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¿Qué será lo que tiene el Barrilito?

 



¡Así no señor senador de la Provincia Duarte Franklin Romero! Usted, la mayoría de sus colegas y el  Partido Revolucionario Moderno (PRM) por boca de su candidato presidencial (hoy jefe del Estado)  Luis Adolfo Abinader, se pronunciaron reiteradas veces y por diversos medios antes del 5 de julio  del presente año, en contra de la permanencia del llamado barrilito.

Porqué ahora se quiere justificar lo que se ha comprobado es anticonstitucional y se sabe que el  barrilito y otros refinados mecanismos de estafa a este pueblo utilizados por los legisladores fueron  creados, no con la finalidad de las ayudas sociales o el altruismo, sino para crear una plataforma de  permanente campaña reeleccionista a través del odioso clientelismo político. Esa es la pura verdad.

No me atrevería a decir que usted (como otros legisladores) emplearía esos recursos para tan  asqueante actividad de burla a los más pobres. No. Lo que aspira el pueblo es a la institucionalidad  de la nación; y el barrilito, el cofrecito y otros “pocitos” más son cuñas que afectan ese propósito.

No luce resplandeciente para su figura de legislador, expresar (condicionando su posición frente al  barrilito) que el Estado se haga garante de los derechos básicos de cada ciudadano. ¡Señor senador,  pero eso es una verdad de Perogrullo! No hay más garante (constitucionalmente hablando) de  protección a todos los derechos fundamentales del ciudadano que no sea el Estado.

La Constitución dominicana establece bien claro en su artículo 8: “Es función esencial del Estado la  protección efectiva de los derechos de la persona…” Y entre otros el artículo 61 señala:

a) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable,  el mejoramiento de la alimentación…, procurar los medios para la prevención y tratamiento de  todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia  médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran;
b) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos  económicos y sociales de la población de menores ingresos…

En consecuencia, los legisladores están para aprobar leyes y otras funciones similares o  complementarias; no para dar ayudas sociales. Por ello el artículo 93, numeral 2, acápite f, relativo  a las atribuciones del Congreso Nacional indica: “Supervisar todas las políticas públicas que  implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su  naturaleza y alcance”.

Usted llama a crear un fondo común en sustitución del barrilito. ¡Totalmente de acuerdo! Si su  gobierno tiene la voluntad política y la valía, que trabaje de manos con el pueblo para recuperar  toda esa millonada que un grupito de malvados le ha robado a la nación. Tendremos entonces en  vez de un fondito, un gran fondo; no para dar limosnas a los más necesitados, sino para aplicar con efectividad las políticas públicas que ordena la Constitución.

Con ese fondo recuperado más el presupuesto bien administrado, no será menester que mucha  gente esté dando lástima para comprar una receta, una pinta de sangre o cualquier otra escasez de  derechos sociales que el Estado está en la obligación de cubrir a cada ciudadano. Trabajen para  legislar y supervisar las ejecutorias del Poder Ejecutivo, procurando que siempre se dirijan en  beneficio de la nación y pueblo dominicanos, sobre todo a los sectores más vulnerables. Esa es su  mejor ayuda.

¡Diablo, pero hagan algo diferente al pasado!

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Via elJaya.com

Pedro Vargas Safadit

Pedro Vargas Safadit

Pedro Vargas Safadit, es profesor jubilado de la Escuela de Sociología de la UASD.

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