
¿Es bueno o malo para la economía? Este debate se instaló ásperamente durante siglos entre los economistas y no se ha resuelto, sobre todo porque la realidad económica no es la misma en Nueva York (muchas oportunidades, alto costo de vida ...) o en Misisipi (tejido económico menos denso, vida mucho más barata ...).
¿Círculo virtuoso?
Pero la administración de Joe Biden destaca el círculo virtuoso: pagar a aquellos con los salarios más bajos generaría miles de millones de dólares en gastos de consumo adicionales en bienes y servicios proporcionados por pequeñas empresas.
En 2019, unos 1,6 millones de trabajadores tenían salarios iguales o inferiores al mínimo federal, esto es, el 1,9% de todos los trabajadores pagados por hora, según la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos.
Esa es una cifra pequeña porque el salario mínimo, introducido en 1938 por el entonces presidente Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión, se ha convertido con el tiempo en algo teórico.
Si bien los estados del sur y el centro generalmente aplican el salario mínimo, los del este y los ricos como California han fijado una tasa mucho más alta: 12, 13 o incluso 15 dólares.
Y grandes empresas como la gigante del comercio en línea Amazon y la cadena de cafeterías Starbucks ya están pagando un salario de 15 dólares para atraer mano de obra.
El salario de Maggie Breshears, empleada del grupo Fred Meyer en Seattle, asciende así a 17,59 dólares frente a los 10 dólares de 2013.
“Cuando puedes proporcionarle un trabajo a alguien, tienes que pagarle un salario digno para vivir”, opina.
¿Por mayoría simple?
Una retribución de 15 dólares por hora hacia 2025 aumentaría los salarios de 27,3 millones de personas y sacaría de la pobreza a 1,3 millones de familias, calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Pero también estima que esto podría provocar la pérdida de 1,3 millones de puestos de trabajo.
Para Gregory Daco, economista jefe de Oxford Economics, más allá del impacto potencial, la propuesta ilustra el cambio social deseado por Joe Biden.
Esto “confirma la voluntad de una administración de centrarse más en las desigualdades sociales y raciales que habían provocado fuertes tensiones el año pasado” durante la gestión del magnate republicano Donald Trump, subraya.
La propuesta será difícil de aprobar incluso aunque los demócratas ostenten mayoría en ambas cámaras.
Sin embargo, Bernie Sanders ya ha mencionado la posibilidad de recurrir a un dispositivo para ratificar la ley por mayoría simple.
Una prueba de coronavirus negativa y cuarentena al llegar.
Esos serán los requisitos para todo aquel que quiera viajar a Estados Unidos desde el extranjero, anunció el presidente Joe Biden tras su primer día completo en el cargo.
El gobierno de Biden se ha puesto como prioridad frenar la pandemia en el país, donde el virus se ha cobrado las vidas de 400.000 personas hasta la fecha, y firmó una decena de órdenes ejecutivas con ese fin.
"La situación empeorará antes de mejorar", advirtió Biden, alertando de que Estados Unidos podría superar las 500.000 muertes a causa del virus el mes que viene.
Las 10 órdenes que firmó se enmarcan en su Plan de Acción Nacional contra el coronavirus, que presentó este jueves, y tratan de lo siguiente:
- Garantizar la cadena de distribución
- Mantener la seguridad de los trabajadores
- Asegurar una respuesta [al virus] equitativa
- Promover los viajes seguros
- Crear un consejo de pruebas para la pandemia
- Datos sobre coronavirus que tienen que ser registrados
- Garantizar que el apoyo de la Guardia Nacional está disponible
- Expandir el acceso a tratamientos y el cuidado contra la covid-19
- Respuesta global
Según su plan, se acelerará el proceso de vacunación y se aumentará el número de pruebas, y se utilizará legislación de emergencia para incrementar la producción de equipo esencial como mascarillas o cubrebocas.
La firma de estas medidas se produce después de que, el día anterior y tan solo unas pocas horas después de jugar el cargo, Biden firmara 17 decretos y directivas para poner en marcha su promesa de revertir con urgencia los cuatro años de políticas de Trump.
