AFPLa policía en Colombia no depende del Ministerio de Gobierno o de Justicia, sino del de Defensa. Y eso marca una diferencia sustancial con lo que ocurre en otros países.
Así es que los delitos de los que son acusados los agentes se investigan y sancionan en la justicia militar, pese a que en la Constitución y en el Código Penal la policía está configurada como un ente civil.
Un cambio en ese sentido es una de las reformas que manifestantes, expertos y políticos piden ahora que la fuerza pública volvió al escenario tras la muerte de Javier Ordóñez, un abogado de 45 años, detenido y brutalmente sometido por dos oficiales el martes en Bogotá.
El miércoles, el caso desató una nueva ola de indignación.
Los enfrentamientos entre manifestantes y policías dejaron al menos siete muertos y 175 heridos que, según la Alcaldía de Bogotá, sufrieron no solo del uso desproporcionado de armas de baja letalidad, que fue el caso de Ordóñez, sino disparos con armas de fuego.
Este último estallido social se da en un país que en noviembre de 2019 vivió una ola de violencia que, de hecho, incluyó denuncias de abuso policial.
Y ahora el gobierno de Iván Duque responde con la misma estrategia de noviembre: más presencia policial en las calles, anuncio de investigaciones a los abusos y defensa de la actuación "férrea, gallarda" de la policía.
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, denunció una campaña de "estigmatización" de la fuerza pública en redes sociales y otra de "incitación a la violencia" por parte de miembros de la oposición, entre ellos el excandidato presidencial Gustavo Petro.
La muerte de Ordóñez cerró el paréntesis que impuso la pandemia al estallido que demandaba cambios en la política económica, social y educativa del gobierno y una implementación más proactiva del acuerdo de paz firmado con la guerrilla en 2016.
Porque parte de la deuda de ese acuerdo, coinciden analistas consultados por BBC Mundo, ha sido sacar a las Fuerzas Armadas de la lógica del conflicto.
Por qué es militar
El Monitor de Fuerza Letal, un centro de estudios que estudia los abusos de las fuerzas del orden, atribuye a las policías en Brasil, Venezuela y El Salvador índices de brutalidad y homicidios de civiles mucho más altos que a la de Colombia.
En esos países, así como en Chile o México, las policías también se unen parcialmente al ejército en su función de defensa del Estado.
Pero Alejo Vargas, un veterano experto en seguridad de la Universidad Nacional en Bogotá, advierte sobre la particularidad del caso colombiano: "Todo en la policía colombiana es muy único, porque históricamente se han usado a los militares y a los policías para cualquier cosa, con el resultado de que tenemos una policía muy militarizada y un ejército muy policial".
El profesor indica que esto "ni siquiera tiene origen en el conflicto armado, porque desde principio de siglo la policía ha tenido labores militares y viceversa, como ocurrió en la masacre de las bananeras (1928), que tuvo que haber sido controlada por policías, pero fueron solados los que mataron a 1.800 trabajadores en una protesta.
"Con el tiempo, todas las policías latinoamericanas se fueron reformando hacia la civilidad, pero en Colombia el conflicto siempre lo impidió y ahora, bueno, el conflicto no ha acabo, entonces difícil".
Un ejemplo vigente de la militarización de la policía son los Comandos Jungla, unidades militares de la policía que luchan contra el narcotráfico y la insurgencia y cuentan con sofisticados procedimientos y armamentos.
Alberto Sánchez Galeano, investigador en seguridad ciudadana, explica que la policía fue clave en la lucha contra las guerrillas, porque "los combates para defender las unidades policiales le daban tiempo al ejército para replegarse y pensar estrategias".
"La militarización de la policíafue parte de la supervivencia del Estado", señala.
Pero eso, aunque necesario en su momento, tuvo consecuencias: la policía es hoy un ente autónomo, que se reforma y se controla a sí mismo y ve en la protesta social una amenaza casi subversiva.
