El abogado José Miguel Minier, coordinador de la barra de defensa del principal imputado por los sobornos de Odebrecht, Ángel Rondón, se integró al proceso luego de regresar de un viaje a Alemania y solicitó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia que sean anuladas todas la audiencias que se han conocido hasta el momento porque, supuestamente, el tribunal ha violado el principio de publicidad.
Minier citó que el juicio es público y que cualquier persona puede hacer acto de presencia en el tribunal, pero aseguran que el Pleno ha estado violentando ese principio sin justificación.
Refirió que en una ocasión mandó a su chofer a subirle el maletín al tribunal, pero no lo dejaron pasar. Establece el abogado que esa acción es violatoria de la Constitución, puesto que según la norma, cualquiera tiene el derecho de ir a observar el juicio.
La barra de defensa de Rondón también planteó una excepción de inconstitucionalidad a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de rechazar la oposición que hicieron la semana pasada para aplazar el proceso para dar tiempo a que José Minier regresara al país.
Argumentaron que la decisión de rechazar ese pedimento es inconstitucional por ser contraria al principio de imparcialidad de los jueces, también contraria al derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, y al principio de proporcionalidad establecidos en la Constitución.
Fallar los incidentes
Este martes la defensa de Rondón concluyó la presentación de sus incidentes diferidos y excepciones. Mientras hacían sus conclusiones también solicitaron al Pleno no acumular el fallo de los incidentes, ya que una de las solicitudes que hicieron al concluir fue el archivo de la acusación que hace el Ministerio Público contra Ángel Rondón por considerarla prescrita.
Los abogados justificaron su solicitud argumentando que “de ser acogido ese incidente se pondría fin al caso” con relación a su defendido.
Según la abogada Emely Rodríguez, el tiempo de la acusación del Ministerio Público es de 2001 al 2006, cuando no existía la Ley de Soborno. Pero además aseguró que no existe crimen ni delito sin ley previa.
“No es posible que el Ministerio Público acuse antes de que una ley exista. Hay que tener cuidado con esa acusación. Es una acusación vendida al país como la que va a salvar esta justicia, pero es puro marketing sin fundamentos”, dijo la abogada en audiencia.
Incompetencia
Otro de los planteamientos que hicieron fue la incompetencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para decidir los incidentes y excepciones. Plantean que sean dejadas al presidente se la Suprema, Luis Henry Molina, porque aseguran es quien tiene la exclusividad de tomar esas decisiones.
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