Más de 7.4 millones de electores de República Dominicana fueron llamados a concurrir a las urnas el domingo 15 de marzo, como parte de unas elecciones municipales que quedaron asentadas en la historia desde el pasado 16 de febrero, cuando la Junta Central Electoral (JCE) decidió suspender las votaciones debido a las fallas técnicas en su sistema de sufragio automatizado.
Las mujeres, que tienen en competencia a 7,952 candidatas en busca de posiciones municipales, dominan el padrón con 51.14% (3,828,786). El restante 48.86% (3,658,254) son hombres y tienen en la boleta 9,975 de los 17,927 aspirantes.
Para este 2020 República Dominicana tendría una población de 5,230,668 mujeres, equivalente al 49.6% de los 10,535,535 de dominicanos proyectados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Sin embargo, solo lograron el 35.4% de los cargos electivos en las votaciones congresuales y municipales de 2016, equivalente a 1,450 de las 4,098 posiciones del Senado, la Cámara de Diputados y los ayuntamientos.
El Ministerio de la Mujer ejecutó, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el proyecto “Más Mujeres, Más Candidatas”, como parte de una estrategia para incrementar su participación en las votaciones programadas para este 2020.
Un informe del PNUD de 2018 explica que de 26 partidos políticos registrados en la JCE para las elecciones de 2016, solo uno era presidido por una mujer y únicamente dos ocupaban la secretaría general.
En el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solo había 6 mujeres (17.14%) en su Comité Político de 35 miembros y en el Revolucionario Moderno (PRM), solo siete (14%) entre su Dirección Política conformada por 43 dirigentes.
Para 2017 las mujeres en el Gobierno central dirigían solo el 17.40% de los ministerios y el 25.78% de los viceministerios.
En otras instancias de poder también llevaban desventajas. En la Suprema Corte de Justicia eran el 18.75%, en el Tribunal Constitucional el 23.07%, en la JCE el 40%, en el Tribunal Superior Electoral el 40%, en la Cámara de Cuentas el 20%, en el Consejo Nacional de la Judicatura el 12.50% y en la Junta Monetaria ninguna (0%).
En cuanto a las gobernaciones ocupaban el 16.13%, según el proyecto del PNUD y el Ministerio de la Mujer que recuerda el Artículo 39 de la Constitución de la República: “El Estado debe garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.
El peso electoral joven
“Las democracias necesitan adaptarse a los tiempos actuales. Considerando que la mitad de la población actual es menor de 30 años, se hace necesaria una participación más activa de las juventudes de manera inclusiva, sin dejar a nadie atrás, para contribuir mejor al desarrollo de las sociedades”, plantea el Plan Nacional de Juventudes 2030, elaborado por el Ministerio de la Juventud con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Al parecer esa aspiración se convierte en realidad. Al día siguiente de la suspensión de las elecciones, decenas de jóvenes tomaron literalmente la Plaza de la Bandera para protestar frente a la JCE, que encabeza Julio César Castaños Guzmán, en reclamo de la renuncia de sus integrantes y de la aplicación de un régimen de consecuencias para los responsables del fracaso de la votación. Sus protestas encontraron un apoyo masivo el 27 de febrero, durante la celebración del denominado Trabucazo 2020.
Para convocar a las protestas, los jóvenes escogieron comunicarse a través de las redes sociales, desde cuentas de estudiantes y egresados de universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) a los que se sumaron los grupos estudiantiles de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que conformaron el denominado Team UASD.
Los jóvenes, que llevaron un cacerolazo a la PUCMM, rechazaron participar del diálogo convocado por el gobierno de Danilo Medina a través del Consejo Económico y Social (CES) que encabeza el sacerdote católico Agripino Núñez Collado y en el que participan sectores del empresariado dominicano a través de entidades como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
En su defecto, iniciaron un diálogo paralelo en el que debaten con diversos sectores, incluyendo a los partidos políticos, sobre la crisis que se generó a partir de la suspensión de las elecciones.
Los 2,989,250 jóvenes de entre 18 y 25 años de edad que tienen derecho al voto, según el padrón de la JCE, conforman el 39.9% de los 7,487,040 electores inscritos.
El padrón que se utiliza en las votaciones incluye a 720,000 nuevos inscritos, un 174.5% por encima de los 262,277 electores que aumentó para las votaciones de 2016 cuando se situaba en 6,765,245.
En términos generales, para este 2020 toda la población menor de 34 años de edad se proyecta en 6,392,885, equivalente a un 61.2%. Además, un 53.6% tiene menos de 30 años.
En términos sociales, es una población con grandes desventajas. “En República Dominicana, la tasa de desempleo entre la población de 20 a 24 años es el doble que la de entre 35 y 39 años. Y de la población menor de veinte años es casi el triple”, apunta el UNFPA citando a entidades oficiales.
Resalta además que el 19.7% de los jóvenes de entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan. Mientras la tasa de desocupación ampliada juvenil (15 a 24 años) ronda en 28.7%, 19.4% para los hombres.
El costo de las elecciones
Desde que anunció las votaciones extraordinarias, la JCE empezó a seguir un intenso calendario de trabajo. El organismo opera bajo la observación de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), la Organización de Estados Americanos (OEA) y un grupo de veedores del Conep.
La Dirección General de Presupuesto (Digepres) recordó que asciende a RD$1,578 millones el monto concertado con la JCE para la celebración de las votaciones municipales del 15 de marzo, en las que se escogerán 3,849 cargos electivos.
A este monto se adiciona la entrega de RD$753 millones para los partidos políticos. Las organizaciones recibirán de los contribuyentes RD$3,014 millones, monto que está incluido en los RD$10,864.8 millones consignados por el Gobierno para la JCE en el Presupuesto Nacional.
Diálogo en la PUCMM
Los representantes de los distintos sectores políticos y sociales que participan en el diálogo que se lleva a cabo en el Consejo Económico y Social (CES), en la PUCMM, propusieron la creación de una “Comisión de Acompañamiento a la Junta Central Electoral”.
También discutieron sobre la necesidad de que República Dominicana pueda contar con una Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, como estipula el Art. 289 de la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral.
El sacerdote Agripino Núñez Collado, coordinador del diálogo, se ha ausentado debido a que está afectado por un virus gripal.
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