Qué hay que reformar
Ni los escándalos ni los homicidios por abusos en la policía colombiana son nuevos: entre 2017 y 2019, cada mes murieron un promedio de 18 civiles a cuenta de presuntos abusos policiales, de acuerdo a Temblores, una ONG.
Y cada vez que la atención del país se vuelca hacia la fuerza pública, los gobiernos lanzan reformas, comisiones y estrategias de capacitación en derechos humanos para atender los problemas.
Según los expertos consultados, sin embargo, nada de eso ha producido un cambio estructural.
Para María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, "la policía no cuenta con una orientación, un liderazgo y una subordinación civil que determine sus funciones".
"Tú hablas con ellos (policías y militares) y tienen una sensación de orfandad, porque ningún civil les hace seguimiento, les mide sus indicadores, verifican si están cumpliendo o no las políticas de Estado", añade.
"Entonces los civiles no cumplen con sus funciones de pensar las políticas del país, pero les echan la culpa a los militares y policías de que son corruptas y no saben para dónde van", sostiene.
Sánchez Galeno coincide: "Uno no resuelve con policías lo que fractura con malas políticas. Hoy dicen que el problema es una reforma policial, y sí, eso hay que plantearlo en el corto y largo plazo, pero la policía no puede seguir pagando el costo de malas políticas educativas, sociales y políticas".
La policía, entonces, puede pasar al ministerio del Interior o Justicia y se pueden consolidar protocolos claros de control, sanción y capacitación en derechos humanos que se sostengan en el tiempo y respondan a criterios civiles en lugar de militares.
Pero, como manifiestan las protestas, la demanda no es solo para reformar la policía: es para que Colombia supere la violencia, la desigualdad y la corrupción. El cambio es de fondo.
Javier Ordoñez: al menos 5 muertos y decenas de heridos en Colombia durante las protestas por la violencia policial
Javier Ordoñez: al menos 5 muertos y decenas de heridos en Colombia durante las protestas por la violencia policial
EPAColombia despertó este jueves contando muertos y destrozos luego de una violenta noche de protestas por causa de la muerte de un hombre de 45 años a manos de la policía de Bogotá.
Según un primer reporte de la policía colombiana, al menos cinco personas fallecieron de forma violenta en la capital colombiana y la vecina localidad de Soacha, pero reportes de medios locales ya elevan la cifra de víctima fatales a ocho.
La violenta jornada también dejó, según el primer balance policial, más de 140 heridos así como 17 comandos policiales incendiados y numerosos vehículos dañados, incluyendo patrullas y buses del sistema de transporte público.
La alcaldía Bogotá, sin embargo, reportó siete muertes,379 ciudadanos heridos, incluyendo a 66 por arma de fuego, así como 114 policías lesionados y un total de seis muertos.
Y la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, denunció el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la policía.
"Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió", dijo a través de su cuenta de Twitter López, quien pidió una reforma "urgente" de la policía.
Sin embargo, a través de su ministro de Defensa, el gobierno colombiano reaccionó a lo sucedido anunciando el despliegue de mas efectivos policiales así como la militarización de la capital.
"Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. 300 soldados de la brigada 13 del ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital de Colombia", informó el ministro, Carlos Holmes Trujillo.
"Disparaban como locos"
El ministro también ofreció una recompensa "de hasta COP 50 millones (más de US$13.000) por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de cinco personas durante esta jornada violenta en Bogotá y el municipio de Soacha, así como de los responsables de hechos de vandalismo".
Pero en una muestra de lo tensas que están las relaciones entre parte de la ciudadanía y las fuerzas de seguridad del país, numerosos usuarios de Twitter respondieron a la oferta del ministro publicando fotografías en los que parece verse a policías disparando contra los manifestantes.
"Los policías estaban disparando como locos (...) Todo el mundo estaba disparando. Preciso a él le cayó un disparo", le dijo al diario colombiano El Tiempo un testigo de la muerte de Germán Smith Puente, de 25 años.