El nuevo presidente firmó, ente otras, la orden del mandato de usar mascarillas y mantener la distancia social en edificios públicos, así como el regreso al Acuerdo de París contra el cambio climático o a la Organización Mundial de la Salud.
El plan contra la covid-19
Una de las grandes promesas en el plan de Biden es llegar a los 100 millones de vacunaciones en sus primeros 100 días en el cargo.
Biden se ha puesto como prioridad absoluta frenar la pandemia en el país.
Encuanto a los viajes, Biden señaló que será obligatorio el uso de mascarillas en aviones y trenes en el país, una medida en línea con la ya anunciada de portar cubrebocas en edificios oficiales.
Además, anunció las nuevas medidas para viajeros que lleguen desde el extranjero.
Aquellos que vengan a EE.UU. desde otros países "tendrán que hacerse un test antes de subir al avión... y cumplir con una cuarentena cuando lleguen a Estados Unidos", dijo Biden.
El presidente, no obstante, no especificó el tiempo de esa cuarentena.
Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus, en número de muertes.
Aunque las órdenes ejecutivas no requieren de aprobación del Congreso, la mayor parte de los fondos para las medidas anunciadas por Biden se apoyan en un enorme paquete de estímulo de US$1,9 billones anunciado por el nuevo presidente la semana pasada.
Para sacarlo adelante, necesitará cooperación del Senado y la Cámara de Representantes.
El objetivo es reabrir la mayoría de las escuelas de forma segura en 100 días, y abrir centros de vacunación en estadios y centros comunitarios.
Estrategia nacional
En una clara ruptura con la administración Trump, el plan de Biden enfatiza una estrategia nacional y no se basa en que cada estado decida qué es lo mejor.
Precisamente esa fue una de las grandes críticas al gobierno de Trump ante el avance de la pandemia en el país, el más afectado del mundo en número de muertes.
Entre otros, el nuevo gobierno planea abrir una nueva oficina para coordinar la respuesta nacional y conseguir más fondos para autoridades locales y estatales.
Biden firmó las órdenes ejecutivas en su segundo día como presidente.
Tras anunciar estas acciones, Biden dijo que llevaría meses vencer a la pandemia pero aseguró que Estados Unidos "la superaría" si la sociedad permanece unida.
Sus palabras se hacían eco de su discurso tan solo un día antes, durante la ceremonia de investidura, cuando hizo un llamamiento a la unidad.
Preguntado al terminar el acto si su objetivo sobre vacunaciones es "demasiado bajo", teniendo en cuenta que eso significaría que 50 millones de personas son vacunadas en un país de alrededor de 330 millones, Biden consideró que es "un buen comienzo".
"Cuando lo anuncié, todos dijeron que no era posible. Venga ya. Deme un respiro, hombre", respondió al periodista.
El diario The New York Times destacó que al ratio actual de producción, alrededor del doble de vacunaciones deberían estar disponibles en ese periodo de tiempo.
Joe Biden tomó sus primeras decisiones como presidente firmando las órdenes ejecutivas.
Diecisiete acciones ejecutivas para empezar.
Con apenas unas pocas horas en el cargo de presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó 17 decretos y directivas para poner en marcha su promesa de revertir con urgencia los cuatro años de políticas de Donald Trump.
Una muestra de que Biden no quiere perder tiempo para encarar las crisis del país es que Trump, en comparación, firmó ocho órdenes ejecutivas en las dos primeras semanas en la Casa Blanca, y Obama, nueve.
Biden firmó, ente otras, la orden del mandato de usar mascarillas y mantener la distancia social en edificios públicos, así como el regreso al Acuerdo de París contra el cambio climático.
Combatir la pandemia del coronavirus
Coordinación contra la covid-19
Biden firmó una orden nombrando a Jeffrey Zients como coordinador de respuesta contra la covid-19 en un intento de que haya una dirección y una guía desde el gobierno federal.
