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30 ago. 2020

Auditorías servirán para determinar cuáles casos serán llevados a la justicia


El desafío a la co­rrupción y el anuncio de que no habrán des­pidos masivos de empleados públicos han sido notas relevantes en las dos semanas de gobierno del presidente Luis Abinader, quien un poco agotado de tanto trabajo se fue al sur del país a descansar.

Abinader no quiere que a su régimen se le vea como perseguidor de los funciona­rios del anterior, por lo cual se cometerían injusticias y se perdería el objetivo de poner en vigor el cambio que ofre­ció durante la campaña elec­toral y por lo cual se cree que ganó limpiamente.

La cosa no es tan fácil. El escarceo sobre los actos de corrupción que se habrían cometido durante el gobier­no anterior de 8 años alguna consecuencia tendrá cuando se pongan en práctica audi­torías ordenadas por el régi­men Abinader y la Cámara de Cuentas.

Quienes dicen pública­mente que “las graderías quieren sangre” se refieren a que no deben quedar im­punes actos de corrupción al parecer notorios que co­metieron políticos que des­de que pidieron sus nombra­mientos se sabía que iban a lucrarse del Estado.

Los presidentes lo saben bien. Cuando los aspirantes a puestos públicos piden los mejores rentados, las institu­ciones autónomas que mane­jan sus presupuestos a discre­ción, tienen señales de lo que se busca. El doctor Balaguer lo dijo claro más de una vez.

Como hace tiempo que un funcionario público no es juz­gado ni condenado, salvo el caso de la Odebrecht que es­tá ahora en los tribunales y el de la OMSA, en la misma si­tuación, se ha creado la sen­sación de que los funcionarios pueden distraer los fondos pú­blicos.

Cuando se publiquen las auditorías se sabrá quiénes no transparentaron los fondos de los empleados a la seguridad social y a los impuestos inter­nos. También los que se lucra­ron de las altas posiciones pa­ra vivir de manera suntuosa aunque antes eran pobres o muy pobres.

De todas maneras, pese a las auditorías de los anterio­res, al pedido enfático del pre­sidente para que los suyos pre­senten declaraciones juradas de bienes, siempre algunos entenderán que se trata de mostrar una imagen de hon­radez, que al final dejará pasar muchas cosas.

Contra la corrupción

En su discurso del pasado 16, el presidente Abinader lanzó una anatema contra quienes pretendiesen ir al gobierno para lucrarse, los que suponen que la corrupción del pasado quedará impune y advirtió al que robó el dinero del pueblo,

que debe pagar ante la justi­cia.

Para enfatizar la seriedad de su compromiso, le recordó a los invitados a la toma de po­sesión que había firmado tem­prano un decreto designando a la doctora Miriam Germán Brito como procuradora gene­ral independiente y a Yeni Be­renice Reynoso, adjunta.

Abinader les advirtió a los funcionarios que nombra­ría en la fecha “que el que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a la dis­posición de la justicia, ya que está convencido que la co­rrupción de arriba incentiva la de abajo”.

La categórica afirmación del nuevo presidente la com­plementó con el señalamien­to a las magistradas Germán Brito y Reynoso que sigan instrucciones solamente de lo que dicta la Constitución, ya que él no intervendrá por ningún funcionario llamado a declarar. Con esas segurida­des el nuevo presidente se ale­jó de lo que pudiera ocurrir a algunos funcionarios del ré­gimen anterior que han sido vistos como derrochadores de los fondos públicos sobre todo porque lo hicieron a las claras pretendiendo que no habría persecución.

La firmeza de Abinader pa­rece indicar su convencimien­to de que, con la vergüenza perdida ante la riqueza rápi­da, muchos de los que ocupan los cargos públicos se reirán por la espalda de sus admoni­ciones morales cuando la for­ma como se ve al gobierno es distinta.

Pero el gobernante se ha cu­bierto al nombrar gente muy honesta como el gobernador Valdez Albizu (confirmado); el canciller Álvarez Gil, Maca­rrulla y Paliza, ministros de la Presidencia y Administrativo; Chú Vásquez, Interior y Policía y funcionario clave en la lucha contra la violencia.

También Ito Bisonó, en In­dustria; Plutarco Arias, Salud Pública; José Rijo Presbot, en Presupuesto; Roberto Furcal en Educación, para citar so­lamente unos pocos. El nom­bramiento de Rafael Santos Badía en el INFOTEP, alegró a los sindicalistas por su larga trayectoria de lucha desde los años ‘60. Otras designaciones recayeron en Antonio Almon­te, en Energía y Minas; Jochi Vicente, en Hacienda; Car­los Pimentel, en Contratacio­nes Públicas y uno divulgado el pasado jueves, el del licen­ciado Rafael Damares Toribio, decente sociólogo, educador, rector universitario con un cu­rriculum fornido, ahora a di­rigir el Consejo Económico y Social (CES).