"(Fue) Una bala perdida. No sé si es de la policía o de los malandros. Me mataron a mi hija", lamentó Harold Ramírez, el padre de otra de las víctimas, Julieth, una estudiante de 18 años.
Y también eran jóvenes los otros cuatro muertos identificados por la alcaldía de Bogotá -Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca, Fredy Macheca y Julián González-, todos víctimas de disparos por arma de fuego.
Abuso de fuerza
Para muchos, la situación no ha hecho sino poner todavía más de manifiesto un arraigado problema de abusos por parte de las fuerzas de seguridad colombianas.
La violencia se dio en medio de protestas por la muerte de Javier Ordoñez, quien falleció luego de ser electrocutado con un taser en numerosas ocasiones por los agentes de policía que lo arrestaron por violar las restricciones de la cuarentena impuesta para tratar de contener la pandemia de coronavirus.
Y según la alcaldesa López, el de Ordoñez está lejos de ser un caso aislado, pues solo en lo que va del año su oficina ya ha recibido 137 denuncias de abuso policial, aunque la policía "reportó sólo haber avocado conocimiento de 38".
"Si ni siquiera inician investigación, ¿cómo se va a prevenir y sancionar?", preguntó.
En su intervención, sin embargo, Holmes Trujillo insistió en que el caso de Ordoñez estaba siendo investigado, aunque también recalcó que el objetivo de esa investigación debía ser la "individualización" de las responsabilidades.
"Hacemos un llamado para que deje de estigmatizarse a la institución policial, que es querida por los colombianos", pidió el ministro, quien también informó de que "por instrucción del señor presidente de la República, los patrulleros de la policía que aparecen comprometidos en los hechos serán suspendidos en las próximas horas", declaró.
"Destruir a Bogotá no arreglará la Policía. Destruirnos no arreglará nada. Concentrémonos en lograr justicia y reforma estructural a los cuerpos de seguridad", pidió por su parte la alcaldesa López.
Qué hay detrás de las protestas
Por Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia
En la noche del miércoles terminó de quedar claro lo que el martes empezaba a exponerse: algo muy profundo está fallando en los mecanismos de control de la policía bogotana.
Las protestas, que además de en Bogotá ocurrieron en otras ciudades, tuvieron un evidente carácter violento: los manifestantes quemaron estaciones, buses y motocicletas y desde un principio mostraron su intención de enfrentar a la policía.
A eso, sin embargo, los cuerpos encargados de mitigar la violencia respondieron con más violencia: en los videos se ven aparentes disparos de armas de fuego y los perfiles de los muertos, según informes de medios locales, son de estudiantes y trabajadores informales jóvenes.
Detrás de los enfrentamientos está el gran descontento que existe con la policía, que reprimió el estallido social del 2019 con mano dura y que no cuenta con entes eficientes para prevenir y, más importante, sancionar, los casos de abuso de la autoridad.
Siempre que ocurre un caso de abuso policial, que como en el resto de América Latina son frecuentes en Colombia, la sensación en la población es que el hecho queda en la impunidad.
La policía en Colombia no es un ente civil, sino que opera bajo lógicas militares y está adscrita al Ministerio de Defensa, no del Interior. Es una herencia de la guerra entre el Estado y las guerrillas y paramilitares.
Pero encima del descontento coyuntural con la policía hay una indignación mucho más grande: la provocada por el recrudecimiento de la violencia en sectores afectados por el conflicto armado, las masacres contra la población civil, la precaria implementación del proceso de paz con la guerrilla e incluso la falta de reformas en un sistema de educación excluyente y desigual.
La pandemia puso un paréntesis al inédito estallido de noviembre, que dio con una mesa de conversación entre el gobierno y organizaciones que no arrojó resultados concretos. Ese paréntesis parece haberse cerrado.
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