El exministro de Defensa mexicano fue arrestado el mes pasado en el aeropuerto de Los Ángeles en Estados Unidos.
En unos documentos de la corte del pasado octubre, los fiscales estadounidenses también se referían al exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda como "el Padrino".
Su pseudónimo mafioso reflejaba su posición en la cúspide de una pirámide que incluía las fuerzas armadas, el gobierno mexicano y el "extremadamente violento" cartel de drogas H2 , dicen los fiscales.
El general Cienfuegos fue acusado de usar su rango elevado para ofrecer una protección única al cartel, alertándoles sobre operaciones militares contra ellos y dirigiendo el ejército y sus recursos contra otros rivales.
También fue acusado de crímenes de narcotráfico más prosaicos:recibir sobornos de varios millones de dólares e introducir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana dentro de Estados Unidos.
El general negó todos los cargos.
"Pez gordo" en el agua
Cienfuegos era el militar de mayor rango que jamás se hubiese arrestado por narcotráfico.
Pero su arrestono fue producto de una operación conjunta entre México y Estados Unidos o una investigación común que involucrara agentes de uno y otro lado de la frontera.
Los oficiales de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) recelaban tanto de que se filtrara la operación que el gobierno mexicano solo se enteró cuando Cienfuegos, de 72 años, fue detenido al llegar a Los Ángeles con su familia.
Habían atrapado lo que se conoce como "un pez gordo".
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que ha provisto a México con evidencias y se ha comprometido a cooperar en el caso.
Sin embargo, los mismos oficiales de la DEA y del Departamento de Justicia dejaron que la que supuestamente es la mayor captura de sus carreras vuelva a nada libremente en el agua.
Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron "consideraciones sensibles e importantes de política exterior" que, según dijeron, "superaron" el interés del gobierno en continuar con la acusación.
La jueza, Carol Bagley Amon, señaló que tener una figura tan notable con cargos tan graves era tener "un pájaro en mano", pero finalmente concluyó que no tenía motivos para dudar de la "sinceridad" de la decisión del gobierno.
Así que en lugar de enfrentarse a una potencial larga sentencia en prisión en Estados Unidos, el general Cienfuegos fue devuelto a México como hombre libre.
Suspiros de alivio
Dado el terremoto político que su arresto había causado en México, casi que se podían escuchar los suspiros de alivio en las oficinas gubernamentales y cuarteles de todo el país.
"Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general investigar, substanciar y sostenerlos", dijo el ministro de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard.
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.
Cualquier responsable, continuó, debe ser "procesado por las autoridades y llevado ante la justicia mexicanas".
Es sin embargo el mismo sistema de justicia quelos fiscales estadounidenses consideraban demasiado corrupto como para confiarle información básica sobre a quién estaban investigando.
La conclusión inmediata a la que llegaron muchos observadores fue que la decisión del fiscal general William Barr de abandonar los cargos era una especie de acuerdo entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la administración Trump.
AMLO, quien durante su campaña presidencial era un crítico abierto de Trump, ha sorprendido a muchos en México por su voluntad para acomodarse a su homólogo estadounidense.
López Obrador visitó a Trump en la Casa Blanca en 2020.
Pero no todos están convencidos de que la desestimación de este caso equivalga a un favor.
"Básicamente, creo que sucedió lo mismo que se explicó desde la fiscalía: que los cargos se retiraron basados en intereses más amplios y la cooperación en la relación bilateral", argumenta Ana María Salazar, ex subsecretaria adjunta de defensa de EE.UU. para la política y el apoyo a la lucha contra las drogas.
"No creo que haya sido una especie de preacuerdo con AMLO", coincide Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un think tank con sede en Washington.
Puede ser parte de la explicación, dice Shifter, pero lo más probable que es que el presidente mexicano recibiera "mucha presión de los militares en México para traer de vuelta a Cienfuegos y no procesarlo en Estados Unidos".
Ahora que no habrá caso en EE.UU., podría especularse sobre si la evidencia contra el general Cienfuegos era lo suficientemente robusta como para asegurar una condena.
