El presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jàquez y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, decidieron de manera unificada planes encaminados a lograr las sanciones correspondientes a los delitos electorales.
No hay que ser “un supiòn” para saber que tal decisión es “un paño con pasta” a la postura levantada por el Episcopado Dominicano, que a través de su Carta Pastoral advirtió que es inadmisible la compra de cédulas en los procesos electorales, pues constituyen un delito ante los ojos de las autoridades.
Si es verdad que el Ministerio Público está listo para perseguir los delitos electorales y apoderar a los jueces para que juzguen lo que entiendan pertinente, que actúen sobre la instancia de solicitud que hiciera el PLD para la exclusión de 176 candidaturas municipales de personas consideradas tránsfugas.
Está por verse si para el conocimiento de esas infracciones electorales y otras que han de surgir en el camino, han de ser suficientes 5 jueces titulares, con igual número de suplentes.
Es fantasiosa la postura del Procurador, porque esos jueces y los restantes, tienen en taponados miles de casos judiciales, no por incapacidad, sino porque son insuficientes para encararlos, como así lo estableció el Colegio de Abogados en la pasada celebración del Día del Poder Judicial.
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