Visitas a su manera

El presidente Abinader hizo visitas sorpresa a su manera. Fue a los barrios afectados por la tormenta Laura y prome­tió ayuda, al antiguo hospital Morgan que sería abierto an­tes de fin de año y dispuso que inicie el año escolar desde el 3 de noviembre.

Las dos semanas fueron cortas para el gobernante quien al parecer desea demos­trar que lo acompaña el inte­rés de hacer un gobierno bue­no y la juventud (53 años). No ha dicho una palabra sobre el régimen del ex presidente Medina, aunque Paliza lo de­finió como piñata.

Quizás por el consejo de su director de Comunicacio­nes, Daniel García Archibald, el gobernante almorzó la se­mana que termina con los di­rectores de periódicos y otros medios y recibió a los de tele­visión y radio, algo inusual ya que su sucesor no tuvo eso en su agenda.

A sabiendas de que debía prorrogar el estado de excep­ción y con ello el toque de que­da que arrastra pérdidas de empleos y el cierre de las em­presas, Abinader extendió los planes FASE, Quédate en Ca­sa y Pa´ti hasta el mes de di­ciembre, un alivio para el pue­blo.

El Banco Central informó que las entidades financieras podrán acceder a un paquete de RD$60 mil millones, a un plazo de hasta 3 años y una tasa de interés fija de 3.0% anual para el financiamien­to a los sectores productivos y hogares. Se reactivó ade­más un plan para el sector tu­rístico nacional que contem­pla US$28 millones para la promoción turística en el ex­tranjero y la dispensa de pedir pruebas del Covid-19 a los via­jeros que lleguen al país. Este punto encontró algunas diver­gencias.

Al informar que se iría al sur del país para descansar y ver la situación particular­mente en Pedernales, el pre­sidente Abinader alentó, sin decirlo, a que los dominicanos viajen a esos lugares del país para muchos desconocidos y donde se encuentran muy be­llas playas.


El presidente Luis Abinader declaró este jueves que las auditorías que a partir de hoy se inician en las instituciones públicas servirán para determinar el mérito de denuncias como la del director de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien dijo que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante la administración de Danilo Medina realizó pagos por 21,500 millones de pesos sin estar presupuestados.

Al ser cuestionado sobre el seguimiento en ese particular, Luis Abinader respondió: “Por eso es necesario las auditorías de la Contraloría, para determinar el mérito o no de estos expedientes. Para que si fuese necesario, llevarlos a la justicia”.

Previamente, el consultor jurídico dijo que "la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene dentro de su misión dar opiniones a los ministros y funcionarios que así lo soliciten. El licenciado Rijo, en calidad de director de Presupuesto, nos informó que había encontrado una irregularidad."

Añadió que "no es tarea del Poder Ejecutivo llevar a cabo la investigación con fines judiciales. Eso es una tarea del Ministerio Público y tampoco este expediente y este hallazgo se ha determinado que justifique por el momento iniciar una acción judicial. Si fuere así ya la Procuraduría y los órganos correspondientes sabrán cuándo deben llevar a cabo la presentación de alguna acusación. De manera que oportunamente la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda hará público sus consideraciones al respecto."

La presidencia de la República anunció este jueves el inicio de las auditorías a la gestión del expresidente Danilo Medina para establecer en qué condiciones encontraron el Estado dominicano.

Mediante una rueda de prensa, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, el contralor general de la República, Luis Delgado, expresó que "se auditará la gestión del pasado gobierno en todas las instituciones públicas porque es preciso saber qué han recibido las actuales autoridades".

Abinader explicó que delegar la responsabilidad en la Contraloría y no en la Cámara de Cuentas es porque la ley así lo dispone.

"La contraloría es el organismo interno del Gobierno y tiene que hacer incluso, primero una auditoría y después hacerlo la Cámara de Cuentas. O sea, que está perfectamente bajo la ley hacer las auditoría del gobierno y tiene que hacer primero una auditoría y después hacerlo la Cámara de Cuentas", expresó el mandatario.

"Normalmente y el procedimiento debería de ser, primero hacerlo la Contraloría la auditoría y que la Cámara de Cuentas pueda confirmar, rechazar o modificar la auditoría de la Contraloría", refirió al señalar que nunca se había hecho así, pero que en su Gobierno así es que se hará.

El jefe de Estado, quién fue enfático en reiterar que su "Gobierno va a aplicar la ley", también presentó al país la circular que la dirección de Ética Gubernamental ha emitido para todos los funcionarios públicos, a los cuales se les recordó las prohibiciones contempladas en la ley.

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