Es posible que sus abogados hayan argumentado que cualquier contacto establecido con el cartel H2 haya sido parte de un esfuerzo más amplio para capturar al Chapo Guzmán, arrestado y extraditado a EE.UU. mientras Cienfuegos estaba a cargo.
La influencia del ejército mexicano
Con certeza, el fracaso de un juicio por narcotráfico contra un exministro de Defensa habría sido muy dañino para los oficiales a ambos lados de la frontera.
Si bien la retirada de cargos podría atender a consideraciones políticas ocultas sobre una cooperación bilateral, también certifica la fuerza perdurable de las fuerzas armadas en México.
"AMLO ha estado muy satisfecho con el desempeño de los militares en prácticamente cualquier tarea que les ha pedido", observa Roderic Camp, experto en el ejército mexicano y profesor de la universidad Claremont McKenna en California.
"No es ningún secreto que a AMLO le gusta trabajar con el ejército. Su administración será receptiva a los llamamientos para que esta persona sea juzgada en México y no en Estados Unidos", agrega.
La administración de AMLO ha mantenido importantes vínculos de cooperación con las fuerzas armadas mexicanas.
Se entiende que altos mandos de México estaban consternados por el arresto de su exjefe.
Se ha informado que incluso presionaron al gobierno para que amenazara con expulsar a los funcionarios de la DEA en México, un paso sin precedentes que habría deshecho acuerdos longevos de seguridad conjunta.
AMLO ha denegado dicha amenaza. Pero Ana María Salazar advierte que hay "una creencia sistemática dentro de las fuerzas armadas" de que los cargos de la DEA carecían de fundamento y tensionaban los lazos entre ambos países.
"Este juicio habría tenido un impacto catastrófico en la cooperación contra el narcotráfico y la defensa de intereses de seguridad nacionales en ambos países", apunta Salazar, especialmente porque el presidente mexicano ha dado a las fuerzas armadas y el ejército un rol mayor en la lucha contra el crimen organizado.
"Este juicio habría tenido un impacto catastrófico en la cooperación contra el narcotráfico y la defensa de intereses de seguridad nacionales en ambos países", apunta una experta.
La aparente protección del general Cienfuegos va contra la corriente de la coalición política de AMLO y sus bases, muchos de los cuales son fuertes críticos del ejército, especialmente por su pobre historial de derechos humanos.
Pero el presidente no puede asumir perder al apoyo militar. Además de recurrir a ellos para que lideraran la lucha contra el crimen organizado, también les ha dado otras responsabilidades que normalmente lideran civiles.
Estas incluyen la construcción de un aeropuerto de un aeropuerto para Ciudad de México y el apoyo en la respuesta coordinada contra la pandemia de coronavirus.
Lucha contra la corrupción
México ha dicho que investigará al general Cienfuegos y es probable, por supuesto, que los fiscales desestimen los cargos.
Pero la administración de AMLO se ha orgullecido de procesar a figuras importantes, otrora consideradas intocables, del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto.
Por ejemplo, la de Emilio Lozoya, antiguo director de la empresa petrolera estatal Pemex.
López Obrador, además, planea celebrar un referendo para decidir si terminar con la inmunidad presidencial, allanando el camino para acusar de corrupción a varios de sus predecesores, incluyendo Peña Nieto.
Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, considera "muy improbable" que Salvador Cienfuegos vea el interior de una corte mexicana y mucho menos el de una prisión.
"Los niveles de impunidad en México son muy altos y AMLO tiene interés en mantener y cuidar su relación con el ejército", dice.
Caída en desgracia
Puede que Cienfuegos evite su juicio por narcotráfico, pero su caída en desgracia ha sido espectacular.
Era uno de los hombres más poderosos en México. Influía en el ejército y el gobierno.
Y en 2018 había sido premiado por el Centro para Estudios de Defensa Hemisférica del Pentágono de Estados Unidos. Aún así la causa en su contra fue articulada por fiscales estadounidenses.
Entonces, en última instancia, quizás lo que más importe en la debacle de Cienfuegos sea la confianza, o la falta de ella.
El general Cienfuegos fue uno de los hombres más poderosos e influyentes en México durante la administración de Peña Nieto.