Máscaras por 100 días
Uno de los primeros pasos de Biden fue la orden ejecutiva que requiere que los estadounidenses usen mascarilla en edificios públicos de todo el país para frenar el contagio de covid-19 y también dio inicio al reto de usar máscara al menos por 100 días para prevenir que el coronavirus siga extendiéndose.
No hay garantía de que los gobernadores estatales que hasta ahora se han opuesto a las órdenes de uso de mascarillas cambien repentinamente de opinión. Y hay cierto consenso en que no hay autoridad legal que otorgue a un presidente el poder de ordenar el uso de mascarillas a nivel nacional.
La primera orden que firmó Biden es la que ordena usar mascarilla en edificios de propiedad del gobierno federal.
Biden parece haber admitido ese punto y dice que él personalmente tratará de persuadir a los gobernadores para que actúen.
Si no hacen caso, se comprometió a hacer llamadas a alcaldes y funcionarios municipales para reclutarlos para la causa. Tampoco se sabe aún cómo hará cumplir esa orden.
La pandemia de coronavirus, que se había cobrado hasta este miércoles la vida de más de 400.000 personas en EE.UU., será la principal prioridad del nuevo gobierno.
Es "una de las batallas más importantes que enfrentará nuestro gobierno", dijo Biden, y prometió implementar su estrategia sobre la covid-19 de inmediato.
Biden ordenó usar mascarillas en los edificios públicos del país.
Reencuentro con la OMS
Biden revirtió la decisión del gobierno de Trump de que EE.UU. abandone la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A mitad de 2020, Trump anunció sus planes para que el país abandone la OMS, acusándola de gestionar mal la pandemia de covid-19 después de que surgiera el virus en China y diciendo que no había hecho "reformas muy necesarias".
El doctor Anthony Fauci dirigirá la delegación de Estados Unidos en la OMS a partir de este jueves.
Biden tratará de hacer llegar las vacunas a un mayor número de estadounidenses.
Política de inmigración
Eliminar la prohibición de entrada a EE.UU. desde países musulmanes
La prohibición de la entrada a EE.UU. firmada por Trump solo siete días después de asumir el cargo en enero de 2017 fue otra de las primeras políticas en ser eliminadas por el nuevo mandatario.
La prohibición inicialmente afectaba a personas de siete países de mayoría musulmana, pero la lista se modificó tras una serie de impugnaciones judiciales.
Ahora restringe el ingreso a los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela y Corea del Norte.
Un camino hacia la ciudadanía
En otra importante promesa sobre inmigración, Biden envió un proyecto de ley al Congreso que establece un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados.
"Y todos esos supuestos soñadores, esos niños del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), serán certificados nuevamente de inmediato para poder permanecer en este país y emprender el camino hacia la ciudadanía", había dicho a finales de octubre.
Biden envió este miércoles un memorándum al Departamento de Seguridad Nacional y al fiscal general para preservar el programa DACA, que protege de la amenaza de la deportación a los inmigrantes que llegaron como indocumentados cuando eran niños.
Biden quiere hacer más fácil el camino a la ciudadanía de muchos inmigrantes.
El equipo de Biden ha anunciado que el nuevo presidente crearía un grupo de trabajo para reunir a unos 545 niños migrantes separados de sus padres en la frontera sur de EE.UU.
En diciembre, los colaboradores del entonces presidente electo admitieron que necesitaría más tiempo para revertir una de las políticas de Trump, los Protocolos de Protección al Migrante que obligan a miles de solicitantes de asilo a esperar en México las audiencias de los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
Si bien se trató de un compromiso del "primer día", los asesores ahora dicen que podría tomar alrededor de seis meses abordarlo.
Otra orden ejecutiva revoca el plan de excluir del censo a los que no son ciudadanos, y otra acaba con el agresivo esfuerzo de la administración Trump por encontrar y deportar a inmigrantes indocumentados
Poner fin a la construcción del muro fronterizo
Como prometió, Biden detuvo la construcción de un proyecto representativo de la presidencia de Trump: el muro fronterizo entre EE.UU. y México. Su equipo de campaña lo había calificado como "una pérdida de dinero" que "desvía recursos críticos de las amenazas reales".