Una asociación transfronteriza efectiva para luchar contra el tráfico de drogas se sustenta en la confianza mutua.
Si bien dicha confianza ha sido escasa en ciertos puntos durante las últimas décadas, se ha avanzado en administraciones recientes, gracias en gran parte a las relaciones entre militares.
El arresto de Cienfuegos ha cambiado esto y comprometido un entendimientoque "tomó mucho tiempo desarrollarse entre los altos rangos militares de ambos bandos", argumenta Roderic Ai Camp, el especialista en estudios mexicanos.
Parece que el caso se redujo a una ecuación sobre si su condena valió la pérdida de confianza que causaría, combinada con la presunta capacidad del acusado para desatar algún escándalo grave desde el interior de la corte.
En el análisis final, los funcionarios estadounidenses simplemente decidieron que tenían más que ganar al devolver "el padrino" a México.
"Los más expertos y responsables en supervisar e implementar una de las relaciones estratégicas más importantes para EE.UU. probablemente acudieron al fiscal General Barr para resolver esto lo antes posible", dice Salazar.
"Si no, el impacto podría haber durado potencialmente una década".
Desde el momento en que los agentes federales estadounidenses arrestaron al exsecretario de Defensa mexicano en el aeropuerto de Los Ángeles el mes pasado, hubo indignación en los niveles más altos del gobierno mexicano por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz de la confianza entre los aliados.
Esa percepción alcanzó un momento culmen recientemente, cuando Ciudad de México emitió una advertencia sin precedentes a sus contrapartes en Washington: si Estados Unidos no reconsideraba el caso contra Salvador Cienfuegos Zepeda, México consideraría expulsar del país a los agentes antidroga estadounidenses, lo que pondría en riesgo una alianza de décadas que ha servido para llevar a varios narcotraficantes ante la justicia, según tres personas con conocimiento del asunto.
La amenaza pareció dar resultado. El miércoles, a pedido del fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, una jueza federal en Brooklyn desechó formalmente los cargos contra Cienfuegos, un general retirado del ejército.
En el pasado, las autoridades estadounidenses han trabajado con sus contrapartes mexicanas al capturar a sospechosos importantes de narcotráfico. A menudo los mexicanos hacen las detenciones, pero no sucedió así en este caso: el Departamento de Justicia acusó discretamente a Cienfuegos el año pasado y luego esperó a que el general visitara Estados Unidos para aprehenderlo. Prescindir de la cooperación mexicana, molestar a un importante aliado y luego retirar la acusación es un retroceso importante para el departamento.
La historia del general retirado, que pronto regresará a México para enfrentar un futuro incierto, es de algún modo, una fábula con moraleja sobre los efectos de la política internacional en la lucha diaria de la guerra contra las drogas. En una carta a la jueza federal de Brooklyn, Carol B. Amon, los fiscales dijeron que habían desistido de los cargos debido a “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”.
La mañana del miércoles, en una audiencia en Nueva York, Seth DuCharme, un excolaborador de alto rango de Barr que ahora es fiscal en funciones de Estados Unidos en Brooklyn, agregó algo sobre dichas consideraciones al decir que, con la liberación de Cienfuegos, buscaba proteger “la relación de Estados Unidos con México”, en particular respecto a asuntos de seguridad conjunta.
La jueza Amon, al desestimar la acusación, pareció estar de acuerdo en que había poco que hacer sobre los cargos.
“Aunque estos son cargos muy serios contra una figura realmente significativa y el viejo refrán de ‘pájaro en mano’ viene a la mente”, dijo, “aún no tengo razones para dudar de la sinceridad de la decisión del gobierno”.
La noticia del retiro de cargos fue recibida como un triunfo del gobierno de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno de Estados Unidos por “escuchar nuestro planteamiento y rectificar”.
El embajador de Estados Unidos informó al secretario de Relaciones Exteriores de México del arresto de Cienfuegos poco después de su aprehensión en el aeropuerto de Los Ángeles, lo que encendió un escándalo al interior del gobierno nacionalista de López Obrador.
En los días posteriores a su arresto, altos funcionarios se reunieron en una serie de juntas en las que expresaron su indignación por haber sido tomados por sorpresa por su aliado más cercano y formularon estrategias para responder, según dos personas con conocimiento del asunto. La sensación en las reuniones no era que Cienfuegos debía ser liberado de las acusaciones, sino que las fuerzas del orden estadounidense habían traicionado su confianza al no informar a México sobre una investigación de un personaje de tan alto perfil, dijeron.
El ejército, una de las instituciones más poderosas del país y un aliado cercano del presidente, estaba especialmente furioso ante lo que percibía como una violación a la soberanía de México. Los iracundos funcionarios militares presionaron al gobierno para tomar medidas.
La frustración rápidamente empezó a propagarse a la esfera pública.
Cuando le preguntaron cómo interpretar la falta de comunicación por parte de los funcionarios estadounidenses, López Obrador no anduvo con rodeos. “Lo que no se vale es de que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven, sin dar a conocer al gobierno de México qué es lo que están investigando”.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, insinuó que la captura de Cienfuegos ponía en riesgo la extensa cooperación del país con Estados Unidos en materia de seguridad. “Se está haciendo una revisión” de la colaboración de México con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), dijo Ebrard en entrevista con el semanario Proceso.
“Cooperación habrá, pero tendrá que ser sobre otras bases”, agregó. “Todo deberá ser diferente”.
Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa de México de 2012 a 2018, fue acusado en octubre en Brooklyn de lavado de dinero y tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde fines de 2015 hasta principios de 2017 para el cártel H-2, una rama de un grupo criminal más grande y antiguo, la organización de los Beltrán Leyva.
Los cargos fueron el resultado de una investigación de varios años llamada por los investigadores Operación Padrino, en referencia a lo que aseguran era el sobrenombre de Cienfuegos en el mundo criminal.
La investigación, iniciada a fines de 2013, fue impulsada, dicen los documentos del juzgado, por una extensa escucha de comunicaciones telefónicas que captó subrepticiamente miles de mensajes de Blackberry que, se dice, implicaban a Cienfuegos al conversar y orquestar reuniones con líderes de los cárteles.
Los funcionarios dicen que Cienfuegos ayudó al cártel H-2 —que cometió terribles actos de violencia como parte de su negocio de contrabando— con sus envíos marítimos. A cambio de pagos muy lucrativos, dicen los funcionarios, Cienfuegos también desvió operaciones militares dirigidas al cártel hacia sus rivales.
Durante la audiencia del miércoles, DuCharme dijo que su despacho seguía confiado de la solidez de su investigación y que “respalda el caso”. Pero al ser interrogado por la jueza Amon, admitió que la decisión de retirar los cargos contra Cienfuegos había sido realizada “al más alto nivel del Departamento de Justicia”, identificando por nombre a Barr.
Una de las personas con conocimiento del asunto dijo que los fiscales que habían construido el caso contra Cienfuegos estaban “devastados” de que sus superiores hubieran desistido de ir contra Cienfuegos en las cortes federales estadounidenses. A pesar de que Barr insinuó en un boletín de prensa el martes que Cienfuegos sería “investigado y, si procede, acusado” en México, no quedó claro qué sucedería con su repatriación, que podría suceder incluso la noche del miércoles.
Edward Sapone, el abogado de Cienfuegos, dijo que él y sus socios creyeron desde el inicio del caso que el arresto de su cliente había sido injusto, pues violaba un tratado bajo el cual el gobierno de Estados Unidos había acordado notificar al gobierno mexicano con anticipación en caso del arresto de cualquier sospechoso de alto perfil.
Sapone agregó que había estado preparado para impugnar la detención de Cienfuegos —en peticiones o durante el juicio, de ser necesario— pero que a finales de la semana pasada, fiscales federales se le habían acercado para informarle que estaban considerando acercarse a la jueza Amon con un pedido de desestimar las acusaciones.
“Aplaudo a la oficina del procurador de Estados Unidos por hacer que el litigio fuera innecesario”, dijo.
Alan Feuer reporteó desde Nueva York y Natalie Kitroeff, desde Ciudad de México. Oscar Lopez colaboró con informes desde Ciudad de México.
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