El equipo dijo que, en cambio, desviará los fondos federales hacia esfuerzos como nuevas medidas de control fronterizo.
El muro de Trump no seguirá creciendo.
Medidas económicas
Alivio para inquilinos y propietarios (y para estudiantes)
Biden firmó otra orden para extender una moratoria sobre los desalojos y las ejecuciones hipotecarias de viviendas, que se congelaron al principio de la pandemia, así como para ampliar la pausa actual en los pagos e intereses de los préstamos estudiantiles federales.
También aprobó una moratoria para el pago de las deudas estudiantiles hasta final de septiembre.
Evitar los desalojos es otra de las prioridades de Biden.
Medio ambiente y cambio climático
De vuelta al Acuerdo de París
Otra medida que Biden tomó en su primer día en el cargo fue volver a unirse al acuerdo climático de París, un tratado global que tiene como objetivo mantener el aumento de las temperaturas por debajo de 2 °C y "esforzarse por limitar" el aumento aún más, a 1,5 °C.
El predecesor de Biden sacó a Estados Unidos del acuerdo de 2015. La salida se hizo oficial el 4 de noviembre, convirtiendo a EE.UU. en la primera nación del mundo en salir.
Biden sí parece interesado en combatir el cambio climático.
"No se equivoquen, regresar al Acuerdo de París no es un mero simbolismo, es un acto envuelto en un poderoso significado político", dice Matt McGrath, corresponsal de Medio Ambiente de la BBC.
"Si bien volver a unirse al pacto implica la simple firma de una carta y una espera de 30 días, no podría haber una señal más profunda de intención por parte de este gobierno entrante. Volver a París significa que Estados Unidos tendrá que seguir las reglas una vez más", señala.
"Esas reglas significan que en algún momento de 2021, EE.UU. tendrá que mejorar su compromiso anterior de reducir las emisiones de carbono, realizado en la capital francesa en 2015", escribe McGrath.
Biden también se ha comprometido a "subir la apuesta" y apuntar a estándares más altos en medidas de mitigación climática, y convocar una cumbre mundial sobre el clima dentro de los primeros 100 días en el cargo.
Biden ha dicho que quiere trabajar con el Congreso para promulgar una legislación este año que permitirá a EE.UU. alcanzar emisiones netas cero para 2050.
Cancelación del oleoducto de Keystone XL
Es una medida que ya ha provocado la alarma entre sus vecinos de Canadá. Biden rescindió el permiso transfronterizo para el controvertido oleoducto Keystone XL.
El proyecto permitiría transportar petróleo desde la región canadiense de Alberta hasta el territorio estadounidense de Nebraska.
Biden ordenó rescindir de inmediato el permiso transfronterizo para el controvertido oleoducto Keystone XL.
Reformas sociales
La deuda nacional con la cuestión racial es la cuarta crisis, junto a la covid-19, la economía y el clima, que Biden dijo que debía abordarse rápidamente.
Algunas de esas políticas, como abordar las disparidades raciales en vivienda y atención médica, se superponen con sus otros planes.
El presidente designó a Susan Rice para liderar un esfuerzo de todas las agencias del gobierno para acabar con el "racismo sistémico", para lo que las agencias deberán hacer un informe sobre equidad en sus filas.
Joe Biden fue juramentado este miércoles como presidente de Estados Unidos.
Una orden ejecutiva firmada este miércoles prohíbe la discriminación laboral en el gobierno federal basada en la orientación sexual y asegura protección para la comunidad LGBTQ.
En la campaña, Biden se comprometió con la comunidad LGBT a dirigir recursos para ayudar a prevenir la violencia contra las personas transgénero, poner fin a la prohibición en el Ejército y restaurar la orientación para los estudiantes transgénero en las escuelas.
Otra prioridad en el futuro es aprobar en el Congreso la Ley de Igualdad que agregaría la orientación sexual y la identidad de género a las leyes federales de derechos civiles existentes, aunque no está claro qué tan rápido puede aprobar esa legislación.
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